Las universidad públicas costarricenses se manifestaron este jueves 18 de febrero frente a la Asamblea Legislativa en contra del proyecto de ley de empleo público que pretende, entre otras reformas que afectan a tales instituciones, uniformar el empleo de los trabajadores públicos del país. El proyecto, dictaminado de forma positiva por la Comisión de Gobierno y Administración, bajo el número de expediente 21336, será conocido por el plenario legislativo en los próximos días.

Mediante la protesta, que reunió las voces del sector trabajador de las universidades Nacional (UNA), de Costa Rica (UCR), Estatal a Distancia (UNED), Tecnológico (TEC) y Técnica Nacional (UTN), se desmintieron los argumentos legislativos que reducen el movimiento a una reivindicación de privilegios o la defensa de la libertad de cátedra.

Por el contrario, se planteó que la tutela de la autonomía implica la defensa de beneficios directos para la población del país. Por ejemplo, la posibilidad que tienen las universidades de abrir centros y sedes en regiones que necesitan educar a sus pobladores o la de implementar sistemas de matrícula que favorezcan a población vulnerada económicamente. Asimismo, el desarrollo de proyectos de investigación que beneficien a sectores o comunidades afectadas por la pobreza, entre otros factores de exclusión.

Reducir la lucha contra Ley de empleo público a un asunto meramente salarial, coincidieron varios universitarios, es desconocer la afectación que se estaría dando a la población universitaria del país. Actualmente, las universidades públicas agrupan más de 110 mil estudiantes, de los cuales el 68% son los primeros de sus familias en ingresar al sistema de educación superior pública; de esos el 52% tiene beca y este porcentaje aumenta al 80% en las zonas rurales son más del 80%. Además, cerca 78% del estudiantado proviene de colegios públicos.

Doble castigo

A las restricciones que impondría la Ley de empleo público, Francisco González les sumó las contempladas en la Ley 9635 o Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aprobada en diciembre de 2018, la cual impuso serias restricciones al crecimiento del presupuesto de las universidades.

Según el rector, esa ley, sobre la cual está pendiente la resolución de un recurso presentando por las universidades ante la Sala Constitucional, impone en su título tercero (sobre exenciones y tasa del impuesto) “un golpe” al empleo público, pues regula anualidades, dedicación exclusiva, prohibición, nominalización de los pluses. “Si le añadimos esta Ley de empleo público que también establece límites vamos, en las consideraciones de orden salarial, a estar ante las puertas de un sistema público que ya no va a poder ser ni servir a su cometido, que es tener eficiencia y excelencia en los recursos que recibimos”, alertó.

La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas—agregó González—también impone un techo de regla fiscal con “rígidos límites al crecimiento del gasto corriente”, lo cual va a reducir aún más el ámbito de acción de las universidades.