El Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional (UNA) expresa su profunda preocupación ante la creciente violencia contra las mujeres en Costa Rica, evidenciada en la alarmante escalada de femicidios, debido a la inacción o ineficacia de las acciones estatales para cumplir con su deber de prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres. 

En los primeros 27 días de este año, cinco mujeres han sido asesinadas, tres de ellas en un trágico intervalo de apenas 12 horas. Esto significa que es el registro de enero más elevado en los últimos cinco años.

Estas cifras se suman a las 82 muertes violentas de mujeres registradas en 2024, según el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, de las cuales 26 fueron clasificadas como femicidios, 16 como homicidios y 40 permanecen en análisis.  

Esta realidad pone de manifiesto profundas desigualdades de género históricas y estructurales y la desvalorización de la existencia de las mujeres. El incremento de los femicidios, con episodios de ensañamiento y violencia extrema, refleja un grave incumplimiento en la protección de los derechos humanos. Además, este contexto perpetúa la normalización de la violencia en los ámbitos social, cultural y mediático, al reforzar el impacto simbólico de estos crímenes.  

El problema no es un hecho aislado, sino que responde a un panorama más amplio, caracterizado por el debilitamiento de la institucionalidad pública, la reducción de programas educativos y preventivos, y la persistencia de discursos de odio que alimentan actitudes discriminatorias. Estas dinámicas afectan los esfuerzos por construir una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia.  

Desde el Instituto de Estudios de la Mujer, hacemos un llamado a las autoridades del Estado costarricense para que redoblen su compromiso en la protección de los derechos de las mujeres mediante acciones concretas y efectivas:  

1. Restauración y fortalecimiento de programas educativos: Es imperativo restituir y fortalecer de inmediato las iniciativas que promuevan la igualdad de género, la prevención de la violencia y el respeto por los derechos humanos desde las primeras etapas de formación así como la eliminación de los roles y estereotipos de género. La falta de estas herramientas educativas perpetúa las discriminaciones y sostiene la violencia estructural que afecta a las mujeres.  
2. Políticas públicas efectivas y accesibles: El Estado tiene la responsabilidad ineludible de diseñar e implementar medidas integrales que garanticen servicios especializados, oportunos y accesibles para mujeres en situación de violencia. No cumplir con esta obligación constituye un incumplimiento grave de sus deberes como garante de los derechos humanos y la seguridad de su población.
3. Compromiso institucional firme: Es fundamental que las autoridades estatales asuman con determinación su rol de liderar, con un discurso claro y acciones contundentes, el rechazo a toda forma de violencia, incluida la violencia simbólica. El Estado debe demostrar con acciones concretas su compromiso con la construcción de una sociedad que valore y proteja la vida de las mujeres, que erradique la discriminación y garantice un entorno seguro para todas, haciendo la debida inversión de tiempo, esfuerzo y recursos de todo tipo. 

Solo a través de un esfuerzo conjunto como sociedad podremos construir un país más seguro y libre para todas las personas.  Es momento de actuar con decisión para proteger la vida de las mujeres y garantizar su derecho a vivir sin violencia.