Economistas Carlos Conejo y David Cardoza, del Proyecto de Estudios Fiscales de la UNA, subrayan que ante la emergencia sanitaria por el covid-19, el equilibrio fiscal debe esperar porque es tiempo de asegurar que las familias puedan cubrir las condiciones mínimas de subsistencia y de evitar que la economía colapse.

“Hoy los objetivos de política pública no pueden ser contener la inflación, reducir el déficit fiscal o evitar que la deuda pública se dispare, como sería en tiempos normales. La meta hoy debe ser salvar vidas y evitar que la economía colapse”, aseguran los economistas Carlos Conejo y David Cardoza, del Proyecto de Estudios Fiscales de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (ESEUNA).

Para ello –sostienen- es preciso fomentar el gasto de la población, lo cual en esta coyuntura requiere políticas fiscales expansivas, ayudando a mantener a flote el empleo y la producción nacional. 

Los especialistas Conejo y Cardoza reconocen que Costa Rica dio un paso importante en la búsqueda de la consolidación de las finanzas públicas, con la aprobación de la ley 9635; particularmente con la regla fiscal incluida en dicha ley, cuya implementación inició en el 2020.  Sin embargo, el Covid-19 ha venido a cambiar las prioridades de la política fiscal en el país y en el mundo.

Ante la emergencia causada por el Coronavirus, el gobierno ha implementado una serie de medidas, como la moratoria en el pago de impuestos, la reducción de algunas cargas sociales y el otorgamiento de créditos extendidos a las empresas y personas más afectadas por la recesión económica. 

También se creó un fondo especial de un billón de colones para contar con liquidez para hacer frente a la emergencia de manera oportuna.  Estos recursos representan alrededor de un 3% del PIB y provienen del proyecto “Ley Pagar” que es una contribución de distintas instancias públicas (₡226 mil millones), Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) (₡287 mil millones), un empréstito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)-Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) (₡216 mil millones) y del proyecto de titularización de utilidades del Instituto Nacional de Seguros (INS) (₡288 mil millones).                                                                                                            

“Si bien este es un fondo muy significativo, constituye un monto insuficiente, dada la gravedad de la crisis sanitaria y económica que acecha al país”, insisten.

Más recientemente, el presidente de la República señaló la conveniencia de solicitar un aporte solidario a los ciudadanos de mayores ingresos, particularmente el establecimiento de un impuesto a los costarricenses con ingresos superiores a un millón de colones mensuales.

“Es innegable que el espíritu de la iniciativa es loable por su carácter solidario, pero claramente no es el momento oportuno para el establecimiento de nuevos impuestos. Es tiempo para asegurar que las familias costarricenses cuenten con los ingresos que les permitan cubrir las condiciones mínimas de subsistencia, a expensas del equilibrio fiscal”, subrayan los economistas del Proyecto de Estudios Fiscales.

El país, y el mundo, están en una condición económica excepcional, nunca vista en los últimos cien años, y por eso las medidas pertinentes para hacerle frente también deben ser excepcionales.

Es por eso que consideran que hoy más que nunca cobran vigencia las políticas expansión del gasto, como medidas transitorias, ante la necesidad de contener un descalabro económico y social mucho más profundo de lo que están pronosticando los organismos financieros internacionales.

Esta situación –admiten- implicará un amplio deterioro de las finanzas públicas. El gobierno recaudará menos y gastará más. La deuda pública superará con creces el 60% del PIB. Sin embargo, estiman que no hay mayores alternativas y que, más bien, restringir el gasto público en esta coyuntura constituye una medicina que agrava la enfermedad.

Cabe señalar que el artículo 16 del título IV de la ley 9635 establece la posibilidad de dejar sin efecto la regla fiscal, cuando el país es declarado en emergencia nacional o cuando se tengan proyecciones de crecimiento económico inferiores al uno por ciento.

En ese sentido, los especialistas de la UNA estiman que es momento de activar esa cláusula y eliminarle restricciones de gasto al gobierno, para que pueda atender de manera oportuna la emergencia. No obstante, advierten que lo que no debe perderse es el horizonte de los ajustes fiscales transitorios y necesarios durante esta crisis, para luego retomar el sendero de la disciplina fiscal que se venía tratando de implementar.

Insisten en que hoy primero está la salud y el bienestar de las personas.  El equilibrio fiscal tendrá que esperar a que pase la emergencia sanitaria y que se retome la confianza ciudadana.  Sin embargo, recalcan que una vez superada la pandemia, el gobierno debe retomar con rigor los objetivos de estabilidad macroeconómica, el plan de consolidación fiscal y manejo de la deuda pública, para evitar que la recesión económica de resaca sea más desastrosa que la emergencia sanitaria.

Los eventos actuales advierten sobre futuras crisis sociales y económicas con implicaciones ambientales, cómo enfrentarlas y superarlas será tarea de todos los sectores de la sociedad costarricense.

Conejo y Cardoza destacan que en este contexto nacional, el Proyecto de Estudios Fiscales de la ESEUNA, se ha planteado entre otros objetivos, determinar los efectos de las políticas públicas sobre el desempeño fiscal, económico y ambiental, y aportar elementos que posibiliten la sostenibilidad fiscal, estabilidad económica y la sustentabilidad ambiental del país.