La independencia de Costa Rica fue un proceso histórico con influencias desde fuera y dentro de sus fronteras. En el proceso participaron las restantes provincias del antiguo Reino de Guatemala: Chiapas, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. La independencia no se fraguó en 1821 sino que comenzó desde antes y las características y actores que participaron en el proceso independentista en cada una de las provincias contaron con sus propias particularidades.

Hacia finales del siglo XVIII e inicios del XIX Occidente atravesó por grandes transformaciones. El auge del sistema capitalista, la Ilustración, las reformas borbónicas y la revolución francesa fueron eventos que marcaron el devenir histórico en el continente americano. Sirvieron de acervo ideológico para el desarrollo del pensamiento independentista tras tres centurias de dominación.

A estos eventos externos se sumaron las propias transformaciones del desarrollo interno del continente americano: la independencia de los Estados Unidos y de Haití, las luchas anti-fiscales en el territorio de la Capitanía General de Guatemala entre finales del siglo XVIII e inicios del XIX, las luchas de los Insurgentes en el Virreinato de Nueva España, las revueltas en Nueva Granada, la llegada de la casa monárquica de los Braganza a Brasil, la marcha del ejército Trigarante y las decisiones de independizarse de España por parte de los cabildos chiapanecos de Comitán, Ciudad Real y Tuxcla. Todo lo anterior se enmarca en ese contexto que permeó a las autoridades regionales entorno a la idea de libertad.

La independencia de Costa Rica no fue tan simple como se ha enseñado tradicionalmente, sino que fue parte de un proceso multifactorial y regional. Desde al menos 1750 las autoridades provinciales de Costa Rica vivían en medio de un ambiente de autogobierno que se deseaba en relación con las autoridades de Guatemala, pero principalmente con las autoridades de León (Nicaragua). Si bien, dicho sentimiento no debe ser confundido para el periodo 1750-1820 como un deseo inmensurable de independencia, sí significó un anhelo por “salirse” de la esfera de control de las autoridades regionales.

Este deseo de autogobernarse lo explica al menos tres hechos relevantes (sin que esto niegue u oculte la existencia de otros). Por un lado, la aspiración de autogobierno político. Por otro, el anhelo de poder comercializar con Panamá, más que con Nicaragua y demás unidades políticas hacia el norte, en búsqueda de una relación económica más favorable. Finalmente, el afán por tener su diócesis propia.

Los tres elementos anteriores exigen ser comprendidos bajo una lógica grupal y regional. En 1820 parte de un sector del grupo de poder en Cartago elevó a las autoridades de las Cortes de Madrid una petición en la que solicitaban la creación de una diócesis en la provincia. La misma vinculó lo económico con lo religioso, pues según ellos: “el único modo de hacer florecer en esta provincia, el comercio, la industria y demás adelantamientos de que ha carecido hasta ahora, y carecerá siempre que esté sujeta a la arbitrariedad de León, quien abiertamente es opuesto a la separación de Obispado y cuando sea más útil y favorable.” (citado por Elizabeth Fonseca).

La cita es clara en diversos aspectos. Primero, evidencia cómo detrás de una petición “religiosa” se estampó una aspiración política: el deseo de autogobierno, al solicitarse en 1820, a solo meses del tan “simbólico” 1821, la creación de un obispado. Esto es una ambigüedad, ya que deja claro que solo a meses del periodo de septiembre-octubre del 1821, este grupo de poder aún veían a la corona española como la institución que les debía, de una u otra manera, “solucionar” sus problemas. Por ende, la monarquía no era el principal problema del grupo de poder en Costa Rica.

Segundo, muestra la intención de los solicitantes de separarse de las autoridades de León. El argumento se sustenta en una disputa de poderes con el fin de conseguir autonomía de las autoridades leonesas. Por ende, el afán era estar libre del control de este grupo que tenía dentro de sus atribuciones gobernar en lo político, lo económico y lo religioso en Costa Rica.

Tercero, exige una segregación eclesiástica de León para que Costa Rica creciera en lo económico. ¿Por qué indican esto?, ¿qué tiene que ver la creación de una diócesis con el crecimiento económico e industrial de la provincia? La respuesta no se encuentra en los favores celestiales que podían llegar con la creación de un obispado, sino en evitar el envío de diezmos a Nicaragua, lo cual permitiría mayor flujo de capital a lo interno, y también lograr la anhelada separación de las autoridades residentes en León.

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Todo lo indicado anteriormente debe ser comprendido en el marco de las propuestas de los “costarricas” para que se creara una autoridad política separada a la de Nicaragua, como fue la de la diputación provincial que se solicitó desde 1812 y se repitió en diciembre de 1821, ante la posibilidad de unión al Imperio mexicano. Esto con el firme propósito de autogobernarse, consolidar el comercio con otras partes del mundo y romper cualquier atadura con León, aún en el tema eclesial.

Lo anterior es reflejo de un deseo de autogobierno y debe ser comprendido como parte de un proceso histórico, ya que ninguno de los elementos explicados previamente surgió en los días anteriores o posteriores al 15 de setiembre de 1821. Sus raíces se remontan hacia la segunda mitad del siglo XVIII. Ahora bien, manifestaciones como estas no solo se dieron en Costa Rica, también se repitieron en Chiapas, El Salvador, Honduras y hasta en la misma Nicaragua. Lo que corrobora la tesis de que la independencia debe ser comprendida como un proceso histórico y regional.  

La independencia de Costa Rica solo se puede comprender abordando múltiples factores y desde una perspectiva de larga duración. La firma del documento solo materializó un deseo que se venía forjando y trabajando con anterioridad a 1821 o a 1823, fechas en que la historiografía costarricense ubica la emancipación con el reino de España. Lo cual, como se vio, no fue simple ni lineal.

(*) Escuela de Historia-UNA