El Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional (UNA) manifiesta su profunda preocupación ante la reciente decisión del Consejo Superior de Educación de eliminar los Programas de Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral, así como el Protocolo de Atención de Bullying contra la población LGTBIQ+. Estas medidas representan un retroceso significativo en la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia y arriesga importantes avances en salud sexual, prevención de la violencia, promoción de la igualdad y atención de la discriminación.

Desde su implementación, estos programas han sido herramientas esenciales para el desarrollo integral de las juventudes, al abordar temas clave como: cambios biológicos y psicológicos de la adolescencia, diversidades sexo-genéricas, prevención de la violencia basada en género y violencias sexuales, salud sexual y reproductiva, que incluye la educación sobre métodos anticonceptivos e infecciones de transmisión sexual y protocolos claros para prevenir y abordar el bullying por orientación sexual o identidad de género.

La decisión de eliminar estos contenidos contradice las recomendaciones de las altas instancias internacionales en derechos humanos y la normativa vigente en Costa Rica como la Convención CEDAW, la Convención Belém do Pará y la Convención Americana de Derechos Humanos.

El Programa de Afectividad y Sexualidad Integral ha demostrado su eficacia en la reducción de embarazos adolescentes. Según el informe Estado de la Nación de 2022, la tasa de nacimientos en adolescentes disminuyó de un 19% en 2012 a un 9% en 2021, un “logro país que debemos cuidar”, según resalta el documento. De igual manera, el Protocolo de Atención de Bullying ha sido un pilar clave para combatir la discriminación, el bullying y la violencia que enfrentan las personas jóvenes LGTBIQ+, garantizando un ambiente educativo más inclusivo y seguro.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) justificó estas decisiones bajo la premisa de que la educación sexual es responsabilidad primaria de las familias y que el programa tenía un enfoque “erótico” inapropiado. Sin embargo, estas afirmaciones no están respaldadas por evidencia concreta y parecen ignorar el impacto positivo de los programas en el bienestar y la formación de las juventudes. 

La ausencia de educación integral en sexualidad y la eliminación de protocolos específicos expone a las personas jóvenes a mayores riesgos de abuso sexual, relaciones impropias y otras formas de violencias por razones de género, discriminación y embarazos no deseados. Además, debilita el reconocimiento y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, niñas, adolescentes y personas LGTBIQ+, lo que perpetúa las desigualdades estructurales en nuestra sociedad.

Instamos al Consejo Superior de Educación y al MEP a reconsiderar estas decisiones y garantizar que los programas educativos contemplen una formación integral, así como protocolos inclusivos que preparen a las juventudes para enfrentar los desafíos del presente y el futuro en el marco de las obligaciones internacionales de derechos humanos y los estándares de las instancias correspondientes como la Corte IDH y el Comité CEDAW. 

La educación sexual y afectiva no es un adicional, sino un derecho fundamental que contribuye a la construcción de una sociedad más igualitaria, justa y libre de violencia y el Estado de Costa Rica tiene la obligación de reconocerlo y garantizarlo.