El pasado 13 de julio, se llevó a cabo en Casa Presidencial la séptima sesión de la Comisión de Enlace, que finalizó sin un acuerdo entre el Gobierno y los rectores universitarios respecto al 1% pendiente de 2023, evidenciando las grandes contradicciones en materia de la gestión de la educación pública.

De esta forma, el Gobierno descartó que existan los recursos para otorgar el 1% que se solicitó para este año, dejando de lado las tres propuestas concretas y flexibles, que le ofrecen opciones al gobierno para reconocerlo en tractos, incluso hasta el próximo año.

Ante esta negatividad, el Ejecutivo indicó que la conversación sobre el FEES 2023 está cerrada. Por tanto, el Gobierno plantea un presupuesto de 570.438 millones de colones, equivalente al FEES 2023 (₡564.791 millones) más un incremento de un 1% por la inflación.

Según el comunicado del Conare, “aquí no pierden las universidades públicas, pierde una vez más la educación pública y por lo tanto pierde Costa Rica, porque si el Gobierno no está en capacidad de invertir poco más de 5.000 millones de colones, aún pregonando importantes logros fiscales y reactivación económica, definitivamente la educación pública costarricense pareciera que no es prioridad".

Para el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, “las condiciones fiscales no son buenas desde el punto de vista del espacio que se crea, pues tienen el presupuesto al tope con la regla fiscal y ese 1% implicaría distraer recursos para dárselos a las universidades y eso no permite darles el 1%”, señaló.

También Acosta, añadió que hay recursos que la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) debe girar a la Red Sismológica Nacional de Universidad de Costa Rica (UCR), al Instituto Meteorológico Nacional y al Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica de la Universidad Nacional (UNA), que en los últimos años no se han transferido, por lo que incorporarán en el presupuesto 2500 millones de colones correspondientes a esas transferencias incumplidas.

Ante este panorama, el presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare) y rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN), Emmanuel González, lamentó que no se tomaran en cuenta ninguna de las propuestas, y más bien se planteó un escenario completamente diverso con propuestas que no están articuladas desde el punto de vista de que violentan radicalmente el artículo 85 de la constitución política.

A su vez, González enfatizó en que los dineros correspondientes al superávit y a lo que debe entregarles el CNE, son temas independientes, que no se deben mezclar con el tema de negociación del FEES.

Por otra parte, la ministra de Educación, Anna Katherine Müller, insistió que no se trata de un incumplimiento del Gobierno, porque el 1% adicional mencionado en la anterior negociación, era una posibilidad. “El acuerdo era claro, que se vería la posibilidad de darlo, no es de recibo decir que es irrenunciable”, mencionó. Desde el Conare se mantiene la posición que el aumento pendiente del 1% por inflación correspondiente al FEES 2023 es irrenunciable.

“Yo me atrevo a decir que no descarto que esto se tenga que resolver en la Asamblea Legislativa por primera vez en la historia de Costa Rica, muy lamentablemente”, declaró el rector de la UCR, Gustavo Gutiérrez.

Francisco González, rector de la Universidad Nacional (UNA), mencionó que “la misma Constitución Política establece el mecanismo que si no se llega a un acuerdo en la Comisión de Enlace pues la Asamblea Legislativa resuelve. Nosotros seguimos pensando y apostando al diálogo para poder llegar a un acuerdo satisfactorio en beneficio de la población estudiantil, en este caso los universitarios, pero es un tema que se valorará con los avances en la negociación”, indicó.

María Estrada Sánchez, rectora del Tecnológico de Costa Rica (TEC), insistió en que “la educación pública en todos sus niveles debe financiarse como mínimo con el 8% del PIB, así lo establece la Constitución Política. No aceptamos que la realidad fiscal impida cumplir con este mandato o pretender que solo puede acatarse a costa de quitarle oportunidades a niñas, niños y jóvenes, quienes también pueden aspirar a una educación universitaria pública”.

Asimismo, la presidenta de la FEUCR, Karen Marín, resaltó que los recursos del FEES se vienen reduciendo un 0,56% en el 2020, un 2,62% en el 2021 y un 6,06% en el 2022, por lo que no se puede alegar que el Gobierno está cumpliendo con el financiamiento que la Constitución Política definió para la educación superior, que no puede recortarse.

Al final de la sesión, el Gobierno y Conare acordaron cuatro citas de la Comisión de Enlace, pactadas para el martes 1 de agosto, jueves 3 de agosto, martes 8 de agosto, y el jueves 10 de agosto.