A pesar de las múltiples acciones que se han impulsado desde CONARE en coordinación con los Consejos Universitarios, que incluyen reiteradas reuniones con legisladores, integrantes del poder ejecutivo, articulación con distintos sectores sociales y manifestaciones sociales, entre otras iniciativas; lamentamos la escalada en contra del Estado Social de Derecho, de la institucionalidad democrática y de la Autonomía Universitaria, como resultado de las recientes mociones aprobadas en el proceso de análisis y aprobación del proyecto de ley Marco sobre Empleo Público, en el seno de la Asamblea Legislativa y que, representa una violación al orden constitucional establecido, vaciando de contenido y propósito los artículos 84, 85 y 87 de la Constitución Política.

Esta mañana, el plenario legislativo aprobó la moción 279 reiterada por la Sra. Diputada Yorleny León Marchena (PLN), que anula de este proyecto cualquier vestigio de respeto a la Autonomía Universitaria en términos administrativos, políticos y organizativos. En caso de convertirse en ley de la República, automáticamente la universidad pública pierde la potestad de administrarse, organizarse y auto estructurarse, definir sus políticas, regular todas sus competencias y decidir libremente sobre su propio personal, en ejercicio de su potestad de autogobierno.

Sirva este nuevo tropiezo para ratificar el llamado que venimos haciendo hace meses, sobre la peligrosidad de esta ley, a la evidente inobservancia que se está haciendo al régimen constitucional vigente y a la reestructuración que propone del Estado costarricense.

Como en anteriores ocasiones recalcamos la importancia de respetar nuestra institucionalidad democrática, el orden constitucional, el principio de separación de poderes y el fortalecimiento del Estado Social de Derecho.

Agotaremos las instancias del diálogo y acercamiento a los señores y señoras diputadas y ante la eventualidad de que se llegue a aprobar este proyecto de ley, serán valoradas las acciones que contemple nuestro ordenamiento jurídico, como vía para restaurar el orden constitucional.