Son convencionalismos en Costa Rica los acuerdos que garantizan recursos para la educación pública: el mandato constitucional de dotar de rentas propias a las universidades públicas, la creación de un fondo espacial para su financiamiento y el ajuste de estas rentas de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda. Sobre estas convenciones hay consenso; en el cómo se logra es donde entran en juego las convicciones.

Quienes representan a las universidades públicas en la Comisión de Enlace hacen esfuerzos en cada sesión por demostrar que, pese a la sentencia presidencial de que “no va aflojar”, los ajustes presupuestarios son necesarios para que el país mantenga el sistema educativo que le ha dado réditos.

En la búsqueda por llegar a ese punto de encuentro, el camino se ha ido allanando tras la escucha de la posición del otro. Después de ocho sesiones, se reconocen y se han puesto en común varios argumentos planteados por las universidades y el gobierno:

Hay un mayor reconocimiento y respeto al principio constitucional en el que se han sostenido los representantes de las universidades públicas.

Se ha posicionado que el punto de referencia para establecer el monto por costo de vida, sea la inflación proyectada por el Banco Central.

Se superó el tema de los indicadores, tras demostrarse que dada su complejidad, éstos no pueden condicionar la negociación del Fondo de Especial de Educación Superior (FEES). El seguimiento y actualización de tales indicadores deberán ser vistos dentro del Plan Nacional de Educación Superior (Planes) del periodo 2021-2026.

Las universidades requieren recursos para cumplir los compromisos establecidos en los indicadores. Asimismo, las universidades tienen que actualizar sus indicadores y vincularlos con el Plan Nacional de Desarrollo.

Todos los compromisos serán para favorecer la educación.

El 8% del producto interno bruto destinado a la educación estatal debe ser materializado de manera gradual. Cada administración debe asumir un porcentaje.

Las universidades públicas han tenido significativos recortes presupuestarios y postergaciones desde 2019.

Aunque el costo de vida disminuya, existen otros costos no asociados con las canastas básicas que de las universidades deben asumir: crecimiento de infraestructura y, por tanto, pagos mayores de servicios asociados con dicho crecimiento (agua, electricidad, internet5, desarrollo tecnológico, etc.). De ahí que el presupuesto deba ser sostenible y no debilitado.

Hay coincidencia en que lo mejor es completar la negociación en la Comisión de enlace—como lo manda la Constitución Política—antes que someter el presupuesto a la Asamblea Legislativa.