2 de junio del 2021. Este miércoles el Consejo Nacional de Rectores envió un pronunciamiento firmado por los cinco rectores de las universidades públicas a la Asamblea Legislativa, sobre el proyecto de Ley de Empleo Público, en el cual manifiesta su oposición contra el contenido y la aprobación del proyecto tramitado mediante el expediente legislativo No. 21.336.

En reiteradas ocasiones CONARE ha expresado públicamente su posición en defensa y respeto al Estado Constitucional y Democrático de Derecho, bajo un sistema de división de poderes donde las funciones de legislar, impartir justicia y administrar el Gobierno estén separadas para asegurar el buen funcionamiento del Estado. La posición de CONARE se fundamenta en:

- El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son propias y le está vedado al Poder Ejecutivo impedir o estorbar las funciones propias de los demás poderes del Gobierno, especialmente del Poder Judicial, del Tribunal Supremo de Elecciones y de las Municipalidades (artículos 9 y 149 de la Constitución Política).

- La organización política del Estado constitucional costarricense está cimentada en la igualdad e independencia entre los tres poderes del Gobierno de la República y la descentralización de los servicios públicos esenciales frente a los mismos mediante la creación de un régimen de instituciones descentralizadas y de un régimen de gobierno territorial municipal que gozan de autonomía administrativa y de gobierno, a fin de garantizar a los ciudadanos el disfrute de sus derechos constitucionales fundamentales asociados a los servicios que dichas instituciones les deben proporcionar en forma independiente. Constituyen estos elementos el fundamento de nuestro Estado Social de Derecho.

- El régimen de servicio civil fue establecido en el artículo 191 y 192 de la Constitución Política con la finalidad de garantizar el desarrollo del empleo público alejado del vaivén y control políticos asociados al Poder Ejecutivo y a los cambios de su mandato. El Servicio Civil debe gozar de plena independencia frente al Poder Ejecutivo y el Estatuto de Servicio Civil debe regular las relaciones de servicio de los funcionarios públicos sin perjuicio de la independencia que deriva de la organización política descentralizada autorizada por la propia Constitución Política.

- El régimen universitario estatal costarricense comprende desde su origen preconstitucional competencias plenas en materia de administración, organización y gobierno de su propio régimen de empleo, independencia que nuestra Constitución Política le garantizó al elevar su contenido a rango constitucional en los artículos 84, 85 y 87, siendo por ello esta materia una de sus competencias constitucionales originarias que no puede ser limitada ni menoscabada por la legislación ordinaria, tal y como ha sido reiterado en amplia jurisprudencia constitucional aplicable.

- La propuesta de Ley de Empleo Público contenida en el expediente legislativo 21336 a iniciativa del Poder Ejecutivo, promueve en su propio beneficio una desproporcionada centralización de un poder de dirección y un aumento irracional de control político sobre todos los demás poderes que conforman el Gobierno de la República, la independencia del gobierno de las instituciones autónomas de servicio ciudadano, de los gobiernos territoriales municipales y suprime el contenido propio de las competencias constitucionales originarias de las universidades estatales, en clara violación de los artículos 9, 84, 85, 87, 149, 191 y 192 de la Constitución Política.

Asimismo, las instituciones de educación superior universitaria públicas del CONARE, ante las consultas remitidas por la Comisión Legislativa competente sobre el expediente legislativo 21.336, han explicado con detalle y denunciado públicamente que dicho proyecto de ley:

Quebranta el régimen de institucionalidad democrática costarricense contenido en el orden constitucional.

Atenta contra la descentralización de servicios estatales esenciales,
Revierte la despolitización del empleo público defendida en nuestra Constitución Política, restaurando el excesivo y centralizado poder y control político del Poder Ejecutivo sobre el mismo, en contra de la voluntad de la Asamblea Nacional constituyente,

Atenta contra la garantía de independencia entre poderes de la República,
Desalienta la educación pública, entendida como la más importante inversión social,
Violenta el régimen de independencia de las instituciones de educación superior universitaria estatal que los artículos 84, 85 y 87 constitucionales garantizan en materia de administración, organización, planificación, gobierno y patrimonio, y

Someten a las instituciones autónomas al poder centralizado del Ejecutivo en todos los ámbitos esenciales de su independencia en materia de gobierno,

Carece de estudios técnicos que justifiquen el contenido de la propuesta, el desmantelamiento del Estado Social de Derecho que ella implica, así como la demostración de los supuestos ahorros que derivarán de su eventual aprobación dentro del contexto y los efectos del congelamiento de salarios derivado de la vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Nº9635 del 3 de diciembre de 2018.

Autoriza un cierre masivo de plazas en el Sector Público en cuanto MIDEPLAN las consideren no esenciales para el servicio público y disponga exteriorizar esos servicios.

Imposibilita el ejercicio del derecho a una negociación colectiva en el Sector Público en contra de la propia Constitución Política y las convenciones internacionales emitidas por la OIT.

Las advertencias y denuncias realizadas por las instituciones universitarias estatales y sus comunidades, reunidas organizada y periódicamente en manifestaciones públicas, fueron ignoradas por los diputados de la Asamblea Legislativa, quienes así advertidos de las consecuencias de sus actos, avanzaron conscientemente a la aprobación de un proyecto de Ley que atenta contra el Estado Social de Derecho, el orden constitucional, la organización política del Estado y abdicar su juramento constitucional.

Por lo anterior, el Sistema de Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal se oponen a la aprobación del proyecto de ley 21336 en cuanto:

Se aparta e ignora las necesidades del desarrollo de la institucionalidad pública nacional y los propósitos fundamentales que inspiraron nuestra Constitución Política,
Implica un desmantelamiento del Estado Social de Derecho,
Genera un eventual ahorro económico y contable de las finanzas públicas sin valorar su impacto en la calidad y la inversión permanente que requieren los servicios públicos,
Debilita la gobernanza del país en cada uno de los ámbitos del servicio público que han sido descentralizados por disposición constitucional,

Atenta contra los principios que deben inspirar la concepción, desarrollo y aseguramiento del personal requerido para la existencia de un servicio público altamente capacitado y profesionalizado para poder alcanzar las metas de la agenda nacional en desarrollo sostenible,
Atenta contra el régimen de independencia y autonomía constitucionales conferido a las universidades estatales, y

No es resultado de un proceso de legitimación social resultante del diálogo participativo entre sectores sociales que genere la convicción nacional en cuanto a la necesidad de cualquier reforma en empleo público y de sus alcances, sin perder las oportunidades ni los valores propios del ser costarricense.

Distorsiona el fundamento ético y religioso de la objeción de conciencia al invocarla erróneamente como causal para excluir a funcionarios del cumplimiento de su deber de capacitación como garantía de continuidad, eficiencia, calidad y adaptabilidad del servicio público en favor de los ciudadanos.

Por las razones expuestas CONARE insta al Poder Ejecutivo como a la Asamblea Legislativa la convocatoria de un proceso de concertación social que analice la situación del Empleo Público en el país y su sostenibilidad, evaluando los efectos ya generados por la vigencia de la Ley Nº9635 del 3 de diciembre de 2018 y los múltiples aspectos que deben ser analizados en una propuesta de regulación nacional en esta materia.

CONARE reitera el compromiso inclaudicable de las instituciones de educación superior universitaria estatal por el ejercicio de su misión institucional como conciencia lúcida de la realidad nacional y de instancias de generación de soluciones a los grandes problemas que enfrente la sociedad costarricense.