El hecho de que Santa Cruz, Nicoya, Liberia y Carrillo concentren la mayor cantidad de metros cuadrados en desarrollos inmobiliarios de alto valor adquisitivo durante 2023, evidencia que Guanacaste vive un segundo repunte de inversión igual al experimentado en la primera década del siglo XXI; sin embargo cada ciclo de construcción fue antecedido por protestas comunales socioambientales en defensa del recurso hídrico, así lo informó el Observatorio de Turismo, Migraciones y Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional (OBTUR-UNA).

Una primera lectura hecha por el Observatorio a los datos emanados del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) reveló que la provincia de Guanacaste afronta un segundo repunte de inversión igual de importante a la experimentada entre los años 2002 y 2007, hasta la crisis financiera global del 2008, con la diferencia que el repunte actual presenta un mayor ritmo en un periodo de tiempo más corto.

Un análisis bibliográfico realizado por los académicos de OBTUR-UNA, Esteban Barboza y Arturo Silva determinó que los principales conflictos socioambientales en Guanacaste, relacionados con desarrollos turísticos e inmobiliarios, han tenido su asidero en movimientos sociales (bloqueos, marchas, perifoneo o vigilias), los cuales suceden cada periodo de aumento en inversión turística e inmobiliaria en comunidades costeras.

Barboza y Silva detallaron que desde el inicio de la explosión inmobiliaria en el 2000 hasta 2021 ocurrieron 17 acciones directas en cuatro comunidades de la provincia.

La comunidad de la Lorena de Santa Cruz, registró en el 2000 cuatro manifestaciones contra la intención del hotel Meliá Conchal de tomar agua del acuífero Nimboyores para abastecer sus instalaciones. Posteriormente, en 2014 y 2018 ocurrieron dos movilizaciones más por el mismo motivo.

En 2008, en Sardinal de Carrillo, los pobladores se lanzaron a las calles en siete ocasiones oponiéndose a la instalación de un acueducto para trasladar agua de los acuíferos locales a un conglomerado residencial en playas del Coco. Posteriormente, en 2019 se dio una última movilización en contra de la inauguración formal del acueducto.

La comunidad de Potrero de Santa Cruz en 2014 se manifestó frente a las oficinas administrativas del acueducto rural que incluyó un enfrentamiento con la policía; luego se realizó una vigilia nocturna en las bombas de agua que abastecen a la comunidad. Ambas acciones rechazaban la pretensión de varios complejos residenciales lujosos de tomar agua para abastecer sus instalaciones.

Para 2021, en Nosara de Nicoya, grupos organizados marcharon en apoyo a un reglamento que pretendía regular el crecimiento de residencias turísticas en dicho distrito y áreas circundantes al Refugio de Vida Silvestre Ostional. El acto fue en respuesta a la suspensión del reglamento provocado por un desarrollador inmobiliario de la zona.

Basados en lo anterior, los investigadores de OBTUR concluyen que el ritmo de inversión actual provincial muestra una mayor recuperación que en el periodo previo de 2002 al 2007. A la vez, cada ciclo de aumento de inversión se vincula con episodios de protestas y movilización social en comunidades costeras de la provincia. La concordancia, inversión inmobiliaria y conflictos socioambientales, basados en la defensa del agua, se mueve históricamente hacia las playas ubicadas al sur de la provincia, en las cuatro comunidades señaladas.