Luego de la publicación del voto emitido por la Sala IV Constitucional, la noche del sábado 31 de julio de 2021, en relación con 35 inconstitucionalidades de fondo presentes en la Ley Marco de Empleo Público, la reacción en distintos sectores no se ha hecho esperar.

Shirley Benavides, directora de la Escuela de Economía y Fernando Rodríguez coordinador del Observatorio Económico y Social (OES), ambos investigadores de la Universidad Nacional (UNA), son del criterio que los magistrados dejan muy claro el debido respeto a la institucionalidad y a la autonomía universitaria, entre otros aspectos.

Rodríguez expresó que la Sala IV ha sido clara que, en materia de ordenamiento del empleo público en Costa Rica, no se puede contravenir el diseño constitucional vigente desde la promulgación de la Constitución Política en 1949.

De la misma forma que se deben las autonomías existentes en materia de educación superior de las universidades estatales, seguridad social, municipalidades y la independencia de poderes. “En ese sentido es necesario legislar para regular el empleo público, pero acatando estas particularidades y manteniendo ese respeto al diseño de la Constitución vigente”, comentó Rodríguez.

Agregó que a partir de ahora lo recomendable es la elaboración de un nuevo texto que respete y defina principios orientadores para la materia de empleo público.

A la vez que permita fortalecer la gestión del recurso humano en el ámbito del sector público, promoviendo su productividad y crecimiento profesional. “No con un enfoque fiscalista, que en todo caso no es el elemento que genera presión sobre las finanzas públicas, sino más bien lo concerniente al crecimiento del gasto en intereses”, subrayó el economista de la UNA.

Recalcó que es fundamental retomar este tema con la claridad del caso, pero con el debido respeto a la Carta Magna y a las leyes, para no volver a intentar atropellarlas de la manera en que se pretendía realizar.

Autonomía se fortalece

Shirley Benavides, directora de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA), expresó que en el análisis realizado por los magistrados queda manifiesto el respeto a la institucionalidad y a la autonomía universitaria estipulada en la Constitución Política.

“Esto viene nuevamente a fortalecer esa autonomía y la enorme responsabilidad que tienen las universidades públicas ante el desarrollo, el crecimiento, el aporte y la transferencia de conocimiento a la sociedad costarricense”, agregó Benavides.

La economista indicó que cuando el texto sea replanteado por las autoridades de gobierno deben revisarse y considerarse una serie de elementos que, de hecho, brinden un aporte al desarrollo y a las finanzas públicas.“Desde la academia insistimos que el proyecto de Empleo público no se ajustaba en el tiempo y la forma, para ser una solución eficiente y eficaz ante la situación económica que afronta el país”, aseveró la especialista.