Costa Rica se encuentra en una situación delicada, producto del impacto del COVID 19 y su nueva ola de contagios, al tiempo que la recuperación económica es lenta, muy dispareja (en los últimos meses, la actividad de las empresas del régimen especial crece a tasas cercanas al 15%, la de las pertenecientes al régimen definitivo, se contrae alrededor del 7%) y en dos de los sectores más perjudicados por esta situación (Transporte y Almacenamientos; Alojamiento y Servicios de Comida), por el momento, la recuperación es inexistente; siendo que los impactos sociales de esta crisis podrían acompañarnos por un tiempo largo, en caso de no tomarse medidas específicas y oportunas destinadas a la atención de este tema.

Es por esa razón que el Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, reitera algunas recomendaciones planteadas desde el año anterior, al tiempo que proponemos un replanteamiento de la discusión política en el país, para dar espacio a cuestiones urgentes y de mayor impacto social.

En primer lugar, no habrá una recuperación económica plena, entendida esta como el crecimiento de la economía del país en forma que pueda reducirse el desempleo, la pobreza y la desigualdad, si no salimos de la crisis sanitaria producida por la pandemia del COVID 19. En ese sentido es importante que se tomen medidas para evitar un colapso sanitario en el corto plazo, que impliquen un balance entre el control apropiado de actividades humanas para evitar aglomeraciones, el apego estricto a protocolos sanitarios y la difusión de información clara entre la población.

Tal y como lo señalamos el año anterior, al presentar nuestra propuesta al Gobierno de la República en agosto del 2020, nos parece importante separar las medidas de política en 2 partes: medidas de corto plazo enfocadas en la atención de los efectos inmediatos de la crisis y medidas de mediano y largo plazo que busquen la sostenibilidad de la deuda pública. En el caso de las primeras, no se ha implementado, aún, ninguna medida que busque obtener más recursos para mejorar las ayudas públicas, aumentar los recursos disponibles para FODESAF e IMAS (que se vieron afectados por el aumento en el desempleo y la reducción de las contribuciones sociales) y destinar recursos al salvataje de pequeñas y medianas empresas.

Creemos que, eso sí, aún existe la necesidad de avanzar en esto y la reactivación económica que el país ha tenido desde el año pasado, por sí sola no garantiza una mejora en los indicadores sociales.

En ese sentido reiteramos nuestras de propuestas de:

Introducir un aporte adicional, temporal, en el impuesto sobre la renta que pagan las personas asalariadas, que sea creciente y que arranque con un porcentaje más bajo sobre los salarios menores, aplicando un porcentaje mayor sobre los salarios más altos.

Incrementar también el impuesto a las rentas de capital para aquellos casos en los que las mismas no se vean afectadas por la actual situación. Nos referimos aquí sobre todo a las rentas recibidas por el pago de intereses y dividendos.

Incorporar temporalmente un tramo adicional de 30% en el impuesto sobre la renta de las personas físicas con actividad lucrativa, por encima de ₡30 millones de renta neta anual.
Pedir un aporte temporal tributario adicional a las empresas gananciosas (o en efecto, que no se han visto perjudicadas) en esta crisis, así como a las empresas de zonas francas y a las grandes empresas del sector cooperativo, con base en las ganancias reportadas del año fiscal 2020.

Como lo señalamos en su momento, las modificaciones propuestas deben construirse tomando en cuenta la capacidad financiera de los distintos grupos y su resiliencia ante la situación que hemos estado enfrentando; además, debe ser progresiva, con una temporalidad claramente definida desde el principio y el menor impacto macroeconómico posible, tratando de obtener un aporte mayor de aquellas personas y empresas que se han visto menos golpeadas por la crisis.

En cuanto a las reformas para el ajuste de mediano y largo plazo, debemos pensar en formas para gravar las mayores expresiones de riqueza, en línea con lo planteado por el propio FMI y las Naciones Unidas (por medio de distintos órganos). Adicionalmente, debemos pensar en gravar a aquellos sectores y actividades que generan externalidades ambientales negativas, para generar los recursos necesarios para resolver los problemas que enfrentaremos más adelante, una vez que salgamos de la crisis. Al respecto proponemos:

Una reforma total del impuesto sobre la renta, que incorpore aspectos propuestos en los últimos años, particularmente en las administraciones Chinchilla Miranda y Solís Rivera, en cuanto a la reforma de este impuesto, al tiempo que se incorporan la mayor cantidad de propuestas hechas al amparo de la Estrategia BEPS de OCDE.

Creemos importante la inclusión de elementos que eviten la fuerte erosión de la base imponible que sufrimos hoy, particularmente en el impuesto sobre las utilidades de las personas jurídicas, donde el incumplimiento en el impuesto alcanza el 70%. Debe modificarse la norma de subcapitalización aprobada en el 2018, que no cumple las recomendaciones emanadas de BEPS. Es hora, además, de discutir la inclusión de la renta mundial en nuestra legislación y la posibilidad de dar el salto paulatino a la integración de las diferentes rentas para efectos tributarios (renta global), que integre los ingresos personales por actividades lucrativas y las rentas de capital, buscando la mayor progresividad posible.

Generar una ley para gravar la riqueza, basándose en experiencias internacionales y en recomendaciones emanadas de los organismos internacionales, que han planteado este tema a la luz de la actual crisis. Como una opción a este punto, y que puede elaborarse más rápidamente, se puede pensar en un impuesto a las transacciones financieras, que elimine del gravamen los movimientos de algunas fuentes y que pueda generar recursos en el corto plazo. Sobre este tema ya hay experiencias internacionales, propiamente en América Latina, que se pueden valorar.

Empezar la discusión de una reforma fiscal verde, que grave las actividades generadoras de gases de efecto invernadero, los productos plásticos de un solo uso, los insumos productivos que impactan negativamente la salud y el medio ambiente, que grave bienes y actividades de alto consumo de energía, y que introduzca incentivos para la transición verde de la economía nacional.

El país debe dar seguimiento a la discusión que se está dando en el mundo sobre el impuesto mínimo global, cuáles serían sus consecuencias, sus impactos fiscales, qué reformas podrían implicar y cómo aprovechar tributariamente esa situación.
Como señalamos anteriormente, la crisis actual es de una magnitud suficiente como para no obviar ninguna opción posible para canalizar recursos a la atención de la misma, o para disminuir las presiones sobre el financiamiento del Gobierno Central y que esto le permita atender las necesidades derivadas de esta situación.

No podemos valorar las alternativas a las que vayamos a optar con base en experiencias anteriores o con fundamentaciones meramente teóricas, y descartar a priori medidas que vendrían a dar un gran alivio a la gestión pública. En ese sentido creemos urgente que el papel del Banco Central sea más activo y facilite la acción del gobierno central, por medio de la compra de deuda pública en el mercado primario, lo que se está haciendo en otros países desde el año anterior y que podríamos canalizar de forma que pueda revertirse cualquier presión inflacionaria futura (que no existe en el presente).

Volvemos a plantear la propuesta de hacer la reforma legal necesaria para autorizar al Banco Central a realizar esta compra en condiciones controladas, un monto fijado por año en función del monto global de necesidades de financiamiento, y por una cantidad máxima de años. La compra debería suceder a tasas de interés sumamente bajas, cercanas idealmente a la tasa de política monetaria.

Esto reduciría la presión actual que el pago de intereses hace sobre el déficit fiscal, siendo la variable del gasto de más rápido crecimiento en los últimos años (entre el 2018 y el 2020, el gasto total del Gobierno Central creció a una tasa promedio del 5%, mientras que el pago de intereses lo hizo en 17%), permitiendo así, concentrar el esfuerzo fiscal en la recuperación económica, la protección de las personas y hogares más vulnerables, así como el impulso al crecimiento en el corto plazo.

En el caso de iniciativas que busquen la reactivación económica, es importante traer rápidamente a discusión el proyecto de Ley de Creación del Fondo de Avales y Garantías para la Reactivación Económica, haciendo dos ajustes importantes: debe destinarse, por disposición de la propia ley, una parte predefinida de los avales y garantías a empresas consideradas por el MEIC como pequeñas y medianas empresas (PYMES), a fin de evitar que los avales y garantías se otorguen en función de la obtención de mayores utilidades para las entidades financieras; y los fondos destinados por el Ministerio de Hacienda a este fin, deben eximirse de la aplicación de la regla fiscal, o en su defecto, obligaría al Ministerio a reducir otras transferencias para ajustarse a la aplicación de dicha regla, con impactos negativos.

Finalmente, el país ha destinado un tiempo desproporcionadamente largo en la discusión de un proyecto de ley que no va a contribuir a la reactivación económica, que no va a producir resultados fiscales en el corto plazo (es una reforma compleja que tendrá una implementación igualmente compleja) y cuyo impacto ha estado sujeto a cuestionamientos sobre la certeza de los números y supuestos utilizados.

Mientras la Asamblea Legislativa ha utilizado su tiempo casi en forma mayoritaria en la discusión del Proyecto de Ley Marco de Empleo Público, el país no ha discutido ni aprobado ninguna medida en el sentido de lo aquí planteado, o alguna propuesta similar. El país necesita rectificar esto y plantear medidas para impulsar el crecimiento, el proceso de reactivación como salida de la crisis requiere políticas dirigidas a ese fin.