La tarde de este jueves un numeroso grupo de personas funcionarias de la Universidad Nacional (UNA) se movilizaron al llamado que hizo el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional (Situn), para manifestarse frente a la Asamblea Legislativa en contra del proyecto de ley marco de Empleo Público, expediente 21.336.

Álvaro Madrigal, secretario General del Situn, comentó que la iniciativa, discutida a paso acelerado por los diputados, con apoyo del gobierno de la República, pretende acabar con los derechos laborales de los trabajadores del sector público, congelar los salarios, reducir las vacaciones y propiciar los despidos exprés, entre otras nefastas intenciones, que componen este proyecto. “Este no es un asunto meramente laboral, ya que, además de pasarle por encima a los derechos adquiridos, es también, una agresión a la autonomía universitaria”, recalcó Madrigal.

Como parte de este movimiento el Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNA, externó mediante un acuerdo su rechazo total al proyecto de Empleo Público, por cuanto es evidente que atenta contra el estado de derecho, la autonomía universitaria y debilita el modelo de educación superior pública que tiene el país, lo cual implica una amenaza directa al desarrollo actual y a los posibles procesos de reactivación económica del país.

A la vez que, al incluir a las universidades en la cobertura de la Ley de Empleo Público, y delegar la rectoría del empleo público al Servicio Civil, se crea una amenaza directa al actual quehacer universitario y al modelo de educación superior pública que se ha construido durante décadas.

Recientemente, el Consejo Nacional de Rectores (Conare), presidido por Francisco González Alvarado, emitió un comunicado a la opinión pública en el que hace un análisis del proyecto y externa su oposición al mismo,  al señalar que el mismo implicaría quebrantar el régimen de institucionalidad democrática costarricense contenido en el orden constitucional, atenta contra la descentralización de servicios estatales esenciales, violenta el régimen de independencia que en materia de administración, organización, planificación, gobierno y patrimonio establecen y garantizan los artículos 84, 85 y 87 de la Constitución Política; además de someter a las instituciones descentralizadas al poder centralizado del Poder Ejecutivo mediante la rectoría, que en materia de empleo público se pretende imponer.

El comunicado del Conare agrega que el régimen de empleo de los funcionarios universitarios no puede quedar sometido al Servicio Civil, ni a la rectoría del Ministerio de Planificación y Política Económica, (Mideplan), sin que ello implique la inconstitucionalidad derivada de la afectación al pleno ejercicio de su independencia de gobierno, planificación, libre disposición patrimonial, la organización y la administración, exclusivas de las universidades estatales.

Los señores rectores  se encuentran en audiencia permanente con las y los señores diputados para exponer los argumentos contra el proyecto de manera general y de manera particular la necesidad de que se excluya a las universidades públicas de forma inmediata.