Miembros de la Comisión Especial de Investigación de Graves Violaciones a los Derechos de la Comunidad Universitaria señalaron, en la entrevista Escenarios de TVUES, la importancia del Derecho a la Verdad y el Derecho de Acceso a la Información.

Según la Jefa de la Unidad de Acceso a la Información de la Universidad de El Salvador, Maestra Sofía Briones, el Derecho a la Verdad es reconocido por la Sala de lo Constitucional; es decir, debe ser garantizado por el Estado.

“Lastimosamente (el Derecho a la Verdad) ha sido obstaculizado todos estos años. Las víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos de la década de 1970 hasta la firma de los Acuerdos de Paz no han tenido nunca el ejercicio de este derecho y después de más de 40 años de haber sido perpetrado estos hechos tampoco se ha podido ejercer ni la dimensión individual de las víctimas y su familia de poder acceder a la información, ni la dimensión colectiva de este derecho de que la sociedad en su conjunto pueda tener acceso a esta información”, señala Briones.

Según el Presidente de la Asamblea General Universitaria (AGU), el Licenciado Iván Hernández, hay un esfuerzo por la búsqueda de la verdad y la justicia en los casos de graves violaciones a los Derechos Humanos, encabezado por las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, de organizaciones de víctimas y sus familiares.

“Pero no ha sido el énfasis de los gobiernos de turno desde los Acuerdos de Paz, no solo en la gestión actual, sino en las anteriores. No ha habido un esfuerzo incisivo para los archivos militares. La Universidad de El Salvador viene haciendo este tipo de peticiones desde hace más de tres años y no hemos tenido respuesta efectiva, siempre ha habido algún mecanismo en que las autoridades del Ministerio de Defensa evaden esta responsabilidad”, asegura Hernández.

Briones afirma que abrir los archivos militares a la justicia salvadoreña permitirá tener certeza sobre los hechos que fueron perpetrados. En el caso de las familias considera que les dará tranquilidad el hecho de saber qué pasó y poder dar sepultura a las víctimas.

Además  dijo que los archivos son patrimonio del pueblo salvadoreño; es decir, que si bien ha sido generado por las fuerzas de seguridad en el marco de las funciones que ejercían en ese momento, constituyen patrimonio que  pertenece a todos los ciudadanos y ciudadanas, “Y  garantiza el derecho de vivir en paz y que estas atrocidades no vuelvan a repetirse”, señaló Briones.

De igual forma,  dijo que tener acceso a los archivos permitiría  “entender por qué el Estado consideró enemigos a sus propios ciudadanos y los persiguió, por qué la universidad se volvió un objetivo militar que había que perseguir en el marco del conflicto; el tener acceso a esa información permitiría saber cómo articuló el Estado esta política de persecución y aniquilamiento de sus propios conciudadanos dentro de ese periodo histórico”.

La Jefa del archivo central de la Universidad de El Salvador, Licenciada Margarita Blanco, menciona que es sumamente importante que los archivos de todas instituciones estén bien organizados para poder dar una respuesta en el momento en que se solicita la información. Es una garantía del acceso a la información inmediata y del respeto al derecho de la persona o institución que solicita una información.

Blanco añade que el archivo de la Universidad de El Salvador ha servido para hacer la recopilación de la información de los hechos sucedidos entre la década de los 70 y la firma de los Acuerdos de Paz, incluyendo las intervenciones militares realizadas a la alma máter y la masacre de los estudiantes del 30 de julio de 1975. Esta recopilación ha permitido, entre otras cosas, la verificación de los datos de los expedientes de los estudiantes asesinados en dicha masacre para otorgarles un título post mortem.

El Presidente de la AGU añade que la Universidad de El Salvador, a través de sus autoridades, y con el apoyo de instancias como la Comisión Especial de Investigación de Graves Violaciones a los Derechos de la Comunidad Universitaria,  no descansará en la búsqueda de la verdad y esperan que la entrega de la información se pueda hacer efectiva; si no lo es, la Universidad seguirá insistiendo por los mecanismos legalmente establecidos.