A plena luz del día, y a vista y paciencia de las personas que transitaban por el lugar, dos sujetos armados acabaron con la vida de un policía en Limón, quien gozaba de su día libre. Esto ocurrió el jueves pasado.

Este suceso se suma a una serie de acontecimientos donde la seguridad de los cuerpos policiales se ha visto comprometida. En Linda Vista de La Unión, dos personas con armas de grueso calibre amenazaron a agentes encubiertos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el 26 de diciembre anterior.

Lo que queda en evidencia, es el irrespeto que grupos de delincuencia organizada están teniendo sobre la autoridad de los cuerpos policiales. Para el sociólogo y vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional (UNA), Guillermo Acuña, esta es la antesala de una crisis social que eleva a otro nivel la inseguridad que atraviesa el país.

“Este es uno de los primeros indicios de que estamos viviendo un periodo de transformación -en la lógica en que fue conformado el Estado costarricense a lo largo de las décadas-, que ahora están marcando un principio hacia nuevos procesos, que no se sabe cómo van a terminar, pero que en otras latitudes han sido la antesala de una guerra frontal entre el Estado y las estructuras criminales”, reflexionó Acuña.

Con él coincide el sociólogo Abelardo Morales, para quien el país está entrando en una fase peligrosa. “Estamos en una etapa de la violencia muy diferente a la de años atrás, donde hay una inestabilidad provocada por la violencia delictiva y donde el crimen organizado se ha insertado en la vida social costarricense”, apuntó.

En 22 días que lleva el año, 47 personas han sido víctimas de la violencia que se vive en las calles.

Filtración peligrosa

Morales señala que el acontecimiento derivado del irrespeto a la autoridad por parte del crimen organizado es una evidencia de la filtración de estos grupos en el tejido social costarricense, y terminan siendo el resultado del debilitamiento de la institucionalidad y de la poca respuesta que se pueda ofrecer a las oportunidades de educación, salud, ascenso y bienestar al que toda persona aspira.

“Estamos entregando las estructuras sociales y económicas al crimen, y ese es el cambio fundamental en la situación de inseguridad y violencia que se vive hoy con respecto a décadas atrás. Ya hay lugares en Costa Rica, como en otros países, donde un grupo criminal goza de más apoyo y credibilidad que un partido político o una organización social, porque provee medios de vida, seguridad y protección a una barriada”, comentó el sociólogo de la UNA.

Videos que han circulado en los últimos días, muestran al aparente líder de un grupo criminal apodado “Lucifer”, siendo aplaudido y vitoreado por jóvenes de una comunidad mientras viajaba en un vehículo. Esta persona, al parecer, fue una de las víctimas del atentado cuádruple del sábado anterior en Purral de Goicoechea. Este es un claro ejemplo de lo que menciona el experto Abelardo Morales.

Desde un análisis sociológico, Guillermo Acuña señala que existe un “sentimiento de desazón colectivo”, cuando miembros de las fuerzas de seguridad de una nación se ven vulneradas y superadas por parte de los grupos delincuenciales.

El riesgo en la percepción de que las personas que velan por el orden y la seguridad de los ciudadanos se vea vulnerada puede conllevar a otro tipo de riesgos. “La gente podría estar ante el escenario de tomar la justicia por sus propias manos y eso lo hemos visto en otros lugares en respuesta a una sensación en que la autoridad no responde, llega tarde o no llega del todo”, manifestó Acuña.

Desde su perspectiva, en la situación de los cuerpos policiales se aplica la frase de “tigre suelto versus burro amarrado”, en el sentido de que las estructuras criminales han tecnificado sus procesos, cuentan con equipo, logística y organización, mientras que la institucionalidad policial se ve afectada por la falta de condiciones laborales mínimas. “Estamos en total indefensión”, señaló.

Causas

Existen dos factores que, a criterio del sociólogo Abelardo Morales, inciden en la situación de violencia e inseguridad que atraviesa el país.

Uno de ellos está vinculado al hecho de que la educación ha dejado de ser una oportunidad de ascenso e integración social. De acuerdo con el Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica, la tasa de desempleo juvenil cerró el segundo semestre de 2023 en 27,40% la cual es hasta 2,85 veces superior a la tasa de desempleo nacional.

El otro factor que señala el experto es el desencanto de la población por el funcionamiento de la institucionalidad. “Hay un resentimiento sobre el actuar de las autoridades donde se percibe que no castigan, que el sistema judicial no funciona y que se puede prescindir de la ley”.

Para Guillermo Acuña, lo que ocurre es producto de un funcionamiento del Estado que “no está para muchos sectores de la población” y que esos espacios han venido a ser ocupados por poderes fácticos o no políticos. “Para operar, estas lógicas no políticas se apropian de la gestión y administración territorial y de ciertos recursos. Cuando encuentran alguna posibilidad de que haya algún tipo de bloqueo, es cuando acuden a la violencia para alcanzar sus objetivos”.

Este cúmulo de circunstancias hacen que el país haya perdido la “excepcionalidad” de la que ha gozado durante décadas, de un país de paz y seguridad. “Estamos en un punto de no retorno, que nos muestra que el proyecto de construcción social que cimentamos en la década de los cuarenta llegó a su fin, que ya se agotó y que estamos entrando en una nueva fase, menos excepcional”, manifestó Acuña.