Hace poco leí una noticia en un medio de comunicación escrita en donde se daba cuenta de que en la ciudad de Heredia, en el edificio de los Tribunales, un detenido al que se le había dispuesto prisión preventiva, procedió a perseguir (con intenciones que no resultan difíciles de adivinar) a la jueza que había dispuesto tal medida cautelar de prisión en su contra. Según la información, la funcionaria tuvo que correr a refugiarse en una oficina en donde le abrieron la puerta y, con ello, consiguió poner a salvo su integridad física.

El incidente, bastante impactante y angustiante para la excompañera judicial que tuvo que ingeniárselas para ponerse a salvo, pone de nuevo de manifiesto la muy lamentable situación de inseguridad que se vive en los distintos edificios del Poder Judicial y en donde el día a día tiene que ser enfrentado por algunos y algunas mediante carreras por su vida o su integridad, mientras otras personas que ocupan altos puestos parece que tienen otros motivos de preocupación. Me permito señalar esto porque han existido situaciones similares desde hace más de veinte años, en donde un acusado golpeó al fiscal del debate, molesto por su actitud acuciosa (un solo golpe, dijo el Jefe de Seguridad de entonces, procurando minimizar el asunto), un acusado armado con arma de fuego amenazó y encerró a un fiscal en una bodega y procedió a encañonar a una abogada de la Defensa Civil de la Víctima y a un juez (curiosamente en Heredia también), una fiscala fue perseguida por un imputado por las oficinas e, igualmente como hizo la jueza herediana, debió correr para ponerse a salvo, y ni hablar del ataque con ácido a una amiga fiscala en Hatillo (en una oficina sin ninguna vigilancia) en un evento en el que no se logró la identificación del responsable.

Se podrá señalar que se trata de incidentes “aislados” y de que, evidentemente, los cargos judiciales conllevan un incremento del riesgo “usual” de otros trabajos. Eso es cierto, pero también lo es que las altas autoridades del Poder Judicial no han parecido incomodarse en relación con esta temática, dejando de lado que la institución, como patrono, tiene la ineludible obligación de garantizar, de manera adecuada y digna, la integridad física y emocional de quienes prestan sus servicios a la Institución. Con esto, lo único que se pone de manifiesto es que la distancia existente entre la cúpula judicial y el resto del personal va más allá del ancho de una simple calle, sino que se trata de aspectos que se ven condicionados por el ejercicio del poder.

Señalo este aspecto que es absolutamente preocupante en vista de que el Poder Judicial de Costa Rica muestra una desatención consciente o inconsciente en relación con el bienestar del recurso humano, el cual es fundamental para la buena marcha de una Institución. Una pequeña muestra de ello tiene lugar cuando en materia penal -que es la que generalmente atrae la atención de los medios de comunicación- se dicta una resolución que genera incomodidad o crítica por parte de la opinión pública, que generalmente no cuenta con una información completa y en donde la autoridad jurisdiccional generalmente resulta vilipendiada y crucificada en comentarios insidiosos e injustamente generalizantes en las redes sociales, respecto de lo que existe un silencio en la cúpula, que en ningún momento ha salido a recordar a la ciudadanía y al país el principio de independencia judicial, que con estas situaciones, ha venido a menos día con día.

Este panorama, sumado a que se trata de una institución lineal y autoritaria en donde abundan las directrices de índole administrativa que finalizan con la advertencia de que el incumplimiento será sancionado por la Inspección Judicial, pone de manifiesto que la centralización de poder (incrementada en la pandemia, lo que se refleja en el Cuarto Informe del Estado de la Justicia) marca una brecha cada vez más profunda entre la dirigencia y el resto del personal. Incluso hace unos años existió una iniciativa, que solamente puede ser calificada de ocurrencia, que pretendía obligar a jueces y juezas a realizar visita carcelaria para conversar con las personas detenidas a su orden (y a las que podrían haber condenado o bien enviado a prisión preventiva, como el caso de la noticia), pero dichosamente, el asunto nunca se llevó a cabo, para fortuna de las personas juzgadoras.

Se ha señalado que existe preocupación por las masivas renuncias de personal profesional, policial y técnico que se están produciendo en el tercer poder de la República. Evidentemente, el congelamiento en los salarios, los cambios en el régimen de jubilaciones y el día a día de las labores en un sistema que no brinda el real y justo valor (pese a ser la administración de justicia) al trabajo, facilitan esta frustrante situación que es el producto de la ideología neoliberal imperante que ha asestado severos golpes al Estado solidario construido en la década de los cuarenta del siglo pasado. Lastimosamente, es el país el que pagará las consecuencias y esta desbandada seguirá, pues cada vez es menos llamativo un puesto en el Poder Judicial y sus dependencias.

Quiero tener la esperanza de que la nueva incidencia que tuvo lugar en Heredia, cuyo edificio es incómodo y estrecho, mueva a que personas sensatas procedan de una vez por todas a adoptar las medidas del caso (mediante cambios sustanciales y no remedios oportunistas) con miras a salvaguardar la integridad física del personal judicial. En el pasado, una funcionaria, hoy jubilada, tuvo la “osadía” de cuestionar la seguridad existente en el curso de un debate y lo que logró fue la apertura de una causa disciplinaria que la Sala Constitucional dispuso archivar. Ojalá y no tengamos una desgracia que lamentar para que las cosas empiecen a funcionar mejor.