La amenaza de truncar el futuro de miles de estudiantes, especialmente de comunidades más vulnerables, es latente. La advertencia la volvieron a plantear especialistas del área, durante el foro Brechas sociales y educación pública en Costa Rica, efectuado en la Universidad Nacional (UNA), el pasado 13 de agosto.
Ante este panorama, plantearon un llamado urgente a la acción para enfrentar la crisis, dadas las graves consecuencias que las crecientes brechas sociales tienen sobre el sistema educativo.
Martín Parada Gómez, vicerrector de extensión de la UNA , advirtió que la educación pública está “bajo amenaza”. En su intervención, recordó las luchas de hace más de tres décadas por defender las becas y el ascenso social, y señaló que los recursos estatales son desviados de sectores clave como la educación, la salud pública y la infraestructura, con un interés claro de privatizar los bienes públicos. “El Producto Interno Bruto crece cada año, pero la distribución de esos recursos es cada vez más desigual”, argumentó.
Isabel Román Vega, coordinadora del Programa Estado de la Educación, presentó datos alarmantes sobre la pobreza en nuestro país, pues, según afirmó, permanece estancada en el 20% de los hogares desde hace más de 30 años. Román destacó que un millón de hogares se encuentran en situación de pobreza o en riesgo de caer en ella, y que los niños son los más afectados. “La pobreza tiene rostro, no números”, enfatizó y subrayó que la inversión en educación es fundamental para romper el ciclo de la pobreza. Precisó que cada año adicional de escolaridad aumenta en 2,4 puntos las oportunidades de empleo, pero lamentó que los recortes en la inversión educativa reducen las posibilidades de los estudiantes más necesitados.
Pablo Chaverri Chaves, académico del INEINA, alertó sobre el impacto de la desigualdad en el rendimiento educativo: “las sociedades más desiguales producen peores resultados educativos”, recordó. Explicó también que la desigualdad genera preocupación, estrés y ansiedad, y que afecta tanto a los pobres como a quienes no viven en pobreza, y esto impide un buen desempeño académico y afecta el desarrollo cognitivo y socioemocional de los estudiantes.
Alfredo Ortega Cordero, jefe de la dirección de desarrollo curricular del MEP, y Eliana Montero Rojas, profesora jubilada de la Universidad de la Universidad de Costa Rica, también enfatizaron, desde sus perspectivas sobre la necesidad de fortalecer la educación pública como herramienta clave para combatir las desigualdades y mejorar las condiciones de vida de la población.
El foro concluyó con un consenso entre los expertos: es urgente un compromiso renovado y una inversión significativa para fortalecer la educación pública en Costa Rica, y garantizar un futuro más equitativo para todo el estudiantado, dado que el sistema educativo enfrenta su peor crisis en décadas, y las acciones que se tomen ahora serán determinantes para el futuro del país.
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