La corrupción se define como el abuso del poder para beneficio personal o familiar del servidor público en perjuicio del bien común. Para abordar este tema que en Honduras es parte de la cotidianidad, la Facultad de Ingeniería desarrolló este viernes 14 de mayo la conferencia “Realidad del contexto nacional producto de la corrupción”, a cargo del abogado Henry Salinas.

Según lo expuesto por el pasante de la Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y oficial de información pública del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), esta “plaga insidiosa” socaba la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona la economía, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana, entre otras consecuencias, sin que exista hasta la fecha una política pública anticorrupción.

“La corrupción de manera generalizada, ofende temas patrimoniales del Estado, el futuro de la patria, la educación de las personas, la salud, el empleo, el vivir dignamente, por eso hablamos de que es un perjuicio del bien común”, dijo.

Como ejemplo de la anterior aseveración, el integrante del equipo de trabajo de la unidad de investigación, análisis y seguimiento de casos de dicha instancia de la sociedad civil dedicada a prevenir, disuadir y combatir la corrupción recordó las constantes e impunes violaciones a la Constitución de la República, entre ellas la ilegal reelección presidencial y la falta de independencia de poderes, así como la diferencia en el trato de las personas, pese a que la ley primaria establece que en el país no existen clases privilegiadas.

El documento denominado “El impacto macroeconómico de la corrupción en Honduras” indica que en el país cada año se pierden entre 50,000 y 65,000 mil millones de lempiras en concepto de corrupción y en el 2020, según el índice de Percepción de la Corrupción, el país se posicionó en el lugar número 24 de los 25 países más corruptos del mundo, evaluados por la Organización Mundial de Transparencia Internacional, y el segundo más corrupto de la región, siendo este fenómeno uno de los principales determinantes de la migración.

Los principales destinos del desvío de los recursos son adquisición de bienes y servicios (14%), carreteras (13%), puertos y aeropuertos (11%), construcción de edificios (10%), energía (22%), obras y reparaciones (5%), otros ilegales (25%) dentro de los cuales en el contexto de la actual pandemia estaría incluida la compra de los hospitales móviles, mascarillas y demás implementos de bioseguridad, además del desmesurado incremento de endeudamiento a nivel internacional.

“La afectación del presupuesto de las administraciones municipales provoca que exista un bajo desarrollo local, pocas oportunidades de empleo, salud, educación y la limitación del acceso a otros derechos, coadyuvando a la pobreza y desigualdad a nivel de la comunidad, lo que incentiva a que muchas personas busquen otros destinos con mejor calidad de vida para vivir”, argumentó el conferencista.

El estudio publicado en el 2019 por el CNA revela que los departamentos con más requerimientos fiscales contra alcaldes por delitos relacionados con actos de corrupción y crimen organizado son los mismos que tienen mayor aportación de migrantes hacia fuera: Cortés, Yoro, Islas de la Bahía, Olancho, Francisco Morazán y Lempira.

Dado que este tipo de actividades organizadas por el área de vinculación Universidad-Sociedad están orientadas al abordaje de la problemática nacional desde la perspectiva de la academia, el expositor mencionó entre las formas de prevenir y controlar la corrupción, la promoción de valores éticos, en este caso entre la comunidad universitaria, fomento de la transparencia y rendición de cuentas, ejercicio de veeduría y auditoría social y mayor participación de la población en los procesos.