“Desproporcional”, con esa palabra es como el economista Olman Segura, director del Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional (Cinpe-UNA), evaluó la propuesta del gobierno al Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que esta vendría a significar un duro golpe para la clase media y empresarial costarricense. Además, que al ser una propuesta tan amplia sería imposible discutirla y analizarla en un espacio y tiempo tan corto.

Segura indicó que la propuesta considera el aumento de impuestos, recortes de gastos, movilidad laboral, cierres y reestructuración de instituciones, venta de activos, recorte de exoneraciones y algunas pocas acciones para impulsar la reactivación económica. “Lo que realmente necesitamos es el aumento del Producto Interno Bruto (PIB), que aumente la producción nacional, que exista reactivación económica y generación de empleos. Hay que iniciar el proceso de convencimiento y de negociación. Muy tarde y se ha perdido tiempo valioso”, expresó el ex rector de la UNA.

El exministro de Trabajo enfatizó que siempre ha insistido en la apertura del diálogo, entre el gobierno y todos los actores económicos, sindicatos, cámaras empresariales, academia, iglesias, partidos políticos y desde luego las fracciones legislativas, ya que dichas conversaciones en ambas vías, más allá del proceso de “Costa Rica escucha, propone y dialoga”, implicaba una explicación detallada de la magnitud del problema que se afronta y la búsqueda conjunta de alternativas.

A pesar de esto, manifestó Segura, es importante enfatizar, que se deben ejecutar importantes reformas en todos los aspectos de la economía nacional, con o sin el FMI, pero es mejor realizarlas con un arreglo, donde dicho órgano preste recursos a una tasa de interés baja y a un plazo largo para la cancelación y, sobre todo, con un compromiso de disciplina fiscal. “Desde luego, el acuerdo no debe ser el motivo de una explosión social, ni el quebranto de la paz en que vivimos en nuestra querida Costa Rica”, señaló Segura.

Sobre las medidas

Segura manifestó que en el tema impositivo se ha querido incluir todo tipo de tributos priorizando el objetivo recaudatorio y dejando de lado los efectos indirectos que dichos impuestos podrían causar. Primero, el aumento del impuesto sobre la renta a personas físicas y jurídicas con actividades lucrativas al 36% es bastante alto, pues debe sumarse el 18% de cargas sociales, haciendo que los negocios sean poco competitivos, tanto a lo interno del país, como comparativamente con los de otros países vecinos. “Esto desestimularía el inicio de nuevos emprendimientos o el retorno de los negocios que actualmente se encuentran cerrados producto de la pandemia y que interesa mucho que generen empleo nuevamente”, agregó Segura.

En relación con el impuesto de renta a los salarios públicos y privados, el ex rector de la UNA mencionó que inicia en montos de más de ¢840 mil, existiendo familias que tienen muy comprometidos sus salarios incluso con montos de cerca de ¢1.5 millones. Los porcentajes son de 5 y 10% llegando hasta 35% de impuesto. “Las recomendaciones que habíamos propuesto incluían el impuesto sobre la renta, pero en porcentajes menores y arrancando con alrededor de 7 salarios mínimos”, expresó.

Segura subrayó que el impuesto sobre la renta se suma a otros varios impuestos que cargan principalmente la clase media del país. Concretamente, triplicando el impuesto a los bienes inmuebles (viviendas y lotes) con valores superiores a ¢20 millones; se incluye un impuesto al salario escolar, se eliminan los créditos familiares a la declaración del impuesto de renta y se incluye el nuevo impuesto a las transacciones financieras (Impuesto Tobin) por todos y cada uno movimientos de débito que se realicen por un monto de 0,03%, impuestos acumulados que se convierten en un peso importante que repercutirá en el consumo y calidad de vida de las familias costarricenses.

En relación con las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, Segura comentó que estas igualmente deben pagar la mayoría de estos impuestos. Con el agravante que las mipymes y las grandes empresas realizan muchas transacciones bancarias y por lo tanto deben pagar muchas veces el impuesto Tobin. “Si bien es cierto que una transacción de ¢1 millón solamente pagaría ¢3000 y las familias no están realizando transacciones por ese monto ni todos los días, ni todas las semanas; ciertamente las empresas tienen mucho mayor dinamismo y su accionar es vender y comprar tantas veces como sea posible, haciendo que deban pagar muchas veces el impuesto”, indicó Segura.

En otras palabras, explicó el director del Cinpe-UNA, la gestión del dinero es dinámica y el impuesto se convertirá en una carga importante para la empresa. En muchos casos además intentará trasladar la carga de impuestos a los consumidores haciendo el problema más grande. Esto sin señalar otros problemas de bancarización de los recursos que se apuntan al impuesto Tobin.

Asimismo, se habló de reducir los costos de la electricidad, impulsar el cambio de la Ley del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), poner recursos digitales al servicio de la comunidad educativa-utilizar los recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL)- y promover las Alianzas Público-Privadas (APP). En ese sentido, el economista del Cinpe dijo que: “todas son iniciativas importantes, pero repetidas, sin calendario de avances, sin responsables y sin recursos comprometidos. Adicionalmente, se incluyó en este apartado el fomento a la creación del empleo, eliminando el pago del 5% de la planilla al Fondo de Asignaciones Familiares (FODESAF) que lo asumiría el presupuesto del Gobierno Central”.

Sobre este punto Segura destacó que se genera una preocupación importante, ya que más bien la propuesta ha sido la reestructuración de dichos fondos para fortalecer un programa para los grupos más pobres de nuestra sociedad, creando un Ingreso Mínimo Vital. “Es claro que el gobierno mantiene un presupuesto deficitario y ahora se cargaría con este importante rubro, que adicionalmente deberá trasladar a las empresas nuevamente dentro de cuatro años. ¿Cómo le va a subir los impuestos de nuevo al sector empresarial el nuevo gobierno en el 2024? En concreto se corre el peligro de una desaparición de estos ingresos y esta asignación específica tan importante para los grupos más vulnerables del país”, expresó Segura.