Fortalecidos por la marcha multitudinaria que convocó a miles de estudiantes, profesores y funcionarios del sector educación en horas de la mañana, y por el respaldo de una Asamblea Legislativa a la que no se descarta acudir si las vías del diálogo con el Ejecutivo se agotan, los representantes de la universidades públicas dejaron claro ayer, 20 de junio, durante la tercera sesión de la Comisión de Enlace, que no van a renunciar al 1% de aumento por inflación, al que se había comprometido el gobierno, el año pasado, durante la negociación del FEES 2023.

Si bien el avance de ayer fue muy poco, frente a la expectativa de las comunidades universitarias, tanto Emmanuel González Alvarado, presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare), como Francisco González Alvarado, rector de la Universidad Nacional (UNA) indicaron que se planteó al gobierno la búsqueda de la alternativa que permita financiar ese 1% pendiente y trascender de la discusión “anclada al pago de deuda por intereses”. Según había justificado Nogui Acosta, ministro de Hacienda, en la sesión del pasado 13 de junio, aunque en la gestión para el pago de intereses se logró un ahorro, dicha porción fue disminuida luego por los diputados y eso les impide cumplir con el compromiso pactado con las universidades.

“Hay que buscar otras formas y es donde las universidades nos mantenemos”, sentenció el rector de la UNA y se planteó que la negociación se hiciera “fuera del tema de los intereses” con equipos técnico de las dos partes. Agregó que los recortes a los que se ha sometido el presupuesto de la universidades desde 2019, comprometen su normal operación.

Mientras tanto, el Partido Liberación Nacional, que cuenta con la mayor representación en la Asamblea Legislativa, le hizo un guiño a las universidades al anunciar que “no votará ningún presupuesto hasta tanto no se arregle la situación de la educación del país”, al tiempo que el plenario legislativo votaba, con 30 votos a favor y 8 en contra, una moción para “saludar y apoyar la marcha en defensa de la educación pública en la que participan estudiantes y trabajadores de la educación de todo el país, y para hacer un llamado al Gobierno a garantizar los fondos constitucionales y necesarios para escuelas, colegios y universidades”.

El día de ayer las organizaciones del sector educativo plantearon a la Asamblea Legislativa y el gobierno el Pacto Nacional por la educación pública, mediante el cual urgen acciones, como declarar una emergencia nacional educativa, otorgar el presupuesto constitucionalmente asignado a la educación pública: 8% del PIB, liberar a la educación pública de la regla fiscal, aplicar las políticas educativas y curriculares vigentes y generar un acuerdo de negociación que fije metas hasta el 2026 de manera que se cumpla con el 1.5% del PIB para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), entre otras.

La Comisión de Enlace volverá a la mesa de negociación el viernes 30 de junio, en la cuarta de cinco sesiones programadas.