“La urgente necesidad de enfrentar el cambio climático tanto desde el ámbito privado como del público ha obligado a los diversos actores económicos a innovar en términos de los instrumentos para financiar acciones que garanticen un crecimiento verde y el desarrollo sostenible”, así lo indica el Proyecto de Estudios Fiscales de Marjorie Hartley Ballestero, académica de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA).

Costa Rica ha tomado acciones en este sentido como la firma de acuerdos globales de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París, entre otros, que han servido de marco para el diseño e implementación de planes y programas que orienten la ruta hacia un país cero emisiones de CO2 y con capacidad para enfrentar el cambio climático.

Además, el ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), también orienta a la sociedad en su conjunto, a transitar hacia una economía baja en carbono, eficiente y sostenible.

Según Hartley, cada uno de estos acuerdos conlleva una serie de acciones y compromisos que el país debe cumplir para lograr los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y los lineamientos que la OCDE considere necesarios para el desarrollo sostenible de sus miembros.

La OCDE, en el 2020, hace una serie de recomendaciones para que la política económica oriente y facilite el tránsito de la agricultura, el transporte, la industria, la construcción y la generación de electricidad hacia actividades bajas en emisiones y que incrementen su productividad y eficiencia, entre otros.

Para esta tarea la OCDE sugiere a todos sus miembros invertir, regular, establecer impuestos y subvenciones, y otras políticas que faciliten y estimulen para que los sectores económicos pasen de un modelo lineal a un modelo circular de utilización eficiente de los recursos y que sean incorporados en las estrategias de mitigación del cambio climático.

En estas tareas la interrogante que surge es de dónde se van a tomar los recursos para implementar tan ambiciosas tareas, especialmente porque el país presenta un alto déficit fiscal, el sector privado está realizando esfuerzos para salir de la recesión que ha dejado la pandemia y lidiando con los efectos de la guerra en Ucrania.

Surge así un nuevo actor en la tarea titánica de cumplir los ODS, el sector financiero costarricense está facilitando y promoviendo nuevos instrumentos para financiar actividades como construcciones sostenibles, energía renovable, transporte bajo en carbono y otras, con la implementación de los denominados bonos verdes que se constituyen en un mecanismo innovador para contribuir con el financiamiento de proyectos verdes o sostenibles.

¿Qué son los bonos verdes? Son activos financieros, un instrumento de deuda que permite obtener capital con un objetivo ligado con acciones en favor del ambiente, es decir, que se emiten con el propósito de financiar una actividad económica verde. La Bolsa Nacional de Valores (BNV), indica que pueden ser emitidos por gobiernos, bancos, instituciones públicas, empresas públicas o privadas, entre otros.

La BNV explica además que los proyectos denominados verdes son aquellos con objetivos explícitos para la mitigación y adaptación al cambio climático y otro tipo de problemáticas ambientales. Así, con bonos verdes es posible financiar actividades como: energía renovable, transporte bajo en carbono, eficiencia energética, conservación de diversos recursos (forestal, hídrico, otros), producción baja en carbono, construcción sostenible y otros.

Los bonos verdes constituyen una fuente de financiamiento adicional a otras como: créditos verdes, fondo verde del clima, fondo para el medio ambiente mundial y fondos de adaptación. De manera que el sistema financiero ha venido conformando lo que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP por sus siglas en inglés) denomina, el financiamiento verde, que engloba el financiamiento climático y bajo en carbono.

“El sistema financiero costarricense está cumpliendo con su importante función de facilitar el encuentro entre los inversionistas y los agentes económicos que requieren de financiamiento, en este caso particular para implementar proyectos verdes” indicó Hartley.

En general, la utilización del instrumento en América Latina es lenta pero el Banco Mundial (BM) estima que tiene un alto potencial. En el último informe del “Estado del mercado de finanzas sostenibles 2021”, indica que la primera emisión de bonos verdes se realizó en el año 2014 de parte de Perú con 204 millones para financiar la construcción de dos parques eólicos para la generación de electricidad renovable. Posteriormente se siguieron otros países como: México con 500 millones de dólares y Brasil con 500 millones de euros, en el 2015.

Desde entonces se han incorporado más países y para el 2019 las emisiones de bonos verdes representan el 2% del volumen total de bonos verdes a nivel global. Este comportamiento de los mercados financieros nacionales le permite al Banco Mundial asegurar que América Latina posee un mercado de finanzas sostenible. Actualmente los principales emisores son Chile, Brasil y México.

Bonos verdes en Costa Rica. El Banco Nacional fue el primer emisor de bonos verdes en el 2016 poniendo a la venta 500 millones de dólares. La venta atrajo inversionistas de casi todo el mundo, especialmente de Europa (43%) y Estados Unidos (29%). Este capital extranjero permitió financiar diversos proyectos ambientales.

Por su parte el Banco Popular y de Desarrollo Comunal también realiza una emisión de bonos verdes por un monto de 50.000 millones de colones para atraer inversionistas internos que financien líneas de crédito verdes para energía renovable, eficiencia energética y gestión del agua.

El Instituto Costarricense de Electricidad se ha sumado a estos esfuerzos con la emisión de 30 mil millones de dólares para financiar energía renovable y recientemente Coopeguanacaste se incorporó al mercado con la emisión de bonos verdes por un monto de 31.000 millones de colones para la instalación de un parque de paneles solares para la generación de electricidad renovable.

En cuanto a las empresas privadas, también han emitido bonos verdes, Ecosolutions S.A. por un monto de 3,5 millones de dólares para la generación de energía con biomasa. Agroforestables S.A emitió un total de 9 millones de dólares para una plantación de árboles de hules. Green Trust International S.A. emitió bonos verdes por 4,5 millones de dólares para la certificación carbono neutro de centros educativos públicos del país.

Para Hartey, “el sistema financiero nacional está contribuyendo, desde el mercado de capitales, facilitando la incorporación de nuevos inversionistas que buscan contribuir de manera indirecta con el desarrollo sostenible. Además, para las empresas e instituciones emisoras el uso de este instrumento financiero mejora su imágen ambiente. Al mismo tiempo contribuyen con la diferenciación de productos, tanto en el mercado interno como el externo.”

Los bonos verdes son por tanto un instrumento adicional para mejorar la posición competitiva de las empresas y se constituyen en un mecanismo para transitar hacia una nueva forma de hacer negocios sostenibles.