Docentes de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la UNA consideran que el Consejo Superior de Educación debe derogar acuerdo que establece dos etapas—confesional y ecuménica o ecléctica—en la educación religiosa.

“El Consejo Superior de Educación (CSE) está en la obligación de derogar el acuerdo que establece dos etapas en la educación religiosa y el Ministerio de Educación Pública debe diseñar programas que, lejos de separar a docentes y estudiantes según sus creencias, les ayuden a convivir y aprender respetando la diversidad cultural y religiosa que nos caracteriza”, afirman Kattia Isabel Castro, Nelise Wielewski y José Mario Méndez, docentes de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional (UNA) e integrantes del Foro de Educación Religiosa.

Se trata del acuerdo 24-2017, mediante el cual el Consejo Superior de Educación (CSE) solicitó al Ministerio de Educación elaborar nuevos programas de educación religiosa, en dos etapas: confesional (educación general básica), y ecuménica o ecléctica (educación diversificada).  

No obstante, en criterio del grupo de especialistas de la UNA, “hay cuestiones problemáticas en ese acuerdo”, el cual—consideran—se basa en una mala interpretación de la resolución 2023-2010 de la Sala Constitucional, que abordó la necesidad de un cambio en el enfoque y contenidos de los programas de educación religiosa en el país, al responder una demanda por justicia laboral.

Según el pronunciamiento de la Sala, “en el terreno educativo, el Estado costarricense está llamado y obligado a respetar el principio de la neutralidad religiosa”. Y va más allá. “Los poderes públicos deben asumir una posición aconfesional en el terreno educativo para promover y fomentar la diversidad y libertad religiosa”, señalaron los magistrados.

¿“Catolizar” la educación pública?

Castro, Wielewski y Méndez estiman que la etapa confesional en la educación general básica, propuesta por el CSE, más bien contradice el voto de la Sala Constitucional, pues con ella se estaría volviendo a una situación similar a la política de exclusión y de violencia religiosa que motivaron ese voto, así como la llamada de atención al Estado costarricense por parte del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 1994.

Y es que–insisten—la implementación de una educación confesional en educación básica implicaría el nombramiento de docentes de distintas religiones y confesiones cristianas, pues el estudiantado está compuesto por niños y niñas de distintas creencias. “¿Cuáles iglesias, además de la católica, y cuáles grupos religiosos tienen la posibilidad de formar profesionalmente a sus docentes de educación religiosa? ¿estaremos volviendo a “catolizar” la educación pública?”, cuestionan las personas académicas de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la UNA.

En cuanto a la segunda etapa—propuesta para la educación diversificada—advierten sobre la posibilidad de que se convierta también en confesional, debido a que el término ecumenismo se refiere al diálogo entre personas cristianas.

Aún más problemática califican la llamada educación ecléctica en el acuerdo del CSE: “¿quién tiene derecho a decidir —y con qué criterios— qué es lo mejor de cada tradición religiosa?”, subrayan.

Hacen énfasis en que la enseñanza de una determinada religión no es tarea de un Estado republicano y democrático como Costa Rica, sino de las iglesias y grupos religiosos. Pero sí es obligación del Estado garantizar la libertad de culto, de creencia y no creencia.

Convivir en la diversidad

Al Estado, entonces, le corresponde—según el grupo de académicos de la UNA—ofrece una educación que ayude a comprender los hechos religiosos, a resolver conflictos religiosos, a aprender y convivir gracias a la diversidad.

“La educación religiosa debería, en todas las etapas, ayudar a convivir en la diversidad. La separación de estudiantes y docentes basada en creencias religiosas terminará limitando el aprendizaje e impidiendo la convivencia”, advierten.

Consideran que el reconocimiento de Costa Rica como estado pluricultural y multiétnico en el artículo 1 de la Constitución Política debe reflejarse en el sistema educativo y particularmente en la educación religiosa. 

“Las religiones son patrimonio de la humanidad que recogen sus memorias y transmiten formas de conocer el mundo y dar sentido a la vida: todas las personas en edad escolar tienen derecho a conocer estas memorias y tradiciones y enriquecer su conocimiento”, recalcan.

La modificación del artículo 1 de la Constitución (2015) exige la transformación de prácticas educativas que invisibilizan la diversidad cultural y religiosa del país. “En la educación religiosa debe concretarse la sustitución de prácticas excluyentes por otras que reconocen, visibilizan y valoran las ricas tradiciones que son parte de la identidad costarricense”, subrayan.