Denunciar ante la ciudadanía costarricense la ofensiva de los sectores políticos y económicos que promueve –con la anuencia de los poderes ejecutivo y legislativo—el desmantelamiento del estado social de derecho, que ha sido sustento de la paz social en nuestro país, acordó la Asamblea de Centro del Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional (UNA), como parte de un pronunciamiento, emitido el 23 de febrero pasado, ante la situación actual del país y la defensa de la autonomía universitaria.

Se trata—según el documento—de un intento deliberado por consolidar en Costa Rica la agenda para un estado neoliberal cuya instauración supone la sustitución de los principios humanistas de igualdad y equidad social por los del mercado y el gran capital.

El personal académico del Centro también acordó requerir a las autoridades de Poder Ejecutivo y Legislativo respetar y hacer respetar la Constitución Política, en lo conducente al estatuto de autonomía de las universidades públicas del país.

Generar alianzas

Asimismo, el pronunciamiento respalda las acciones emprendidas por las autoridades de la Universidad Nacional (UNA) y del Consejo Nacional de Rectores (Conare) en defensa de la autonomía universitaria y, a la vez, les instan a generar amplias alianzas con los diversos sectores sociales para defender el estado social de derecho, el derecho a una educación superior pública de calidad y el respeto a la autonomía universitaria

Entre los principales considerandos que fundamentan los anteriores acuerdos, el pronunciamiento—suscrito por el presidente de la Asamblea, el decano Juan Diego Gómez—destaca que a partir del año 2018 frente a una crisis fiscal derivada del creciente deterioro de las finanzas públicas, a la que se sumó en 2020 otra de naturaleza sanitaria producida por la pandemia del Covid-19, los Poderes Ejecutivo y Legislativo iniciaron un proceso de ajuste y cierre de la economía, cuyo enfoque ideológico ha socavado el estado social de derecho que, durante setenta años, fue el fundamento de la paz social en el país.

Según el documento, el conjunto de acciones desplegadas por el gobierno y la Asamblea Legislativa, se fundamentan en un ajuste estructural muy similar al impulsado durante los años ochenta, caracterizado por la implementación de políticas de deflación orientadas a: 1) la reducción del gasto público con base en el congelamiento de los salarios del sector público y la eliminación de incentivos y garantías laborales para este sector; y 2) la puesta en marcha de un ajuste o reforma fiscal con la finalidad exclusiva de aumentar los ingresos del gobierno central, a costa del empobrecimiento de los sectores más vulnerables de la economía, mediante la Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

El ajuste impulsado también está caracterizado por la aplicación de medidas de desregulación de los mercados laborales, en particular aquellas dirigidas a: a) la desregulación de las relaciones laborales (Ley de Autorización de reducción de jornadas de trabajo ante la declaración de Emergencia Nacional. Ley N°. 9832, aprobada el 21 de marzo del 2020 y el Decreto Ejecutivo N°. 42248. Suspensión temporal de contratos, aprobado el 19 de marzo del 2020. b)  La restricción del derecho a la huelga en el sector público, y quebrantan su capacidad como instrumento de defensa de los trabajadores,
por medio de la promulgación de la Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, N °. 9808 del 16 de enero del 2020. c) El propósito de desvirtuar y liquidar otros derechos laborales como la Convención Colectiva, como instrumento de regulación de las relaciones entre trabajadores y patronos como mecanismo para mejorar las condiciones de trabajo de acuerdo con el Capítulo Tercero, artículos 54 a 65 del Código de Trabajo.

El pronunciamiento destaca que numerosos órganos de la Universidades Públicas de Costa Rica, conscientes del estado de las finanzas públicas, han elevado diversas propuestas fundamentadas en las ciencias (económicas, sociales y políticas), para la atención de crisis, la mayoría de ellas desatendidas por las diferentes instancias del ejecutivo y el legislativo.

Por respuesta se han obtenido, más bien, contrapropuestas fiscalistas orientadas a la reducción del gasto mediante el recorte del empleo público, un aumento de impuestos regresivos, lo cual atenta contra las clases populares y medias del país.

 Ataque contra institucionalidad

El pronunciamiento también hace referencia a la campaña de desprestigio desplegada por sectores políticos y grupos de presión con intereses particulares, contra la institucionalidad pública y sus funcionarios, aduciendo que el sector público, que representa el 27% de la fuerza formal, goza de privilegios salariales que presionan el gasto público de manera desmesurada.

Esta campaña—añade el documento—aunada a las consecuencias psico-sociales generadas por la pandemia, enerva los ánimos de los sectores sociales, provocando animadversión entre partes y poniendo en riesgo la paz social.

También destaca el ataque recurrente y virulento contra las instituciones de educación superior pública, favorecedoras de movilidad social y enriquecedoras del acervo científico y de conocimiento del país.

Esta maniobra desarrollada por las autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo—dice el pronunciamiento— violenta el régimen de autonomía de las universidades del Estado, reduciendo sus asignaciones presupuestarias, obligándoles a incluir en sus procesos de gobierno autónomo, normas como la Regla Fiscal devenida del Título IV, artículos 5, 9 y 10 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y, además, incluyéndoles en el Proyecto de Ley de Empleo Público.

“El propósito inequívoco de las autoridades del Poder Ejecutivo es reducir las asignaciones presupuestarias y anular la aplicación de sus propias normas del autogobierno a las universidades, provocando un debilitamiento de la actividad académica y afectando a la comunidad educativa de las universidades públicas, en detrimento de su misión constitucional”.

Foto: La Asamblea del Centro de Estudios Generales instó a generar amplias alianzas con diversos sectores sociales en defensa del estado social de derecho, en un pronunciamiento suscrito por el decano Juan Diego Gómez. (Tomada de Facebook CEG).