Mediante el programa Visiones de Género, el Instituto de Estudios de Género (IEG), Audiovisuales UNED y la 870 A.M. de la UCR llevaron mesa de análisis el tema, “Mujeres en el cooperativismo y la conectividad”.

Antes de iniciar con el programa, Pablo Ramírez, funcionario del IEG indicó que, según el último censo acerca de datos de cooperativas, se muestra que 21% de la población forma parte de alguna cooperativa y que el personal que trabaja en ella representa 39.9% de la Población Económicamente Activa (PEA). De esa población, 42.7% son mujeres y se espera que en la actualidad dicho porcentaje sea mayor, ya que el último censo se realizó en el 2012.

Para abordar el tema, los organizadores invitaron a Kemly Camacho Jiménez, fundadora y coordinadora general de la Cooperativa SULÁ BATSÚ. La experta tiene conocimientos en temas como el impacto social en las tecnologías digitales, el acercamiento a las herramientas tecnológicas hacia las poblaciones con mayores vulnerabilidades, y el desarrollo de los espacios locales con menores oportunidades, a partir de la integración de la tecnología. Durante los últimos años, se ha especializado en el impacto social de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad.

“Nosotras como cooperativa nacimos hace 16 años y como toda empresa de economía social solidaria buscamos identificar problemáticas de nuestros cooperativistas y la sociedad en general, para brindarles alguna solución. Además, la fortaleza de este grupo es que tenemos las mismas visiones y los mismos objetivos, en función del bien común”, manifestó Kemly Camacho Jiménez.

“Hay otras formas de emprender, pero en nuestro caso, nos enfocamos en la economía social solidaria, que son básicamente asociativas y autogestionarias, las cuales brindan una buena alternativa para todos. En nuestro caso, somos una cooperativa autogestionaria, que quiere decir que todas somos dueñas de la cooperativa, trabajadoras de la cooperativa y dirigentes de la cooperativa”, agregó Camacho Jiménez.

Respecto a la tecnología y la conectividad, la representante de SULÁ BATSÚ indicó que la tecnología es un recurso como cualquier otro y las comunidades deben tener el derecho de empoderarse de esos recursos.

Además, señaló que para que exista una real equidad, esta debe ir más allá de la conectividad y centrarse más en el acceso significativo a las tecnologías.

“Nosotras defendemos el acceso a la Internet y a la conectividad, pero este debe ser un acceso significativo a las tecnologías, respetando el marco legal de los derecho de toda la ciudadanía costarricense, y principalmente con un enfoque de género… Sabemos que, debido a la pandemia, las brechas del acceso a las tecnologías se han incrementado enormemente. Por ejemplo, en Costa Rica se mide el acceso a Internet con el simple hecho de conectarse desde un dispositivo móvil y eso no es realmente significativo”, concluyó Camacho Jiménez.

Es importante indicar que este año, el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), declaró el año 2021 como el “Año de las Universidades Públicas por la conectividad como derecho humano universal”, con el objetivo de impulsar el reconocimiento del acceso a internet como un derecho humano para todas las personas.