“Mi muchachita, me la han arrebatado. Ella no se metía con nadie; lo más triste es que fueron las personas que supuestamente deberían haberla protegido, pero se hará justicia”, escribió en su muro de Facebook Norma Rodríguez, tras la muerte de su hija Keyla en una celda policial en el occidente de Honduras.

“Te amaré hasta la eternidad”, añadió junto a una fotografía de la universitaria de 26 años que ya no podrá hacer realidad su sueño de ser enfermera, en la cual pueden leerse distintos mensajes de apoyo y solidaridad.

Mientras el vacío persiste y el dolor parece agudizarse por tan irreparable pérdida, más sectores se suman a la exigencia de justicia, pues el hecho se registró bajo la custodia del Estado, y según trascendió en las últimas horas, tal y como se sospechaba dadas las inconsistencias entre la versión de la Secretaría de Seguridad frente al reporte de los médicos de turno del Hospital Enrique Aguilar Cerrato, los resultados preliminares de la autopsia realizada por Medicina Forense indican que la causa de muerte fue asfixia mecánica.

"Esto, de acuerdo a medicina legal, demuestra que fue un homicidio; sin embargo, todavía hacen falta algunos resultados anexos que agregar", informó al respecto el vocero del Ministerio Público, Yuri Mora, quien indicó que los fiscales que llevan a cabo esta investigación han girado instrucciones a la Dirección de Policía para que todos los agentes que estaban asignados a la posta donde se registró el hecho sean puestos a la orden de las autoridades.

“Toda muerte en custodia debe ser investigada como potencialmente ilícita y deberán analizarse posibles signos de tortura, lesiones y/o violencia sexual”, publicó en su cuenta de Twitter la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH).

“Los órganos y agentes deben investigar conforme a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos”, acotó la comisionada nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) también se pronunció a favor de una investigación inmediata, exhaustiva, con independencia, imparcialidad y responsabilidad en torno a la muerte de Keyla y que, de encontrarse mano criminal, se aplique todo el peso de ley a los responsables intelectuales y materiales.

Por su parte el Centro de Derechos de Mujeres (CDM) consideró que este hecho, que ha conmocionado a la población nacional e internacional, se suma al historial de abusos de poder y ejercicio desmedido de la fuerza que con o sin toque de queda han ejercido funcionarios públicos, sobre todo policías y militares, en contra de la población.

Según datos del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV/UNAH), en lo que va del año suman en el país 25 muertes violentas de mujeres, en su mayoría menores de 30 años.