EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO Y EL RECTOR M. SC. ING. MURPHY OLYMPO PAIZ RECINOS, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ANTE LA INSOSTENIBLE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA SUPERIOR, A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, A LA MISIÓN DE LA OEA EN EL PAÍS, A LA UNESCO, AL CSUCA, A LA UDUAL  Y A LA SOCIEDAD EN GENERAL

 MANIFIESTAN:

La Universidad de San Carlos de Guatemala, en los últimos años ha enfrentado serios problemas financieros que han llevado a la parálisis de la extensión de cobertura, el retraso en la inversión en infraestructura, maquinaria, equipo y tecnología que le ha limitado atender a su población usuaria de los programas de pregrado, grado y postgrado en tiempos de pandemia, así como el estancamiento de sus compromisos laborales que le permitan, a su personal académico, administrativo y de servicios, enfrentar la pérdida de capacidad adquisitiva del quetzal y la incapacidad de invertir en condiciones de bioseguridad para el retorno a la actividad presencial en los recintos universitarios en los 22 departamentos.  Todo esto derivado de que en la aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, desde 1986 a la fecha, no se ha respetado la programación con el situado constitucional en la forma, monto ni porcentaje contenido en la Constitución Política de la República, demostrando con ello que es un plan de debilitamiento de los gobiernos de turno.

Como institución, se han hecho los mejores esfuerzos para incrementar continuamente la calidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la extensión de cobertura, acreditación de carreras a nivel internacional y la atención de una demanda creciente año con año, sin que el presupuesto se ajuste a la existencia de nuevos recursos que atiendan las necesidades de funcionamiento, inversión y respeto de las garantías laborales. Esta situación ubica a Guatemala como uno de los países de América Latina que menos recursos asigna a la educación superior estatal por cantidad de estudiantes.

En el presente año la situación financiera universitaria se ha agravado debido a que la administración del Presidente, Doctor Alejandro Eduardo Giammattei Falla, no ha evidenciado la voluntad política para trasladar oportunamente los recursos financieros del situado constitucional y otros aportes extraordinarios, llegándose al extremo en que a noviembre aún hace falta el traslado de 275.6 millones de quetzales por parte del Ministerio de Finanzas Públicas, no obstante estar contenido en la ley del presupuesto vigente.

De continuar con esta tendencia, se pone en riesgo el derecho humano a la educación superior y los programas de docencia, investigación, servicios y extensión se verán recortados para el año 2021.  Además, esta crisis financiera que se ha venido acumulando está condicionando la capacidad de la Universidad para cumplir con sus compromisos en el pago de salarios de más de 15,896 trabajadores, el retraso en el pago de prestaciones laborales, cuota patronal al Plan de Prestaciones de los Trabajadores, entre otros compromisos, toda vez que la USAC no se ha detenido a lo largo del presente año en el cumplimiento de su mandato constitucional, atendiendo en el presente ciclo a 216,402 estudiantes. 

 Por lo anteriormente expuesto, se solicita:

1. Al Congreso de la República, tomar consciencia de que estamos a las puertas del cierre de programas educativos de investigación y extensión que se sirven en los 22 departamentos y que benefician directamente a las poblaciones que los diputados distritales representan ante el Organismo Legislativo, por lo que es importante su intervención para que no se vean afectadas en los beneficios que reciben de la USAC.                                                        

1. Al Presidente constitucional de la República de Guatemala, Doctor Alejandro Giammattei Falla, que considere una asignación extraordinaria en la readecuación del presupuesto 2021 que permita cumplir con los compromisos presupuestales ordinarios y los gastos que, de periodos fiscales anteriores, hacen que la Universidad aún tenga un millonario adeudo al Plan de Prestaciones de la USAC.
2. Al Ministerio de Finanzas Públicas, programe y traslade a la Universidad de San Carlos de Guatemala el monto presupuestario y financiero en ley para cumplir con los compromisos ineludibles en el presente ejercicio fiscal 2020, demandando enfáticamente que, para el 2021, se evite el manejo y retardo de los traslados presupuestales.
3. A la honorable Corte de Constitucionalidad solicitamos respetuosamente que evacúe los recursos de aclaración y ampliación interpuestos ante la sentencia emitida dentro del expediente 5510-2018, la cual permitirá resolver integralmente y de manera sostenida el agujero presupuestal de la institución.
4. A la comunidad universitaria, el llamado a su comprensión, toda vez que, como autoridades de nuestra casa de estudios, continuamos las gestiones necesarias para cumplir no solo con las responsabilidades patronales sino, además, garantizar una educación pública superior de calidad.

El desarrollo, el fortalecimiento institucional y la profundización de la democracia son producto de la inversión del Estado en una educación que proporcione oportunidades para el logro de los proyectos de vida de los ciudadanos; Guatemala merece que se haga la inversión pública en educación en todos los niveles, nuestra carta magna garantiza como un derecho humano el acceso a ella.

“ID Y ENSEÑAD A TODOS”