24 de mayo del 2021. El Consejo Nacional de Rectores, representantes de la Iglesia Católica, sectores productivos, de trabajadores públicos y privados, del agro y campesino, así como empresariales y de Asociaciones de Desarrollo Comunal y Cooperativistas se reunieron, este lunes con representantes del Gobierno de la República para insistir en la necesidad de la vacunación masiva. En la reunión se entregó un documento donde se manifiesta una serie de solicitudes concretas al Poder Ejecutivo, con el fin de agilizar el proceso de vacunación contra el COVID-19.

El encuentro fue de carácter virtual y participaron la Ministra de la Presidencia Geannina Dinarte Romero, el Ministro de Salud, Daniel Salas Peraza, el Presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís y el Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense, Román Macaya Hayes.

Todos los sectores que conformaron la Mesa de Trabajo por la aceleración de la Vacunación “Unidos por la vida” han realizado, en el pasado, propuestas al gobierno para sumarse a fortalecer el proceso de vacunación, siempre partiendo del principio universal de que la salud, como un Derecho Humano, debe ser garantizado por el Estado. De este modo, las propuestas elaboradas buscan coadyuvar al esfuerzo estatal y, de ninguna manera, sustituir sus responsabilidades constitucionales.

El esfuerzo articulado por la Iglesia Católica, reúne a más de 50 cámaras empresariales, de todos los sectores productivos, una representación de más de 100.000 trabajadores y trabajadoras sindicalizados de los sectores salud, educación, agro y campesino, industria, entre otros.

También contempla al sector comunalista que aglutina 3.580 Asociaciones de Desarrollo Comunal, 100 Uniones Cantonales de Asociaciones de Desarrollo Comunal, 14 Federación de Uniones Cantonales de Asociaciones de Desarrollo Comunal y la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo Comunal, con una membresía que se aproxima a las 555.000 personas.

En la reunión virtual también participó el sector cooperativista conformado por más de 594 cooperativas y 887.335 cooperativistas, lo que representa el 21 % de la población nacional; y el sector del solidarismo nacional con más de 600 asociaciones solidaristas, que asocian a 213. 194 personas.

La comunidad académica y científica costarricense se ha sumado a esta iniciativa, a través de la representación del CONARE. Este sector integra más de 130.000 personas estudiantes, administrativas y docentes, que forman la comunidad universitaria del sistema de educación superior público. También participan los colegios profesionales que suman criterio médico-científico a este esfuerzo.

De igual forma se cuenta con representación de los gobiernos locales, con la participación de las organizaciones que aglutinan el movimiento municipal costarricense, así como las alcaldías e intendencias.

Todos los sectores que conforman la “Mesa de Trabajo por la aceleración de la Vacunación “Unidos por la vida”, realizaron en el pasado propuestas al gobierno para fortalecer el proceso de vacunación, siempre partiendo del principio universal de la salud como un Derecho Humano que debe ser garantizado por el Estado, por lo que las propuestas elaboradas buscan coadyuvar al esfuerzo estatal, y de ninguna manera, sustituir sus responsabilidades constitucionales.

Con la intención de lograr articular todos los esfuerzos preexistentes desde los distintos sectores, la Iglesia Católica conformó la “Mesa de Trabajo para Acelerar la Vacunación Unidos por la Vida”. Su finalidad es crear y avanzar en una propuesta y estrategia, en común con el Poder Ejecutivo, que cuente con el rigor científico, técnico y ético para colaborar.

Se trata de una iniciativa, sin ánimo de lucro, sustentada en una estrategia de co-gestión público-privada, basada en la transparencia y rendición de cuentas, que permita acelerar la llegada de más vacunas contra el COVID-19 a nuestro país y su inmediata aplicación.

No se puede dejar la preocupación sobre el comportamiento del virus en las últimas semanas: el grupo etario más afectado corresponde a la población económicamente activa y, en este momento, una gran parte de esta población está fuera del plan de vacunación.

Es evidente que los sectores más vulnerables de la sociedad son los más afectados por la pandemia, entre ellos, las personas trabajadoras del sector industrial y servicios, trabajadoras del sector informal de la economía, organizaciones sin fines de lucro, así como personas que se encuentran en condición de exclusión social, como es la población en condición de calle.

Por tal motivo, en el documento entregado al Gobierno de la República, los sectores representados en la “Mesa de Trabajo para Acelerar la Vacunación Unidos por la Vida”, solicitaron:

1. Se establezca la persona o personas que sean el enlace técnico y político para avanzar en la ejecución de las medidas que hagan posible progresar en el mejor plazo de manera conjunta con la Mesa de Trabajo para acelerar el proceso de vacunación, donde el enlace facilitador del proceso e interlocutor de la Mesa de Trabajo es la Iglesia Católica.

2. A la Comisión de Vacunación y Epidemiología analizar la evidencia científica sobre la seguridad y eficacia de todas las alternativas de vacunas que se están aplicando en el mundo. Complementariamente, toda la institucionalidad deberá acelerar trámites administrativos para el registro de nuevas vacunas.

3. A la Caja Costarricense del Seguro Social a recibir formalmente y coordinar los ofrecimientos de capacidades adicionales para acelerar y mejorar los procesos actuales de vacunación. La coordinación de estos ofrecimientos y el concretar planes piloto de alianzas público-privadas, encauzaría la ayuda ofrecida por los sectores, motivando a otros a aportar de la mano con las autoridades que hoy libran una batalla patriótica contra esta enfermedad.

4. Incluir en los grupos prioritarios a los trabajadores del sector privado y organizaciones sociales que tienen un rol en la primera línea de atención de salud, tales como personal de farmacias, organizaciones sin fines de lucro, entre otras.

5. Aspiramos a que en caso de que no sea posible una respuesta positiva de los aspectos solicitados, se nos indique por escrito, las razones, legales o técnicas, o políticas que impiden que participe el sector privado y que deben ser atendidas para avanzar de manera conjunta en la atención de la emergencia nacional.