Con el objetivo de reflexionar sobre los principales avances y desafíos de Latinoamérica en cuanto al fortalecimiento normativo de la economía social solidaria, la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica realizó un encuentro entre la academia, el gobierno, y diferentes actores sociales, expertos internacionales y sociedad civil en general, para analizar este tema.

Gracias a esta iniciativa, se robusteció el proceso de reflexión y fortalecimiento de propuestas de legislación para que Costa Rica al igual que otros países de la región como México, Colombia, Ecuador y Uruguay, pueda a mediano plazo contar con leyes y políticas públicas en beneficio de la Economía Social Solidaria.

La economía social solidaria (ESS) ha sido definida en Costa Rica como el conjunto de actividades económicas y empresariales realizadas en el ámbito privado por diversas entidades, grupos sociales y organizaciones para satisfacer el interés colectivo y de las personas que las integran, y también el interés económico en general de los territorios donde se ubican.

Desde esta perspectiva, la economía social solidaria es clave para la región, en tiempos de creciente desigualdad, ya que permite la inclusión sociolaboral y el desarrollo de proyectos económicos, desde los principios de cooperación, ayuda mutua, gobernanza democrática y participativa, autogestión, autonomía e independencia.

Según la M.Sc. Yasy Morales, docente e investigadora de la Escuela de Sociología y coordinadora del encuentro, es vital impulsar legislación y políticas públicas que promuevan el fortalecimiento de las economías sociales solidarias, las cuales fortalecen procesos de integración social y productiva de distintas comunidades, poblaciones y territorios.

“La economía social solidaria es la forma que encuentran muchas poblaciones para poder generar un ingreso, ya que las condiciones de los mercados laborales resultan excluyentes por los horarios o requisitos que solicitan, por ejemplo para las mujeres que se responsabilizan de trabajos de cuidados y reproducción en los hogares y las comunidades, pero también para otras poblaciones. En el caso de las mujeres hemos visto como en las ferias de economía social solidaria y trabajo con organizaciones comunales y productivas en los territorios, ellas tienen una presencia muy importante, y hemos visto en otros países y continentes que la economía social solidaria tiene en buena parte rostro femenino, porque es la única forma viable que ven para resolver sus economías, uniéndose, apoyándose mutuamente y así han sostenido en gran parte las economías comunitarias. Y estas son economías que son invisibles porque no se cuantifican, pero que efectivamente tienen un papel muy importante en el bienestar comunal y en la cohesión social” dijo Morales.

En su opinión, en un país en donde la desigualdad social crece, el fortalecimiento de las políticas públicas y legislación de las economías solidarias es clave, como una forma de brindar una estructura de oportunidades de inserción laboral y de generación de riqueza a aquellas poblaciones y comunidades que de otra forma estarían siendo más excluidas.

El encuentro: "Experiencias Latinoamericanas en legislación y políticas públicas para la Economía Social Solidaria” se llevó a cabo este 17 de julio, y contó con la participación de diferentes expositores internacionales. El espacio fue organizado por las docentes Yasy Morales y Graciela Mora de la Escuela de Sociología de la UCR.

En la siguiente entrevista, Morales aborda a detalle cuál es la situación de Latinoamérica y de Costa Rica en cuanto a la importancia de la política pública para la economía social solidaria; así como cuáles son los principales desafíos en esta materia a mediano plazo.

¿Cuál es el estado de este tema en Latinoamérica y en Costa Rica?

En toda Latinoamérica hay leyes y políticas para el fomento de algunas de las figuras jurídicas que expresan una asociatividad productiva bajo el marco ético de la Economía Social Solidaria (ESS), entre esas, las cooperativas, las cuáles han tenido un reconocimiento y fomento desde entidades públicas por medio de institutos específicos para este fin. El vacío que se ha evidenciado en todos los países de la región es que muchas otras expresiones asociativas y comunitarias de la ESS se mantienen invisibilizadas y no tienen mecanismos de fomento, quedan en muchos casos excluidas de las políticas públicas para las Micro, Pequeña y Medianas Empresas (MIPYMES) por incomprensión de sus particularidades y esto tiene un impacto en la exclusión socioeconómica de poblaciones generalmente ya con cierto nivel de vulnerabilización en los territorios.

De ahí la necesidad que se ha identificado de crear leyes marco o leyes específicas para la Economía Social Solidaria.

En Honduras se tiene la Ley del Sector Social de la Economía (1985), Colombia se tiene una ley que determina el marco conceptual que regula la Economía Solidaria (1998). En Ecuador una Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria (la Economía Solidaria está reconocida en la constitución desde el 2008) y del Sector Financiero Popular y Solidario (2011), México tiene su ley de Economía Social y Solidaria (2012) y Uruguay tiene la Ley de Economía Social y Solidaria (2020).

Aparte del avance en el ámbito legislativo, existen decretos, planes, algunas políticas e institutos específicos para el fomento de la Economía Social Solidaria en varios de los países anteriormente mencionados, en Argentina, y en Brasil existió durante 15 años la Secretaría Nacional de la Economía Solidaria hasta la llegada del gobierno de Bolsonaro.

En Costa Rica tenemos instituciones de fomento del cooperativismo (INFOCOOP) y del comunalismo (DINADECO) que se crearon en la década del 60 y la década del 70, pero no de otras formas asociativas, hasta la creación de la Dirección de Economía Social Solidaria en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el 2015, dirección que tiene como responsabilidad el desarrollo de política pública para la ESS y en el 2020 elaboró junto a otros actores la Política Pública para la Economía Social Solidaria 2021-2025.