Tras un variopinto conjunto de factores y eventos acaecidos desde 1808, cuando sufrió la invasión de su territorio peninsular por parte de los ejércitos napoleónicos, la monarquía española fue defenestrada, por lo que un grupo de individuos se coaligaron para oponerse a dicha usurpación. Así, junto al ámbito bélico, idearon también una lucha política, por lo que convocaron a Cortes, es decir, a su órgano legislativo. Pero, a diferencia del pasado, en el que no habían incorporado al territorio indiano (actual América), esta vez sí lo hicieron, lo que, para el caso de la colonial provincia de Costa Rica, significó la elección del presbítero Florencio del Castillo Villagra como su representante ante dicha entidad.

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Fue entonces, el 19 de marzo de 1812, cuando dichas Cortes emitieron en la ciudad de Cádiz la denominada Constitución Política de la Monarquía Española (o popularmente conocida también como Constitución de Cádiz), la cual se convirtió así en la primera figura jurídica de su tipo en la historia española, americana y costarricense. En el articulado de esta norma se dispuso la fundación de centros educativos escolares, colegiales y universitarios en todos los pueblos y según las necesidades de cada territorio. En el caso de Costa Rica, ello se canalizó a través del ayuntamiento de la ciudad de San José, asignándosele la materialización de dicho objetivo a uno de sus miembros: el presbítero Manuel Alvarado.

Por lo anterior, fue en abril de 1814 cuando inició funciones la novel entidad a la que se nombró simplemente como Casa de Enseñanza, ubicándose sus primigenias instalaciones en los almacenes de la Factoría de Tabacos (actual esquina noreste del Banco Central en San José) y bajo la dirección del bachiller nicaragüense en Filosofía Rafael Osejo Escamilla (nacido en la ciudad de León en 1790), quien había obtenido dicho grado académico en el Seminario Conciliar de San Ramón Nonato.