La Ley de Autonomía, Ley No. 28 «Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua», se aprobó el 30 de octubre de 1987 y se publicó en La Gaceta, Diario Oficial, No .186 del 2 de octubre del año 2003. Esta Ley simbolizó el reconocimiento de los derechos ancestrales de los pueblos indígenas y afrodescendientes como comunidades multiétnicas, multiculturales y multilingües del país.

Los derechos colectivos de los pueblos originarios y afrodescendientes, y los marcos legales que los aseguran, se han fortalecido con los principios y mecanismos de los instrumentos internacionales que han sido adoptados por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN). El 13 septiembre del 2007, el Estado de Nicaragua suscribió la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el 6 de mayo del 2010 ratificó el Convenio No. 169 de la OIT, a nombre de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes.

Para la Costa Caribe nicaragüense, el Estatuto de Autonomía contribuye a la promoción de valores de convivencia social, fraternidad, igualdad, libertad y el respeto entre los pueblos. De igual forma, el derecho de vivir y desarrollarse bajo sus propias formas de organización social, administrar asuntos locales, mantener las formas comunales de propiedad de sus tierras, como ejercicio de autodeterminación, y conservar tanto sus tradiciones y costumbres como su riqueza lingüística.

De igual forma, al reconocer la existencia de una nación multiétnica, multicultural y multilingüe se reafirman los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los ciudadanos de la Costa Caribe al establecer explícitamente el derecho a la libertad de culto y el derecho de los habitantes a ser educados en su propio idioma, otorgando condición oficial a los idiomas indígenas.

A 36 años de haber logrado su autonomía, el Gobierno Sandinista ha contribuido al desarrollo socioeconómico de las familias de la Costa Caribe apoyando las aspiraciones e iniciativas de sus pobladores y definiendo acciones específicas para transformar sus realidades, que, en el pasado, durante los gobiernos neoliberales, estuvieron en estado de abandono, exclusión y marginación.

La restitución de derechos individuales y colectivos en materia de salud, con la implementación del Modelo de Salud Intercultural de las regiones ha logrado incorporar la participación ciudadana por medio de las redes comunitarias y el conocimiento ancestral de los pueblos originarios en los diferentes niveles de atención, a partir de la organización

tradicional donde los sukias, curanderos, parteras y médicos tradicionales también tienen un rol protagónico.

De la misma manera, se ha garantizado el derecho a una educación gratuita con equidad, calidad y calidez, por lo que se fortaleció el Sistema Educativo inclusivo, con pertinencia lingüística, desde la cosmovisión de los pueblos originarios, además del acceso a la educación preescolar, primaria y secundaria mediante el Subsistema Educativo Autonómico  Regional (SEAR), que tiene como ejes fundamentales la interculturalidad y el bilingüismo, la preparación científica, técnica y humanista.

En cuanto a educación superior, existen dos universidades comunitarias, y se han establecido diferentes convenios y programas revolucionarios como Universidad en el Campo (UNICAM) para garantizar mayor acceso y oportunidades a los jóvenes egresados de la secundaria del Caribe nicaragüense.

También se ha avanzado significativamente en infraestructura mediante la construcción de carreteras con concreto hidráulico, electrificación urbana y rural, mejoramiento del acceso a la comunicación, suministro de agua potable, entre otras.

El Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua es uno de los hechos más importantes ocurridos en los últimos 36 años, observándose avances en sus procesos de integración y desarrollo sostenible.