Hace 10 años, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ingresaron al Campus Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica (UCR), sin que mediara coordinación alguna con las autoridades universitarias, hecho que provocó una profunda reflexión universitaria y nacional sobre los límites y posibilidades de la autonomía universitaria. Por esa razón, desde 2011 los Consejos Universitarios de las cinco Instituciones de Educación Superior Estatal que integran el Consejo Nacional de Rectores (Conare), decretaron el 12 de abril como el Día de la Autonomía Universitaria.

Francisco González, rector de la Universidad Nacional (UNA) y presidente del Conare, resaltó que resulta imperiosa la necesidad de comprender y defender la autonomía universitaria, no solo para las instituciones de educación superior públicas, sino para la sociedad costarricense en su conjunto. Lo anterior, ante el irrespeto que los Poderes Ejecutivo y Legislativo han hecho, de manera absolutamente sistemática en los últimos tres años, de los artículos 84, 85 y 87 de la Carta Magna, que protegen constitucionalmente a la universidad pública y que crean a su favor principios y garantías de independencia administrativa, política, de gobierno, de organización, patrimonio, planificación y presupuesto.

González comentó que, en el caso de Costa Rica, la autonomía universitaria fue incorporada por primera vez en la legislación nacional en la Ley Orgánica de la Universidad de Costa Rica, mediante el artículo 4, publicada en la Gaceta Oficial 191, del jueves 29 de agosto de 1940. Posteriormente esta ley, conservando en su mayoría el espíritu originario fue elevada a rango constitucional, en 1949, mediante el artículo 84, que otorga a la educación superior: “…independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios”, según lo normara la Asamblea Nacional Constituyente del 49.

Agregó que la autonomía universitaria expresa el reconocimiento máximo que la sociedad costarricense le concede a una institución de carácter público, por considerarla legítima y pertinente en su aporte científico, cultural, artístico y formativo a la sociedad; compromiso que conlleva, simultáneamente, dos prerrogativas. Por un lado, la sociedad le otorga a la institucionalidad universitaria una especie de licencia que le asegura un rasgo distintivo frente otras dependencias públicas y por otro, la universidad asume, parafraseando a nuestro primer rector de la UNA, el Pbro. Benjamín Núñez: contraer un compromiso efectivo con su realidad nacional, que pueda servirle para cumplir su destino histórico con prosperidad, justicia y libertad”, destacó el presidente de Conare.

Autonomía hoy

González aseveró que sin embargo, hay evidencia contundente y notable de un cambio de rumbo acelerado respecto al carácter autonómico de las instituciones de educación superior públicas y el equilibrio de poderes del estado costarricense, el cual deja ver una nueva resignificación político-social, empeñada en dar un golpe de timón hacia otra concepción que entiende a la educación superior pública como un servicio público más, sujeto a las dinámicas particulares de la economía de mercado y al modelo de estado reducido al mínimo en su función social. “La Ley de Finanzas Públicas conocida como Ley 9635 en vigencia desde finales del 2019, tanto en sus títulos III de empleo público, como el IV que establece la Regla Fiscal, la separación en el ejercicio del presupuesto 2020 de 35 mil millones del Fondo Especial para la Educación Superior (Fees) en una partida de inversión y la inclusión de la universidades públicas al proyecto de Ley marco de empleo público, en su etapa final de aprobación en la Asamblea Legislativa, representan con meridiana claridad que nos enfrentamos ante una clase gobernante que no tiene reparo ninguno en violentar la Constitución Política, para transformar con estilo autoritario, el modelo de Estado Social de Derecho que ha caracterizado el desarrollo democrático de nuestro país”, expresó González.

Agregó que esa nueva clase gobernante, en asocio directo con los grupos económicos locales y trasnacionales, especialmente aquellas corporaciones educativas globales o entidades de gestión supranacional, tales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con mayor influencia en el contexto regional en los últimos años, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), empujan la balanza con fuerza hacia un nuevo modelo de desarrollo social con una deteriorada responsabilidad del estado en materia de educación pública.

González subrayó que esos grupos de interés buscan una enmienda, necesaria para poder trazar una nueva ruta para la educación superior costarricense cuyo corolario claramente es la privatización y desnacionalización de las instituciones públicas de educación superior. Muchas de las voces que se alzan contra el principio autonómico que sustenta la universidad pública, la condición de que esta goza por antonomasia de una autonomía especial, se han dado a la tarea de crear una suerte de “enemigo interno” en lo público, cuyo rostro hoy también lo dibujan en clave universitaria.

La autonomía universitaria conlleva la adopción de la veta del pensamiento crítico más ceñido, por aportar a la construcción de un modelo de desarrollo en clave de mayor equidad y justicia social, desde la investigación científica, artística y cultural, así como desde la extensión universitaria y la formación de profesionales; por motivar y acompañar la participación ciudadana en la atención de los problemas emergentes y estructurales de la sociedad y el medio ambiente. “Por ello, entre más vitalidad logremos impulsar al quehacer académico desarrollado en los diferentes espacios sociales y universitarios, más amplitud de sentido cobrará el principio constitucional de la autonomía universitaria y más vigoroso será el vínculo histórico entre la universidad y la sociedad!, concluyó González.