La Universidad de El Salvador fue notificada este día por El Instituto de Acceso a la Información Pública, sobre la resolución que ordena al Ministerio de la Defensa Nacional a realizar una nueva búsqueda de información en un plazo de 50 días en lo relacionado a las intervenciones y violaciones a los derechos humanos contra la Universidad de El Salvador en el período de 1970 a 1995.

Este caso y resolución fue emitida luego de un recurso de apelación presentado por el Rector Roger Armando Arias Alvarado, actuando en nombre y representación de la Universidad de El Salvador, en contra de la resolución emitida por el oficial de información del Ministerio de la Defensa Nacional, en fecha 13 de noviembre de 2018 y notificada vía electrónica el día 15 del mismo mes y año, que consistía en “Toda la información que haya sido generada, administrada o esté en poder del Ministerio de la Defensa Nacional y sus dependencias relacionadas con una serie operativos y procedimientos militares entre los años de 1970 a 1995.

La resolución es emitida pocos días después de la conmemoración del 45 aniversario de la masacre de estudiantes universitarios que marchaban sobre la 25 Avenida Norte, y que fueron reprimidos por fuerzas militares de la época. Este es uno de los hechos insignia por los cuales la Universidad ha dado seguimiento al proceso en el Instituto con el objetivo de esclarecer los hechos y responder ante los familiares de las víctimas de la comunidad estudiantil universitaria.

Entre otros hechos de los cuales el Rector en representación de la Universidad ha solicitado se encuentran la Intervención Militar del campus central de la Universidad de El Salvador perpetrada el 19 de julio de 1972 y la subsiguiente ocupación del campus que se prolongó por 2 años. La Intervención militar del centro universitario de occidente perpetrada el 25 de julio de 1975 y la subsiguiente ocupación del recinto universitario. También, lo referente a toda la información relacionada con el operativo militar que detuvo la manifestación universitaria realizada el 29 de octubre de 1979, incluidos los asesinatos de los manifestantes realizados a la altura del entonces mercado central, entre muchos otros hechos ordenados por los regímenes militares de la época y que violentaron los derechos de los miembros de la comunidad universitaria que hasta la fecha sigue sin conocerse la verdad.

“Este es uno de los logros del trabajo de la Comisión de Investigación de Graves Violaciones a los derechos de la comunidad universitaria y de la gestión del Rector Roger Arias que después de 2 años de muchos esfuerzos del Ministerio de Defensa tratando de bloquear la información, viene a demostrar que todavía hay esperanza en la recuperación de la verdad y poder darle respuesta a las víctimas”, aseguro el Lic. Iván Hernández, Presidente de la Asamblea General Universitaria y de la Comisión Especial de la UES.

En audiencia oral, del pasado 3 de marzo el Ministerio de la Defensa ratificó la inexistencia de la información solicitada por la UES en los archivos del MDN. En esa sesión el Pleno de Comisionadas/os ordenó solicitar al Archivo General de la Nación, por medio del Ministerio de Cultura, las copias certificadas de las actas de expurgo realizadas por dicha entidad, de información en poder del Ministerio de la Defensa Nacional, sin importar fecha de emisión de las actas o información entre los años mil novecientos setenta y mil novecientos noventa y cinco, con la finalidad de determinar cuál es la información que ha sido destruida y haya estado en poder del MDN.

En esa misma audiencia oral el Instituto de Acceso a la Información, acordó solicitar una inspección del presente caso para el 6 de marzo del corriente año, en el Archivo de Concentración del Estado Mayor de la Fuerza Armada. Ese día con el acompañamiento de la representación legal de la UES y la Comisión Especial de Investigación de la UES, el Ministerio de la Defensa negó el procedimiento aduciendo que el apoderado no había avisado de nuestra llegada..

En la resolución, el instituto señala que en el caso de no encontrarse la información antes mencionada, el Ministerio de la Defensa Nacional deberá “ejecutar diligencias encaminadas a recuperar o reconstruir la información solicitada, las cuales incluyen: recabar datos de las personas que pudieron tener acceso a la información solicitada o de quienes participaron, en todos los niveles, en las operaciones o los hechos alegados, y consultar registros históricos pertenecientes a otras instituciones estatales, privadas, nacionales e internacionales que pudieran contener información relacionada con la pretensión de la parte apelante.

Además del plazo de 50 días a partir del día siguiente de la notificación de la resolución para iniciar las diligencias mencionadas, el IAIP ordena al Ministerio de la Defensa Nacional que por medio de su titular, dentro de las 24 horas posteriores al vencimiento de este plazo, remita al instituto un informe  del cumplimiento de las ordenes contenidas en el mismo, en la que haga constar la entrega de la información al apelante, mediante la documentación pertinente , bajo pena de iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio.

“Esta resolución es importante porque sienta un precedente histórico en el país para poder reconstruir la información que tenga que ver con graves violaciones a los derechos y además abre las puertas para que otras instituciones o personas naturales puedan hacer realizar este proceso”, afirmó el Presidente de la Comisión de Investigación de Derechos Humanos de la UES, Lic. Iván Hernández.