A esta altura del siglo XXI, es imposible pensar en una economía funcional y ágil sin un buen acceso a internet. Pese a que esto es bien sabido por las autoridades estatales, cantonales y empresariales, existen serios rezagos en la tramitación y colocación de infraestructura de telecomunicaciones que impiden una conexión óptima a la red, sobre todo desde dispositivos móviles.

Así lo expresa el informe La evolución de la regulación para el despliegue, instalación y desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica, elaborado por la investigadora Valeria Castro Obando, del Programa Sociedad de la Información y la Comunicación (PROSIC) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Se puede suponer que, en términos generales, existe conciencia desde las municipalidades de que una buena cobertura de internet mejora el acceso de su población a la web y también su competitividad y sus posibilidades de atraer inversiones a su territorio. Sin embargo, solo el 20 % de los cantones han aplicado el Reglamento de Construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), que en el Capítulo 19 bis regula la colocación de las torres de telecomunicaciones.

La causa de fondo es que las municipalidades han preferido aplicar sus propias normas, las cuales a veces carecen de un sustento técnico que favorezca una cobertura apropiada. Esto genera una falta de estandarización en la calidad de la regulación este tipo de infraestructura.

De acuerdo con Castro, una de las soluciones a este problema es la implementación de la normativa generada por el INVU en los gobiernos locales, la cual no tiene ningún costo adicional para las municipalidades.

Otra solución que puede ser inmediata es lograr que las capacitaciones sobre la infraestructura en telecomunicaciones lleguen al personal encargado de estos procedimientos en las municipalidades. De hecho, estas formaciones suelen ser recibidas solo por las autoridades cantonales, dejando en rezago a quienes realmente se ocupan de estas labores.

Aunado a lo anterior, también afloran los pasos excesivos para lograr la colocación de postería y otras instalaciones similares, lo que desincentiva a las empresas de telecomunicaciones a aumentar su infraestructura en los cantones.

Otro punto dentro de estas limitaciones a la cobertura de internet es la falta de incentivos específicos para promover el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones, más allá de lo establecido en el Reglamento de acceso, servicio universal y solidaridad del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel). Este fondo busca incentivar el acceso a los servicios de telecomunicaciones mediante el despliegue de infraestructura, la habilitación de servicios y el equipamiento a zonas donde el costo de instalar y mantener la infraestructura no es rentable desde el punto de vista financiero.

En palabras de Castro, para las empresas “no es atractivo” llevar sus servicios a zonas no son tan rentables. De ahí la necesidad de que las alcaldías tomen conciencia de que deben ser ellas las principales interesadas en hacer a su cantón más competitivo.

La investigadora enfatizó que los territorios situados en las periferias del país, que cuentan con menos recursos y personal capacitado, pueden enfrentar mayores dificultades en facilitar conectividad y, por lo tanto, también sufren en mayor medida la brecha digital en cuanto a conectividad.

La 5G: un reto que está encima

El tema de la infraestructura en telecomunicaciones cobra aún más importancia si se analiza en el contexto del lanzamiento de la red 5G o la quinta generación de redes móviles, que se estima esté lista para finales del próximo año. En este sentido, las empresas deberán hacer una inversión adicional en algunas estructuras (como más antenas o radiobases) para que puedan soportar o potenciar la cobertura.

Según Castro, facilitar las condiciones para colocar estos elementos adicionales será básico para implementar en todo el país la tecnología del futuro.

Ya desde un punto de vista más positivo, la funcionaria del PROSIC señala que el país ha dado pasos en firme en la regulación y la implementación de un enfoque colaborativo para el desarrollo de este tipo de infraestructura, gracias a la unión del sector de telecomunicaciones, que aglutina a los operadores, el ente regulador (la Superintendencia de Telecomunicaciones) y otras instituciones que participan en este proceso.

Además, la investigadora afirma que la rectoría en este tema está a cargo del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, la cual está reforzada por la claridad en los roles y las responsabilidades que le asigna a esa cartera la Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica.

Además, Castro considera que a nivel de Gobierno se han hecho esfuerzos por atacar las trabas a los procesos de ampliación de telecomunicaciones y puso como ejemplo las mejoras hechas al reglamento del INVU, la asesoría disponible para las municipalidades, o las canalizaciones en carreteras para llevar el cableado de internet.