La Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales, referente a la denuncia ante este órgano del Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ( Sidunah) contra la UNAH, referente a las deducciones salariales, recomendó que cumplidos todos los requisitos establecidos en la legislación de Honduras, la UNAH solo podrá trasladar al Sidunah las cantidades de dinero correspondientes a cuotas sindicales deducidas, únicamente de los afiliados de su gremio que lo hubieran autorizado con todas las formalidades de ley respectiva, ante las autoridades de la Máxima Casa de Estudios del país.
Además, la OIT insta a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a que, tomando en cuenta su informe resolutivo, se pronuncie pronto del escrito de Nulidad Absoluta de actuaciones del juez ejecutor, presentado por la apoderada legal de la Máxima Casa de Estudios, abogada Aida Estela Romero Reyes, en fecha 09 de junio del 2021 respecto de las actuaciones fuera de ley del juez ejecutor, por violación al debido proceso al haberse omitido la definición del procedimiento que manda el artículo 119 de la Ley sobre Justicia Constitucional en el improcedente embargo por la cantidad de 80 millones de lempiras a la Alma Máter.
En fallo del 28 de julio del año 2015, la Corte Suprema de Justicia, con base a un Recurso de Amparo interpuesto por el Sidunah ordenó en su resolución a la UNAH que reconociera la junta directiva y que procediera al traslado de las cantidades que correspondían a las retenciones sindicales por cuotas ordinarias deducidas desde el mes de abril del 2013 hasta la fecha de la sentencia del 2015.
En obediencia a la resolución emitida por la Corte, las autoridades del Alma Máter solicitaron al Sidunah presentar de inmediato las planillas con los nombres y la autorización de sus agremiados para realizar las deducciones correspondientes, haciendo este gremio caso omiso a esta solicitud, presentando únicamente un escrito sin los respectivos documentos de respaldo del consentimiento de afiliación y deducciones de sus afiliados, a lo que además, docentes se apersonaron al Ministerio Público a presentar denuncias en el sentido de que el Sidunah utilizó sin autorización alguna sus nombres y hacer solicitudes de deducciones de sus salarios sin que haya de por medio consentimiento alguno.
La abogada Romero, indicó que el juez ejecutor, violentando la resolución de la Sala Constitucional, trasladó en indebida forma y proceso a las cuentas del Sidunah, la ejecución del embargo con cantidad exorbitante e injustificable de 80 millones de lempiras, provenientes de las arcas y patrimonio de la UNAH, y no de las cuotas deducidas de salario de los 186 miembros del gremio de su nómina de afiliados del 14 de febrero del año 2013.
El Comité de la OIT concluyó, con base a un informe elaborado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social, de fecha 23 de marzo de 2021, anexado por el Gobierno, que el Sidunah representa solo a sus miembros afiliados, y no a la totalidad de docentes de la UNAH como han pretendido, por tanto solo estas deducciones de sus miembros afiliados, deben de ser trasladadas a las cuentas del Siunah.
La apoderada Aida Romero, manifestó mediante un escrito a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el grave perjuicio ocasionado al patrimonio de la UNAH con el embargo de 80 millones de lempiras y que se convoque de manera urgente a esta sala para resolver y ordenar al juez ejecutor, abstenerse de realizar cualquier tipo de diligencia, hasta que este órgano del poder judicial, se pronuncie sobre el informe presentado por el juez ejecutor a requerimiento de la Sala Constitucional, y sobre la nulidad planteada por Máxima Casa de Estudios a través de su representante procesal.
Representante legal de la UNAH
El rector Francisco J. Herrera Alvarado en quien recae la representación legal de la Máxima Casa de Estudios, dijo que la OIT le ha dado la razón a la UNAH y recomienda que la Sala de lo Constitucional haga lo propio y se pronuncie ya de una manera contundente.
“Queda muy claro que única y exclusivamente solo los miembros que pertenezcan a este sindicato pagarán sus cuotas sindicales y no la totalidad de los docentes universitarios”, recalcó Herrera Alvarado.
Concluyó que por esa razón que más que evidenciado el hecho que esos 80 millones dilapidados del erario universitario fue un fallo garrafal y tiene que resarcirse, dejó en claro que ese dinero fue sustraído por orden del juez ejecutor pero es patrimonio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
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