Rector agradece al Pleno por la aprobación del Proyecto que crea el Consejo de Rectores de las Universidades Oficiales de la República de Panamá
Foto de cortesía

Hace 22 años se tuvo este sueño, de poder hermanar y coordinar las universidades públicas, pero le correspondió a la Asamblea Nacional con visión, con amor a la patria, con compromiso a la educación pública superior de calidad aprobar esta propuesta, manifestó el Doctor Eduardo Flores Castro, rector de la Universidad de Panamá, durante su disertación ante el pleno de los diputados, luego de aprobarse en tercer debate, del Proyecto 864 que crea el Consejo de Rectores de las Universidades Oficiales de la República de Panamá.

En nombre de los cinco rectores Doctor Flores indicó, que hoy los universitarios, conformados por los cien mil estudiantes de la Universidad de Panamá, los 60 mil estudiantes  de la Universidad Tecnológica de Panamá, los 35 mil estudiantes de Universidad Autónoma de Chiriquí,  los 20 mil estudiantes de Universidad Especializada de las Américas y los 8 mil estudiantes de la Universidad Marítima, representamos el 85 por ciento de todos los estudiantes de educación superior de este país, por lo que estamos en deuda con ustedes, el país ha dado un paso adelante para la educación superior, pero también para el uso eficiente de los recursos del Estado.

Instó, a que no dupliquemos esfuerzo, sino que colaboremos entre nosotros porque entre universidades públicas no hay competencia, hay coordinación. “como dijo el maestro de juventudes el doctor Octavio Méndez Pereira todos los problemas de la sociedad se resuelve con la educación”, aseveró.

Es importante destacar, que el proyecto 864, agrupará la experiencia de los más altos regentes de las universidades oficiales, en un órgano directivo, que oriente las mejores decisiones en materia de educación superior convirtiéndose en una garantía en obtener resultados en la investigación, servicio, docencia y producción para lograr el desarrollo del país.

Asimismo, hay que indicar, que, de los presupuestos asignados a cada una de las universidades oficiales, el Estado aportará una partida mínima equivalente al 10% de funcionamiento anual, el cual deberá destinarse, un 25% para gastos de funcionamiento y 75% de inversión a la investigación, equipamiento, tecnología, laboratorios y edificaciones para la investigación.

 

También, permitirá homologar estudios que tienen países de la región potencializando alianzas estratégicas con universidades internacionales como una manera de elevar el nivel curricular de las carreras tendientes de formular las recomendaciones pertinentes.