Al finalizar la séptima sesión de la Comisión de Enlace donde se negocia el presupuesto de la Educación Superior Pública 2024 (conocido como FEES) entre las universidades y el gobierno, se evidenciaron una vez más, grandes contradicciones en materia de gestión de la educación pública costarricense. La evidencia ratifica que el país enfrenta su peor crisis educativa en los últimos 30 años, no obstante, prevalece de parte del gobierno la negativa de cumplir con la asignación del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) constitucional para la educación pública en todos sus niveles.

Luego de varias sesiones de trabajo consensuamos un conjunto de compromisos, todos asociados al Plan Nacional de la Educación Superior, que vienen a ser una lista de peticiones del Gobierno vinculadas al Plan Nacional de Desarrollo, donde la inversión en las regiones y en poblaciones de alta vulnerabilidad se plantean como prioridad, pero no otorgan los recursos requeridos para sacar adelante esta tarea.  Cerca del 80% de las personas estudiantes de las universidades públicas provienen de colegios públicos y alrededor del 50% recibe una beca socioeconómica, pero también cuentan con atención en salud, equipo tecnológico para las clases que lo requieran, muchos necesitan alojamiento, entrar en programas de nivelación académica, entre otros apoyos.  Este Gobierno sigue sin entender las necesidades de la población estudiantil y los diferentes apoyos que les brindan las universidades estatales.

Aquí no pierden las universidades públicas, pierde una vez más la educación pública y por lo tanto pierde Costa Rica, porque si el Gobierno no está en capacidad de invertir poco más de 5.000 millones de colones, aún pregonando importantes logros fiscales y reactivación económica, definitivamente la educación pública costarricense pareciera que no es prioridad.

En esta negociación, las universidades públicas mostramos total apertura no solo al diálogo, sino a facilitar vías alternativas para agilizar la negociación.

En cuanto al reconocimiento del 1% correspondiente al presupuesto 2023, presentamos tres propuestas concretas y flexibles, que le ofrecen opciones al gobierno para reconocerlo en tractos, incluso hasta el próximo año.

Lamentablemente, no vemos esa misma disposición en el Gobierno.  Primero la excusa fue la Asamblea Legislativa, luego argumentaron que sí hay voluntad política pero que no hay plata.  La nueva excusa es que la inflación 2023 es negativa, cuando esto se negoció en el 2022 en correspondencia con la inflación de entonces, cercana al 8%.  Además, tratan de confrontar a los estudiantes de primaria y secundaria con los universitarios, cuando la realidad del presupuesto de educación pública es que el MEP recibe y ejecuta, en promedio, un 80% del total de ese presupuesto y las universidades públicas sólo un 20% del mismo.   Finalmente, respecto a nuestras propuestas para que el 1% se gire, en tractos, en el próximo año 2024, ni siquiera nos exponen las razones de su negativa.

Sobre la propuesta para el financiamiento del 2024, el gobierno únicamente ofreció un insuficiente 1%, no obstante, este se nos presentó acompañado de otras propuestas como la posibilidad de utilizar los recursos propios de las universidades mediante la inclusión de un transitorio a Ley 9635, los cuales por aplicación de la Regla Fiscal no han podido ser utilizados y cuya aprobación es competencia exclusiva de la Asamblea Legislativa y la presupuestación de recursos particulares derivados de leyes nacionales que se adeudan desde el año 2019.

Venimos asistiendo a una negociación donde continuamente se ataca por diferentes medios al CONARE, a los rectores y rectora, personalizando este proceso como si se utilizara para desprestigiar a las universidades estatales a través de sus autoridades. Esta negociación no se trata de personas, se trata de los recursos que necesitan las universidades públicas para continuar formando profesionales de calidad para este país y contribuyendo con el desarrollo de Costa Rica.

Nuestro asocio con otros sectores, el apoyo que demos a marchas pacíficas, nuestros pronunciamientos sobre distintos temas no se negocian, las universidades fueron creadas para contribuir al bienestar social, material y espiritual de la Nación tal como lo establece la Constitución Política y la jurisprudencia que nos ampara.