El futuro de las universidades públicas está en manos de la Asamblea Legislativa.  Ante el rechazo del Poder Ejecutivo de la propuesta de ajuste de un 4.06% para el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES), planteada por la Comisión Nacional de Rectores (Conare) en la Comisión de Enlace, y el ultimátum del gobierno de solo conceder el 1%, se rompió el diálogo en la última sesión, el 16 de agosto.

De esta forma el Ejecutivo trasladó la negociación al Legislativo, según lo faculta el artículo 85 de la Constitución Política (“Cualquier diferendo que surja, respecto a la aprobación del monto presupuestario del plan nacional de Educación Superior Estatal, será resuelto por la Asamblea Legislativa”).

Mientras tanto, las universidades públicas han programado reuniones con las diferentes bancadas de la Asamblea Legislativa, con el propósito de exponer las razones por las que un ajuste de solo el 1% resulta inviable para su sostenibilidad financiera y su operación mínima. Algunos partidos ya han manifestado su respaldo a la educación superior; incluso el PUSC exhortó al gobierno para que vuelva a la mesa de negociación y el PLN presentó un recurso de amparo ante la Sala IV contra el Gobierno pidiendo que se restablezca la negociación en la Comisión de Enlace; para la primera iniciativa el plazo vence el viernes 30 de agosto.

El panorama de que sea la Asamblea Legislativa la que apruebe—por primera vez en la historia—el  FEES no se ve como el más sombrío. De hecho, fue este órgano el que resolvió, por vía del archivo o la enmienda, proyectos que buscaban debilitar las universidades: La Ley de empleo público (se identificaron 14 artículos que reñían con la autonomía universitaria), Ley Reguladora del Fondo Especial para la Educación Superior (se archivó), Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (se excluyeron de la aplicación de la regla fiscal los rubros relacionados con becas, subsidios, recursos propios obtenidos por la venta de servicios, donaciones y superávit acumulado) y Ley de caja única o Manejo eficiente de la liquidez del estado (la Comisión de Hacendarios excluyó a las universidades públicas por lo que conservan la potestad de administración autónoma de sus finanzas).

“No quiero decir que no pasa nada, pero tampoco lo contrario: que la Asamblea Legislativa nos haya cerrado las puertas”, expresó Francisco González, rector de la Universidad Nacional (UNA). Gracias a sus múltiples reuniones con diferentes legisladores, el rector asegura que la institución se ganó la cercanía y el respeto, pues ha documentado todas las acciones que se han venido realizando, aún con un presupuesto cada vez más exiguo, producto de una estrategia mayor: desfinanciar lo público.

Por lo pronto, será la Comisión de Hacendarios, integrada por once diputados, la que estudie la propuesta del FEES, antes de que el proyecto se discuta en el plenario. González aclaró que aún en el peor de los escenarios, la Asamblea Legislativa no puede, por las mismas disposiciones constitucionales, rebajar el monto ya asignado, como tampoco “meterse” en otro tema sensible y de resolución exclusiva del Conare: la redistribución del presupuesto entre las universidades.

¡A la marcha!

Ante el panorama anterior, las universidades públicas se sumará, este miércoles 28 de agosto, a la Movilización Nacional por la Educación Pública y la Agenda Social de Costa Rica, convocada por sectores, agrupaciones y colectivos sociales. La concentración partirá a las 9 a.m. del parque de La Merced hacia la Plaza de la Democracia, en San José.

El rector González hizo un llamado a “levantar la voz en defensa de la educación pública en todos sus niveles”, dado el deterioro sistemático de inversión en infraestructura y servicios, la negativa a asignar un presupuesto justo y sostenible, y la ausencia de un verdadero liderazgo ministerial.

Con el propósito de asegurar la participación de la comunidad universitaria de la UNA en la marcha, se instruyó el cambio de actividades de 8 a.m. a 2 p.m., pero la Rectoría aclaró que corresponderá a las personas superiores jerárquicas coordinar lo que sea necesario para que el personal asista a la marcha pacífica, sin afectar los servicios esenciales, incluida la regulación del teletrabajo para el sector administrativo y de gestión académica-administrativa. Se pidió también a las autoridades académicas coordinar con el personal docente para que se reprogramen las actividades evaluativas y de aprendizaje que se tengan contempladas el 28 de agosto en la franja horaria indicada.

Al finalizar la marcha se entregará un manifiesto a los diputados de la Asamblea Legislativa en las que se expondrán las razones por las que se debe otorgar un presupuesto justo a las universidades. “No se trata del presente, sino del mediano y largo plazo”, sentenció González.

El futuro de las universidades públicas está en manos de la Asamblea Legislativa.  Ante el rechazo del Poder Ejecutivo de la propuesta de ajuste de un 4.06% para el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES), planteada por la Comisión Nacional de Rectores (Conare) en la Comisión de Enlace, y el ultimátum del gobierno de solo conceder el 1%, se rompió el diálogo en la última sesión, el 16 de agosto.

De esta forma el Ejecutivo trasladó la negociación al Legislativo, según lo faculta el artículo 85 de la Constitución Política (“Cualquier diferendo que surja, respecto a la aprobación del monto presupuestario del plan nacional de Educación Superior Estatal, será resuelto por la Asamblea Legislativa”).

Mientras tanto, las universidades públicas han programado reuniones con las diferentes bancadas de la Asamblea Legislativa, con el propósito de exponer las razones por las que un ajuste de solo el 1% resulta inviable para su sostenibilidad financiera y su operación mínima. Algunos partidos ya han manifestado su respaldo a la educación superior; incluso el PUSC exhortó al gobierno para que vuelva a la mesa de negociación y el PLN presentó un recurso de amparo ante la Sala IV contra el Gobierno pidiendo que se restablezca la negociación en la Comisión de Enlace; para la primera iniciativa el plazo vence el viernes 30 de agosto.

El panorama de que sea la Asamblea Legislativa la que apruebe—por primera vez en la historia—el  FEES no se ve como el más sombrío. De hecho, fue este órgano el que resolvió, por vía del archivo o la enmienda, proyectos que buscaban debilitar las universidades: La Ley de empleo público (se identificaron 14 artículos que reñían con la autonomía universitaria), Ley Reguladora del Fondo Especial para la Educación Superior (se archivó), Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (se excluyeron de la aplicación de la regla fiscal los rubros relacionados con becas, subsidios, recursos propios obtenidos por la venta de servicios, donaciones y superávit acumulado) y Ley de caja única o Manejo eficiente de la liquidez del estado (la Comisión de Hacendarios excluyó a las universidades públicas por lo que conservan la potestad de administración autónoma de sus finanzas).

“No quiero decir que no pasa nada, pero tampoco lo contrario: que la Asamblea Legislativa nos haya cerrado las puertas”, expresó Francisco González, rector de la Universidad Nacional (UNA). Gracias a sus múltiples reuniones con diferentes legisladores, el rector asegura que la institución se ganó la cercanía y el respeto, pues ha documentado todas las acciones que se han venido realizando, aún con un presupuesto cada vez más exiguo, producto de una estrategia mayor: desfinanciar lo público.

Por lo pronto, será la Comisión de Hacendarios, integrada por once diputados, la que estudie la propuesta del FEES, antes de que el proyecto se discuta en el plenario. González aclaró que aún en el peor de los escenarios, la Asamblea Legislativa no puede, por las mismas disposiciones constitucionales, rebajar el monto ya asignado, como tampoco “meterse” en otro tema sensible y de resolución exclusiva del Conare: la redistribución del presupuesto entre las universidades.

¡A la marcha!

Ante el panorama anterior, las universidades públicas se sumará, este miércoles 28 de agosto, a la Movilización Nacional por la Educación Pública y la Agenda Social de Costa Rica, convocada por sectores, agrupaciones y colectivos sociales. La concentración partirá a las 9 a.m. del parque de La Merced hacia la Plaza de la Democracia, en San José.

El rector González hizo un llamado a “levantar la voz en defensa de la educación pública en todos sus niveles”, dado el deterioro sistemático de inversión en infraestructura y servicios, la negativa a asignar un presupuesto justo y sostenible, y la ausencia de un verdadero liderazgo ministerial.

Con el propósito de asegurar la participación de la comunidad universitaria de la UNA en la marcha, se instruyó el cambio de actividades de 8 a.m. a 2 p.m., pero la Rectoría aclaró que corresponderá a las personas superiores jerárquicas coordinar lo que sea necesario para que el personal asista a la marcha pacífica, sin afectar los servicios esenciales, incluida la regulación del teletrabajo para el sector administrativo y de gestión académica-administrativa. Se pidió también a las autoridades académicas coordinar con el personal docente para que se reprogramen las actividades evaluativas y de aprendizaje que se tengan contempladas el 28 de agosto en la franja horaria indicada.

Al finalizar la marcha se entregará un manifiesto a los diputados de la Asamblea Legislativa en las que se expondrán las razones por las que se debe otorgar un presupuesto justo a las universidades. “No se trata del presente, sino del mediano y largo plazo”, sentenció González.