El Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (INEINA-UNA) organizó, el 9 de septiembre, el Foro Retos de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024-2036. El evento reunió a académicos, expertos y estudiantes para examinar aspectos clave de la política pública dirigida a la niñez y adolescencia en Costa Rica.

José Francisco Pacheco, académico de la Escuela de Economía de la UNA, hizo hincapié en la necesidad de redirigir más recursos hacia la primera infancia. Subrayó que, aunque la educación primaria y secundaria es importante, la inversión en los primeros años tiene un impacto más duradero en el desarrollo y bienestar de los menores. “La inversión en los primeros años de vida es crucial para combatir la pobreza infantil, que afecta a cerca del 40% de los menores de 12 años en Costa Rica. La falta de recursos limita el acceso a la educación, con un 25% de los menores fuera del sistema educativo por razones económicas”, mencionó. Pacheco también abordó los desafíos de financiamiento, propuso una política de universalización similar a la de Kenia y recomendó revisar las políticas fiscales para asegurar el financiamiento adecuado para la niñez y adolescencia.

Bruno Rodríguez Solís, de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, presentó los obstáculos en la implementación de la nueva Política Nacional de Niñez y Adolescencia, que se extenderá hasta 2036. Rodríguez comentó sobre los problemas de financiamiento y coordinación entre niveles de gobierno. “Al elaborar el Plan, el mayor reto es cómo implementar las propuestas con los recursos disponibles”, afirmó. Además, enfatizó la importancia de crear espacios para la participación de niños y adolescentes y de realizar evaluaciones continuas para ajustar la política cuando sea necesario.

Ana Teresa León Sáenz, ex profesora de la UNA, ofreció una crítica sobre la política actual, señala la necesidad de generar un cambio hacia la protección integral de la niñez y adolescencia. León Sáenz argumentó que la política debería centrarse en prevenir violaciones de derechos en lugar de reaccionar a ellas. “La protección integral implica crear condiciones desde la concepción hasta la adolescencia para prevenir la violación de derechos, en lugar de solo atender problemas cuando surgen”, sostuvo. Destacó también la falta de inversión y la desigualdad educativa, así como los efectos negativos de la pandemia y el uso excesivo de tecnología.

Pablo Chaverri, académico de la UNA, concluyó el foro con una reflexión sobre los retos que enfrentan los jóvenes de hoy. Chaverri discutió la necesidad de mejorar el sistema educativo y de protección social, así como el impacto de la tecnología y los cambios demográficos. “La adolescencia se extiende hasta los 25 años y es esencial ofrecer un apoyo adecuado durante este período”, afirmó. Llamó a desarrollar políticas públicas basadas en evidencia y a mejorar la calidad del cuidado y crianza en los primeros años de vida.

El foro destacó la urgencia de enfrentar estos desafíos para garantizar que las políticas públicas en nuestro país sean efectivas y contribuyan a mejorar la calidad de vida de la niñez y adolescencia. Los expertos coincidieron en que la asignación adecuada de recursos y la implementación de políticas eficaces son fundamentales para el desarrollo futuro del país.