Las universidades estatales, de cara al aseguramiento de su sostenibilidad financiera y en el marco de su autonomía constitucional, han tomado decisiones y modificado su normativa para homologar sus pluses salariales al Título III de la Ley 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Estos cambios han sido aplicados por algunas desde el año 2019 y otras a partir del 2020.  De igual forma, han cumplido con Título IV de “Responsabilidad Fiscal de la República”, de la ley citada.  

Además, como parte del apoyo de las universidades al país, para enfrentar su situación económica, aceptaron un ajuste de su presupuesto 2021 de un 5% respecto al monto que constitucionalmente les correspondía, lo que significan ₡27 590 millones menos. Todo esto, sin afectar el número de cupos de estudiantes de primer ingreso y la calidad del servicio educativo y el quehacer universitario en general.

La Universidad de Costa Rica y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, renegociaron sus convenciones colectivas. La Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Técnica Nacional no tienen convenciones colectivas.

En el caso de la Universidad Nacional si bien la Convención Colectiva está homologada y prorrogada por el Ministerio de Trabajo hasta abril del 2023, ha iniciado desde finales del año pasado un proceso de negociación entre el sector sindical y las autoridades, para modificar artículos puntuales asociados al peso presupuestario del rubro laboral, como parte de las medidas de contención del gasto y sostenibilidad financiera en general.

Para el año 2021 ninguna universidad pública ni el Consejo Nacional de Rectores tiene previsto el pago de reajuste salarial, ni de anualidad.

En los últimos ejercicios presupuestarios y con mayor énfasis en el 2020, las universidades estatales han aplicado otras medidas de contención del gasto como son:

o   Dedicaciones exclusivas solo para personas licenciadas y según el interés institucional

o   Disminución de plazas administrativas

o   Disminución del porcentaje de dedicación exclusiva

o   Restricción y reducción del pago por tiempo extraordinario

o   Revisión y reducción de cargas académicas para la asignación de jornadas

o   Reducción de cuartos de tiempo adicional en académicos

o   Disminución en porcentajes y regulaciones para el incentivo por mérito académico para personal administrativo

o   Revisión y ajuste de normativa para carrera profesional o administrativa y régimen académico

La ejecución de éstas y otras medidas administrativas ha generado ahorros significativos en las finanzas universitarias, lo cual ha sido invertido en reforzar los programas de becas estudiantiles, hacer aportes en investigación y desarrollo, logística de distribución y acción social comunitaria para atender el flagelo de la pandemia COVID-19 y realizar aportes importantes al bono proteger impulsado por el gobierno para ayudar económicamente a las personas más vulnerables, desempleadas y en condición de pobreza extrema.

Aporte solidario para la atención de la pandemia COVID-19

Asimismo, las universidades públicas y el CONARE contribuyen al país en la atención de la crisis económica y la emergencia producto de la pandemia por COVID-19, fortaleciendo y ampliando su apoyo a los estudiantes por medio, entre otros, de sus programas de becas a estudiantes afectados por la situación económica de sus familias, en este contexto se incrementó en el 2020, el aporte a los fondos internos de becas y otras ayudas a estudiantes por ₡6 230 000 000.  También se apoyó al sector estudiantil con la dotación de instrumentos tecnológicos y pedagógicos necesarios para continuar sus procesos de formación profesional en un modelo de educación no presencial, posibilitando la permanencia de los estudiantes y la continuidad de sus estudios en la educación universitaria pública.  Este aporte se une al trabajo científico y tecnológico desarrollado por las universidades estatales durante esta pandemia.

Además, aportaron de manera solidaria la suma de ₡48 000 000 000, acordando con el Gobierno disminuir el monto del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) incluido en el Presupuesto Nacional, en ₡35 000 000 000 como transferencia de capital y ₡3 200 000 000 como transferencia corriente, esto implicó en las instituciones de educación superior estatal la postergación de inversiones de capital y de algunos proyectos, así como la reducción de diferentes rubros de gasto. Se transfirió a la Comisión Nacional de Emergencias la suma de ₡9 800 000 000 para la atención de la crisis sanitaria.

Regla fiscal

 Las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal de Costa Rica (IESUE) en defensa de lo establecido en la Constitución Política han presentado recursos ante la Sala Constitucional, sobre el alcance de aplicación de la Regla Fiscal, aún estos recursos no han sido resueltos, sin embargo, las universidades están cumpliendo con lo dispuesto en esta materia.

Régimen de empleo universitario único

Conscientes con la grave crisis sanitaria y económica nacional, en el marco del aseguramiento en el corto, mediano y largo plazo de la sostenibilidad financiera de las IESUE, el respeto al ordenamiento constitucional y la defensa de las particularidades y aportes del quehacer universitario, es perentorio que se excluyan también a las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal que conforman el Consejo Nacional de Rectores del proyecto de Ley de Empleo Público, expediente 21.366, con nuestro compromiso de crear y regular un régimen de empleo universitario único con sus procesos de reclutamiento, selección, nombramiento, administración, méritos, evaluación y sancionatorios, conforme a los principios del régimen de empleo del sector público, estipulados en dicho proyecto de ley, los Estatutos Orgánicos de las universidades y la Constitución Política.

En esta línea, las universidades públicas costarricenses han procurado generar condiciones que les permita competir en la atracción, sostenibilidad y relevo de docentes, científicos, técnicos y personal de apoyo a la academia, con el fin de que las nuevas generaciones de profesionales continúen siendo formados por el mejor recurso académico posible y que la ciudadanía cuente con los mejores institutos de investigación y transferencia de conocimientos, centros de producción cultural y artística, cuya presencia y respuesta ha sido puesta en evidencia en cada crisis nacional vivida en distintos ámbitos, siendo la actual pandemia la última de ellas.

Lo que las universidades solicitan, es una consideración por la naturaleza propia del quehacer universitario. El trabajo que realizan las universidades públicas en sus áreas sustantivas: docencia, investigación, extensión y acción social; requiere para su ejecución contar con el recurso humano especializado. Por estos motivos, el rubro de remuneraciones, en un marco de aseguramiento de la sostenibilidad financiera nacional e institucional, son parte esencial para el funcionamiento de las universidades estatales, similar a otras instituciones como el Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Educación y Caja Costarricense del Seguro Social, que para la prestación de sus servicios requiere contar con el mejor capital humano.

El CONARE y las universidades estatales reforzamos nuestro compromiso con el país, con el acceso y el fortalecimiento de la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo universitario estatal. Invertir hoy en la educación es invertir en el futuro de Costa Rica, y evitar los impactos sociales y económicos que pueda producir esta crisis.