Por unanimidad y con amplio respaldo a la gestión actual, la Asamblea de Representantes de la Universidad Nacional (UNA) aprobó, por separado, los informes de rendición de cuentas de la Rectoría correspondiente a los años 2020 y 2021, este 8 de julio, en el auditorio Cora Ferro Calabrese.

La Asamblea de Representantes es el órgano colegiado superior universitario que, entre otras funciones, define las políticas institucionales de mediano plazo y es también la instancia ante la cual deben presentar su informe anual de rendición de cuentas la Rectoría, el Consejo Universitario y el Consejo Académico.

La representación está constituida por 46 académicos con cargos de dirección de unidad académica (que tienen un peso del 60 % en la votación), 14 administrativos (15%) y 11 estudiantes (25%). A esta Asamblea, que se realizó de forma presencial por primera vez en la presente administración, asistieron 25 representantes del sector académico, 12 del administrativo y dos del estudiantil, para una asistencia del 54,92%.

Durante su presentación, Francisco González Alvarado, rector y Marianela Rojas Garbanzo, rectora adjunta, explicaron cómo factores de alta incertidumbre, complejidad y crisis del contexto internacional, nacional e institucional impactaron a la institución. Enumeraron las medidas que tomó la administración durante los dos períodos para hacer frente a situaciones como la crisis sanitaria ocasionada por la covid-19, la sostenibilidad financiera, la crisis mundial de la cadena de suministros, las amenazas a la autonomía universitaria y los ajustes presupuestarios derivados de la aplicación de la regla fiscal. Asimismo, detallaron las acciones que se han implementado para la construcción del Plan de Mediano Plazo Institucional (PMPI 2023-2027), así como el fortalecimiento de las sedes regionales y del fondo de becas estudiantiles.

Tras su exposición, el rector González resaltó la continuidad del servicio que tuvo la UNA durante la pandemia, la voluntad que tiene su gestión por fortalecer el quehacer sustantivo de la institución y la defensa de la educación superior como un bien público, un derecho humano y una responsabilidad de los estados.