En medio de un acto solemne, el Consejo Nacional Rectores (Conare), conformado por las cinco universidades estatales, realizó el traspaso oficial de la presidencia de dicho órgano a Rodrigo Arias, rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), para el periodo 2022, en sustitución de Francisco González, rector de la Universidad Nacional (UNA), quien ocupó dicho cargo durante 2021.

En su discurso de cierre González externó sus mejores deseos de éxito al nuevo presidente del Conare, quien al igual que su persona, asume la presidencia de este ente rector en una coyuntura histórica planetaria y nacional sin precedentes, la cual espera lleve a buen puerto.

En cuanto a las tareas realizadas como presidente del Conare a lo largo de este año, González indicó que hizo frente a tres grandes obstáculos. El primero, la evidente intención del Ministerio de Hacienda de incluir a las universidades públicas en la Caja Única del Estado, aún cuando la legislación nacional, claramente las excluye. El segundo, la amenaza de continuar postergando los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para el próximo ejercicio presupuestario 2022 y el último, el propósito por parte de la Contraloría General de la República de aplicar la ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en la consideración de que los superávits generados como parte del FEES son de carácter libre y no específicos, en consecuencia, susceptibles de ser traslados a las arcas del Estado, aún cuando medien compromisos asumidos con anterioridad.

González agregó que cada una de estas amenazas reales, se enfrentaron y sortearon con rigor jurídico, carácter técnico y diálogo político, pero sobre todo con la meridiana claridad de la defensa del articulado constitucional que tutela y resguarda la autonomía universitaria y que ratifica la consideración de la educación superior costarricense como un bien público social con responsabilidad directa del Estado y no como un simple servicio público más, sujeto a las leyes invisibles del mercado.

Destacó que en medio de este contexto de beligerancia, al Conare y a las universidades públicas, les ha correspondido enfrentar con liderazgo nacional, hasta el día de hoy, el proyecto marco de ley 21336 Ley General de Empleo Público, desde sus primeras versiones con argumentaciones señeras, manifestando los roces de inconstitucionalidad respecto a la autonomía universitaria, las amenazas frente al equilibrio de poderes y el irrespeto, en términos generales al Estado Democrático y Social de Derecho, que hoy la Sala Constitucional ha ratificado y que desde la Procuraduría General de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la Corte Suprema de Justicia han respaldado con amplitud.

Por otro lado, en el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia, González destacó el apoyo del Programa de Estado de la Nación, para desarrollar un conjunto de iniciativas orientadas a la reflexión con visión prospectiva del país, como por ejemplo el documento: “La Costa Rica del Bicentenario y los desafíos del desarrollo humano nacional: la visión del Conare”, un manifiesto que efectúa una lectura sintética sobre la evolución reciente, situación y perspectivas de Costa Rica al cumplir doscientos años de su independencia y que parte de la premisa de que el Bicentenario de la Independencia es una ocasión propicia para una deliberación por parte de la ciudadanía, sus organizaciones y sus representantes en los poderes de gobierno sobre lo que la sociedad costarricense es, puede y quiere llegar a ser.

Dos resultados relevantes durante el segundo semestre del 2020 y en el primero del 2021, fue el hecho de que no se redujo la matrícula y las instituciones hicieron importantes aportes para atender la crisis sanitaria, tanto en términos financieros como en productos de investigación y acción social. La acción social de las universidades públicas desplegó su potencial para apoyar a la población, principalmente en las áreas de salud (apoyo psicológico), activación económica (apoyo y asesoría) y educación para estudiantes en especial de secundaria. “En esta última área, la continuación de acciones de apoyo educativo y de nivelación para ellos, pasada la pandemia, abriría la oportunidad de subsanar parte de las pérdidas de los aprendizajes debido a las interrupciones prolongadas de las clases en secundaria y de atenuar la caída en el acceso que se observó previo al 2020”, detalló González.