Miles de estudiantes, docentes y personas administrativas de las cinco universidades públicas—UNA, la UCR, UNED, TEC y UTN—iniciaron desde las 9 a.m. de este martes 16 de agosto, una multitudinaria marcha hacia Casa Presidencial, en defensa del presupuesto universitario.

Los universitarios se dieron cita en la Fuente de la Hispanidad, en San Pedro de Montes de Oca, para marchar hacia la Casa Presencial, en Zapote, donde se realizará la tercera sesión de la Comisión de Enlace, encargada de negociar el presupuesto de las universidades públicas para el próximo 2023.

Durante la concentración en Zapote, han hecho uso de la palabra en defensa del FEES autoridades , académicos y representantes estudiantiles para destacar los aportes al desarrollo del país y a la movilidad social de la universidad pública y para defender el presupuesto universitario.

La marcha fue convocada, de forma urgente, ante la propuesta del Poder Ejecutivo de recortar casi una cuarta parte del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) de 2022, lo que significa que de los 539.199 millones del presupuesto de este año, solo se otorgarían 430.136 millones para el 2023.

“Esta propuesta es imposible de aceptar. Contraviene el orden constitucional de que el presupuesto de las universidades no puede disminuirse de un año al otro, pero sobre todo es una propuesta que plantea un recorte cercano al 25% del presupuesto actual de las universidades públicas. Con ese recorte, las universidades públicas no podrían operar ni brindar los servicios que hasta ahora brindan en beneficio de la sociedad. No podríamos abrir los cupos que tenemos dispuestos, no podríamos continuar con el aporte de la investigación y de la extensión social, no podríamos habilitar el sistema de becas tan robusto que tanta participación da a las personas que más lo requieren”, afirmó Francisco González, rector de la Universidad Nacional (UNA).

En un comunicado conjunto, Conare y la Confederación Estudiantil Universitaria de Costa Rica, calificaron de “inadmisible” la propuesta y la rechazaron, pues—en su criterio—no solo irrespeta los alcances del artículo 85 de la Constitución de la República, sino que “implicaría la reducción drástica de los servicios que ofrecen las universidades, tales como los cupos actuales y los de nuevo ingreso a carreras, el cierre de proyectos de investigación y extensión y una disminución de nuestra presencia en las regiones. Además, afectaría la cobertura de becas actuales y futuras para nuestra población estudiantil”.

Durante la tercera reunión de la Comisión de Enlace, este martes 16 de agosto, los rectores de las universidades públicas presentarán la propuesta alternativa a la del gobierno.