El Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional (Cide-UNA), rechaza las declaraciones de la ministra de Educación sobre el cuestionamiento científico para otorgar el 8% del presupuesto nacional a la educación. Además, y que no se perfile una propuesta pedagógica integral para atender la crisis que afecta los procesos de aprendizaje de miles de estudiantes en el sistema educativo costarricense.

 El Centro de Investigación y Docencia en Educación (Cide) de la Universidad Nacional (UNA) manifiesta su total desacuerdo ante las desafortunadas afirmaciones de la Ministra de Educación al cuestionar el origen científico sobre el que se asienta la disposición de otorgar el 8% del presupuesto nacional a la educación, así como otras acciones que continúan erosionando a la educación costarricense, tales como la suspensión del convenio con la Fundación Omar Dengo, la improvisada evaluación “mal llamada” estandarizada, propuesta por este gobierno, la poca inversión en infraestructura, equipamiento y material para que los centros educativos funcionen, la escasa actualización docente propuesta por el MEP, la nula dignificación de la profesión docente y la disminución del presupuesto para programas de equidad que afectan a las poblaciones más pobres y socialmente vulneradas de este país, y el supuesto proyecto personal denominado “Ruta de la Educación”, cuya estructura, sustento y fines son inciertos.

Los resultados evidenciados en la Encuesta Nacional de Hogares presentados en el INEC (2023), indican que existe una disminución importante de nacimientos en el país desde el año 2016, pasando de 70.004 en el 2016 a 53.435 en el año 2022, de manera que Costa Rica está enfrentando un cambio poblacional importante que debe ser considerado en las Políticas de Desarrollo Nacional; es decir, que la menor cantidad de niños y niñas nacidos deberían contar con las mejores condiciones para crecer y convertirse en personas adultas activas en la sociedad costarricense. Sin embargo, el noveno informe del Estado de la Educación (Proyecto

Estado de la Nación, 2023) analizó datos del INEC e indica que los estudiantes en condición de pobreza de 4 a 18 años pasaron de 37% en el 2019 a 44% en el 2020 (casi la mitad de la población menor de edad), de manera que podemos esperar que, con los recortes actuales en el presupuesto de equidad, el porcentaje de estudiantes pobres haya aumentado.

Aunado a una respuesta recortista del presupuesto en educación, resulta también alarmante que el Ministerio de Educación desestime los resultados del IX Informe del Estado de la Educación, y que no se perfile una propuesta pedagógica integral para atender esta crisis que afecta los procesos de aprendizaje de miles de estudiantes de todas las edades en el sistema educativo costarricense, ante lo cual consideramos que se requiere un nuevo liderazgo que tenga la capacidad de dirigir la educación pública, desde sus niveles iniciales de manera integral, ya que ésta se ha convertido, en los últimos años, en “un barco sin timón”.

Como nación, es fundamental que unamos esfuerzos para mejorar las condiciones de vida y educación de nuestros niños, niñas y adolescentes. Tanto las universidades públicas como las privadas, los colegios profesionales, los sindicatos, las diferentes organizaciones (gubernamentales y no gubernamentales) que atienden estas poblaciones, el Poder Ejecutivo con sus instituciones y el Legislativo, con su capacidad para tomar decisiones, deben movilizarse en este momento histórico para cambiar el rumbo de la educación pública.

Nuestros niños, niñas y adolescentes merecen más de lo que en este momento se les está ofreciendo. Históricamente Costa Rica se ha distinguido por ser un país que invierte en educación esto fue plasmado en la Constitución y en la Ley Fundamental de Educación. Estas decisiones de quienes nos precedieron fueron en su momento visionarias y apostaron por un modelo país que ha resguardado la educación y la salud como baluartes que han permitido a las personas en situaciones de vulnerabilidad tener acceso a servicios gratuitos, que de otra manera no podrían costear.

Como centro formador de docentes de una universidad pública, reafirmamos nuestro compromiso con la excelencia académica y el desarrollo integral de la sociedad, y manifestamos nuestra firme disposición a establecer una estrecha colaboración con el Ministerio de Educación Pública, en la creación de propuestas que contribuyan a la transformación y mejora del sistema educativo.

Creemos firmemente que, a través de esta colaboración estratégica, podremos alcanzar metas que permitan asegurar un futuro promisorio para las generaciones venideras.