En la década de 1840 el Estado liberal se había consolidado por el proceso de modernización económica, el despegue de la producción de café y su vínculo con el mercado mundial. El proceso de acumulación de capital fue impulsado desde las estructuras de decisión del Estado por la clase política de la época, que, a su vez, ostentaba el poder económico. De tal manera, el patrón de desarrollo respondería a los ideales de modernización de una clase política educada capaz de aprovechar las oportunidades de desarrollo; esto se complementó con cambios políticos, económicos y sociales, expresados en la nueva Constitución Política de 1871. Las crecientes contradicciones del modelo primario exportador, la monopolización de poder político por parte de la oligarquía cafetalera y los intereses del capital multinacional (capital financiero inglés y las compañías bananeras), pronto empezaron a generar descontento social y el cuestionamiento de sectores emergentes  

El hecho anterior dio paso a las transformaciones políticas y sociales de la década de 1940, las cuales se condensan en la Revolución del 48, conducente a la constituyente de 1949 y a la consolidación del Estado Social de Derecho y de nuevos grupos emergentes que reconfiguran las estructuras hegemónicas. El nuevo modelo político se hace acompañar de un nuevo modelo económico, que representa los intereses de la pequeña burguesía industrial y comercial, pequeños y medianos productores agrícolas, sectores medios e intelectuales.  Se promovió un proceso de modernización económica, sobre la base del modelo de la Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), impulsado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Esto se vio reflejado en la provisión de infraestructura, la diversificación del aparato productivo, la nacionalización bancaria y la creación de una serie de instituciones con la misión de mejorar las condiciones para el desarrollo del sector industrial y de las actividades económicas dirigidas al mercado interno y regional.

Las tasas de crecimiento económico y de empleo mejoraron, así como los niveles de ingresos en todos los estratos de la sociedad. De esta forma, la proporción de la población que vivía en pobreza pasó de 50% en 1961 a 22% para finales de la década de los 70 del siglo XX. La política económica se vio complementada por políticas y programas sociales diseñados para mejorar el poder de compra de los consumidores y para ampliar el consumo por los bienes y servicios domésticos.

Hacia finales de 1970 el Estado de bienestar costarricense y el modelo ISI habían desarrollado una serie de contradicciones que amenazaban el crecimiento económico, la estabilidad política y el mejoramiento del bienestar de la población. Estas contradicciones estuvieron conectadas a varios factores: la crisis del modelo de desarrollo, las condiciones adversas en la economía internacional, la crisis de la deuda externa y fiscal del país y la excesiva burocratización y centralización de la toma de decisiones. El punto crítico de la crisis se ubicó en los primeros años de la década de los 80, cuando la inflación alcanzó sus niveles elevados, mientras los salarios y el ingreso per cápita bajaron y el desempleo aumentó.

Como respuesta a la crisis, se promovieron una serie de reformas económicas para reducir los niveles de intervención del Estado en la economía e impulsar una estrategia de desarrollo basada en la promoción diversificada de las exportaciones a terceros mercados y la atracción de inversión extranjera directa, estos se convirtieron en los ejes sobre los cuales gira el nuevo patrón de crecimiento. Lo anterior se refleja en el dinamismo de las exportaciones y en la diversificación de los bienes exportados y de los mercados de destino. Esto ha llevado a reproducir los problemas de heterogeneidad estructural del país, en donde coexisten actividades altamente productivas y dinámicas, vinculadas con el mercado internacional y otras, con rezagos estructurales, de baja productividad y valor agregado.

A pesar del éxito relativo de la promoción de exportaciones, en términos de sus tasas de crecimiento y acceso a mercados internacionales más competitivos, no ha sido capaz de generar condiciones para la transformación productiva con mayores encadenamientos y derrames tecnológicos que articulen hacia adentro con proveedores nacionales.

El modelo de desarrollo económico ha avanzado formulando y ejecutando una política económica centrada en la estabilización de la economía, definidas unilateralmente por el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, y con amplia influencia del Fondo Monetario Internacional (estabilización económica) y el Banco Mundial. De tal manera, la política económica ha sido referida al ámbito monetario y fiscal, concretándose el diseño de la política monetaria (crediticio y cambiario) para equilibrar la balanza de pagos (sector externo) y la política fiscal (lo impositivo) y equilibrar el sector interno de la economía.  El Banco Central asume el control para estabilizar los precios, mientras que el Ministerio de Hacienda asume la función del control fiscal. 

Las medidas aplicadas han afianzado el adecuado clima de negocios para continuar garantizando la atracción de inversión extranjera directa. Para tales efectos, el manejo de las variables precios como lo son la tasa de interés, la inflación y el tipo de cambio ha sido estratégico en la consecución de la estabilidad y el crecimiento de la producción. 

El contexto de la crisis sanitaria, generada por la pandemia covid-19, se ha caracterizado por la agudización del desequilibrio presupuestario y la desaceleración de la economía, el debate sobre la estrategia de desarrollo recobra interés.  El impacto negativo ha sido grande, con un problema combinado entre inestabilidad macroeconómica (déficit fiscal y deuda pública crecientes) y tasas de crecimiento del PIB en picada desde 2016.  Esto acompañado por tasas récord de desempleo y subempleo, informalidad, reducción significativa de los ingresos de los hogares y aumento en los niveles de pobreza y desigualdad, como se constata en los datos oficiales para el periodo.

El año del bicentenario es un momento de inflexión histórica, donde el país deberá plantearse la urgencia de diseñar e implementar reformas institucionales que orienten una estrategia de desarrollo que viabilice el crecimiento económico con equidad social y sostenibilidad ambiental, tal como ha sido establecido en la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, con un compromiso de alcanzar una meta de crecimiento para ese año del 7%; reducir el desempleo, la pobreza, las brechas de género y las asimetrías territoriales lo que requiere un cambio de visión y de políticas de transformación productiva con carácter territorial y sectorial, en procura de mayor inclusión y equidad social y ambiental.