La Revolución de Octubre es uno de los movimientos más importantes en la historia del país, ya que se opuso a décadas de miseria, despojo y represión. Sin embargo, los intereses económicos extranjeros impidieron que pudiera implementarse una reforma agraria que le permitiría al país industrializarse y avanzar del sistema feudal hacia el capitalismo.

El contexto que precedió la Revolución de Octubre se había caracterizado por una sucesión de gobiernos tiránicos; estaba determinado por el acaparamiento de tierra en manos de pocas personas y la explotación laboral, situaciones originadas desde la época colonial.

Posteriormente, durante el siglo XX, las precarias condiciones de los pequeños y medianos agricultores se intensificaron con los monopolios de la United Fruit Company (UFCO), permitidos por las dictaduras de Manuel Estrada Cabrera (1857-1924) y Jorge Ubico (1931-1944).

Ambos gobernantes privilegiaban los intereses extranjeros por encima de los nacionales, de manera que la empresa se apropiaba de las mejores tierras para el cultivo del banano y otros productos, especulaba sobre los precios de producción y exportación para obtener las mayores ganancias posibles y determinaba las tarifas para el uso de muelles y ferrocarriles.

 Dominio de la economía guatemalteca

La UFCO tendría el dominio de Guatemala a partir del monopolio de la producción y explotación del banano, así como del transporte. La primera concesión de tierra a la empresa la realizó Manuel Estrada Cabrera en 1901.

En años posteriores, la frutera fue incrementando sus beneficios, ejemplo de ello es que, en 1904, se estableció en un contrato que la empresa tuviera la propiedad del ferrocarril del Atlántico, el muelle de Puerto Barrios, líneas telegráficas y el ferrocarril del sur con exclusividad para explotar vías férreas dentro de 20 millas a ambos lados de la línea, según expone Galich (2015, p. 49).

Entre otras ventajas con las que contaba la frutera estaba la exención de cargas, impuestos y multas. Sin embargo, uno de los peores acuerdos fue que la empresa fijaría el precio que le pagaría a los particulares por el cultivo del banano, esto impediría que los pequeños productores pudieran sostenerse a sí mismos y, como consecuencia, se verían obligados a ser explotados por la empresa.

En 1908, Estrada Cabrera continuó su servilismo hacia la UFCO, que buscaba apropiarse de la red ferrocarrilera centroamericana. Mediante un contrato establecido en ese año, la frutera se comprometía a construir vías férreas hacia El Salvador.

A cambio de ello, no pagaría derechos de exportación durante 35 años. La UFCO debería pagar 500 dólares por cada mes de atraso y, por cada kilómetro no construido, el gobierno estaría exento de pagar 7,500 dólares. No obstante, la construcción nunca concluyó y la empresa no pagó la multa. La ferrocarrilera estadounidense se fusionó con la ferrocarrilera guatemalteca sudoccidental, Guatemala Central Railway Company.

Finalmente la empresa fue nombrada International Railways of Central America (IRCA), con lo cual adquirió el monopolio total del ferrocarril en Guatemala y también del transporte salvadoreño.

Con la dictadura de Jorge Ubico Castañeda la IRCA fue exonerada de la multa y, además, continuó el despojo hacia los pequeños productores. Galich (p. 57) explica que la UFCO se apropió de terrenos baldíos y 400 caballerías que habían sido concedidas para la construcción del ferrocarril al Atlántico, con el fin de expandir el cultivo de banano; asimismo, fueron desalojados agricultores que se encontraban en las márgenes del río Motagua.

Otra de las promesas nunca cumplidas por la UFCO fue la construcción de un puerto en el Pacífico a cambio de explotar las tierras del occidente y sur de Guatemala por 50 años; este contrato fue realizado en 1930.

La sanción que Ubico daría a la empresa sería mínima en comparación con los beneficios que nuevamente otorgaría.

En 1936 modificó el contrato, con el cual el plazo para la construcción era de 5 años con una fianza de 50,000 dólares.

Al incumplir ese período, la empresa pagó la multa y continuó la explotación de las tierras, se le dieron 45 años para finalizar la construcción y, si no la hacía, no tendría ninguna sanción.

Aprovechándose de la disposición de los dictadores para plegarse a los intereses de la empresa, esta, mediante el monopolio de servicios, especuló inferiormente sobre los precios de exportación del banano en comparación con el mercado.

“Resultó que la UFCO ocultó por año más del 100 % de sus exportaciones, lo cual, en otros términos, quiere decir que las sumas negadas eran verdaderas fortunas, aún para la mentalidad multimillonaria del mundo de los consorcios” (Galich, p. 81).

 Represión y explotación

Durante el gobierno de Ubico, cualquier intento por rehusarse a las condiciones feudales y esclavistas en que se encontraban los campesinos era un indicio de “comunismo”, por lo que asociaba a las organizaciones obreras con esta ideología y, en 1931, encarceló a 340 dirigentes sindicales.

Debido al despojo y a las escasas porciones de tierra que les quedaron a los pequeños y medianos propietarios, era imposible para la mayoría de la población sostenerse a sí mismos y a sus familias, mientras que solo el 2.2 % de los propietarios acaparaba la mayoría de la tierra.

Con el decreto 2795, de 1944, además, autorizaba a los terratenientes dar muerte a quien se le sorprendiera ingresando a sus fincas para tomar frutos o animales.

Al respecto, Galich expone: “[…] el patrón tiene potestad para patear al mozo, para azotarlo, para impedirle entrar o salir libremente de la finca, para privarlo de vivienda a su capricho, para arrojarlo sin paga, ni indemnización, ni cosa que se le parezca, para encarcelarlo en los propios calabozos de la finca, para castigarlo en el cepo, para dirigirse a él en el lenguaje más soez conocido y sostener que de otra manera no se hace entender” (2015, p. 358).

Por la falta de recursos para subsistir, los campesinos arrendaban tierras. Pagaban con porcentajes de hasta el 67 % de sus cosechas o con trabajo gratuito realizado algunos días de la semana.

Según explica Galich el sistema de explotación consistía en “habilitaciones”, con el cual los patrones endeudaban a los mozos y los retenían para que continuaran trabajando por jornales mínimos de hasta 4 centavos, que podían utilizar solo dentro de la finca.

Ubico sustituyó esa práctica por el Decreto 1995, en el que instauraba la Ley de Vagancia y el Libreto de Jornaleros. Así, los agricultores debían dar una constancia a su capataz de que por semana cumplían determinada cantidad de jornales; si no lo hacían, estaban condenados a prisión y multas.

 Revolución de Octubre

Antes del 20 de octubre de 1944 ocurrió una serie de sucesos sociales que se opusieron a las medidas represivas de Jorge Ubico y Federico Ponce Vaides. Esa fecha conmemora los ideales de los dirigentes militares, cívicos y estudiantiles que instauraron la democracia a través de los gobiernos de Juan José Arévalo y Jacobo Árbenz Guzmán.

La unión de distintos sectores en un solo bloque contra los desmanes dictatoriales permitió fortalecer a la población para pedir la renuncia de Ubico y derrocar a su sucesor, Federico Ponce Vaides.

La juventud universitaria, durante la dictadura de Ubico, había sido fuertemente agredida. Sin embargo, en 1944, se empoderó para demandar al gobierno cambios académicos y sociales.

Además de exigir reformas en la universidad, los estudiantes pronto tuvieron la valentía de expresar el sentir de la sociedad en rechazo a la dictadura, mediante la organización de manifestaciones.

“Los estudiantes no solamente habían dado el chispazo para que los acontecimientos se desencadenaran, sino regaron con su sangre y su lucha el surgimiento de un nuevo proceso político-social cargado de esperanzas e ilusiones”, afirma Virgilio Álvarez (2014, p. 191).

 El movimiento estudiantil resurge

La Universidad de San Carlos de Guatemala había sufrido la represión ubiquista. Uno de los hechos más cruentos ocurrió el 26 de marzo de 1931. Los alumnos sancarlistas habían invitado a estudiantes salvadoreños a la Huelga de Dolores, pero el dictador estaba dispuesto a detener la huelga por medio de la violencia; envió policías que vapulearon a los estudiantes, además muchos de ellos fueron encarcelados.

Contra el clima de represión que se vivía en la universidad y en la sociedad, el movimiento estudiantil surgió con más fuerza y dejó atrás el temor. En 1944 emergía nuevamente el poder de la juventud con el grupo de “Los esquilaches”, conformado por varios estudiantes de Derecho, entre los que estaba Manuel Galich, Mario Méndez Montenegro y Manuel María Ávila.

“Los esquilaches” organizaron distintas actividades de formación cultural, académica y política para que las facultades se integraran y lucharan por objetivos en común.

Como resultado de la unión estudiantil, se realizaron peticiones concretas al Gobierno: el cambio de las autoridades de la Facultad de Medicina, la reforma de los planes de estudios de Farmacia y la destitución del decano y secretario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Debido a la presión ejercida contra Ubico, este accedió y se obtuvieron los primeros logros para la universidad.

Los fines del movimiento estudiantil se aunaron a los del magisterio y traspasaron los muros de los recintos universitarios para dirigirse hacia una transformación social.

El 21 de junio de 1944 los dirigentes estudiantiles convocaron a una huelga general para dar un ultimátum al Gobierno; en 24 horas debía atender otras demandas universitarias y de dignificación del gremio magisterial. En respuesta, Ubico, el 22 de junio, suspendió las garantías constitucionales y acusó a los manifestantes de nazifascistas.

Pese a la acción despótica, los estudiantes y la población dirigieron una contrarrespuesta a Ubico. El 24 de junio se entregó el Documento de los 311 al Gobierno. El nombre del texto se debe a que igual cantidad de ciudadanos y estudiantes universitarios reclamaron el restablecimiento de las garantías constitucionales y su efectivo cumplimiento.

Además, expresaron que las acusaciones de nazifascistas a los estudiantes por dar vida a una huelga general en realidad respaldaban los ideales democráticos de la población.

Ese mismo día el magisterio y los estudiantes acudieron a un plantón en la sexta avenida y octava calle para continuar la lucha contra la dictadura. El 25 de junio se realizó una nueva manifestación, donde Ubico intentó frenar a la población mediante actos violentos, resultaron heridas y muertas varias personas; entre ellas, la maestra María Chinchilla.

La indignación de los manifestantes era una llamarada irrefrenable. Se había convertido en la lumbre que hacía languidecer el régimen dictatorial de Ubico. El 26 de junio organizaron otra huelga general en la que participaron obreros, comerciantes y pequeños propietarios.

El movimiento estudiantil, magisterial y civil obtuvo un primer logro contra los desmanes políticos: Jorge Ubico, ante la presión ciudadana, renunció el 1 de julio de 1944.

 Derrocamiento de Federico Ponce Vaides

Los resabios dictatoriales se negaban a desaparecer. Después de la renuncia de Ubico, un triunvirato militar tomó el poder y eligió como presidente provisorio a Federico Ponce Vaides en sesión del 4 de julio de 1944, quien buscaba perpetuarse en el cargo, al igual que su antecesor.

Durante julio los sancarlistas requirieron mediante un documento demandas académicas y sociales, como la autonomía universitaria y el cumplimiento de los derechos de la población.

Los requerimientos nunca fueron atendidos y el gobernante empezó a ejecutar acciones violentas. Varios dirigentes revolucionarios fueron víctimas de represión policial, exilio y encarcelamiento.

Contra la nueva dictadura se estaba articulando un grupo de militares y estudiantes revolucionarios. El 20 de octubre de 1944 se produjeron levantamientos armados en distintos puntos de la ciudad, el Palacio Nacional, el Castillo de Matamoros y el Castillo de San José. Tras horas de combate, los defensores del gobierno se rindieron.

Después del derrocamiento de Federico Ponce Vaides, la Junta Revolucionaria, conformada por Jacobo Árbenz Guzmán, Francisco Javier Arana y Jorge Toriello Garrido dirigió el país del 20 de octubre de 1944 al 15 de marzo de 1945.

 Primer gobierno democrático

En el ejercicio de sus derechos ciudadanos, la población civil pudo integrar partidos políticos. De tal cuenta, surgió el Partido Nacional Renovador, conformado principalmente por maestros; y el Frente Popular Libertador, compuesto por estudiantes y profesionales. El primero propuso a Juan José Arévalo como candidato presidencial.

La población había protagonizado una nueva etapa en la historia del país, en la que podría decidir quiénes serían sus gobernantes. “El movimiento cívico-militar del 20 de octubre de 1944 al derrocar a la última dictadura del liberalismo, permitió que el pueblo pudiera organizarse en partidos políticos, sindicatos, asociaciones gremiales y culturales, y en otras entidades representativas de diversos sectores de la sociedad, iniciándose así un cambio que posibilitaba el ejercicio de los derechos ciudadanos” (Cazali, 2010, p. 305)

Arévalo era un destacado profesional que obtuvo el título de profesor de enseñanza secundaria y doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación en 1934. Los estudios de educación superior los cursó en la Universidad de La Plata, Argentina.

Ante la crítica situación educativa del país, en la que los estudios estaban restringidos a un limitado número de personas, Arévalo trabajó por la dignificación de los profesores con la Ley de Escalafón del Magisterio Nacional, para estimular la superación económica de los maestros.

Galich (2015, p. 171) expone que durante el gobierno de Arévalo el presupuesto para la educación pública superó más de la mitad del total que designaba Ubico. Destinó 7 millones para la construcción de escuelas; para 1953, existían 4000 escuelas y 11,000 maestros titulados.

El acceso a la educación pública se acrecentó con las escuelas tipo federación. Del reducido número de estudiantes que eran permitidos en las escuelas públicas por Ubico, un cuarto de millón ya se encontraba inscrito a finales del gobierno de Arévalo.

La esposa del presidente apoyó a las madres trabajadoras y a la infancia. Con sus propuestas, se instauraron guarderías nacionales que funcionaban ocho horas, se crearon comedores infantiles y un hospital infantil en Puerto Barrios.

Fueron implementadas múltiples iniciativas culturales y académicas, como el Ballet Guatemala; Coro Guatemala; el Certamen Permanente de Ciencias, Artes y Letras 15 de Septiembre; el Instituto Indigenista; y el Instituto de Antropología e Historia.

Entre las principales normativas promulgadas durante su periodo presidencial están las siguientes: Ley Monetaria, Ley Orgánica de la USAC, Ley de Bancos, Ley Orgánica del Banco de Guatemala, Código de Trabajo y Ley Provisional de Sindicatos.

 Soberanía y desarrollo

El gobierno de Jacobo Árbenz (1951-1954) tenía como objetivos principales recuperar la soberanía mediante la supresión de los monopolios estadounidenses de la producción de banano, ferrocarriles, muelles y energía eléctrica.

Como parte de su plan para obtener la independencia y desarrollo económico del país, fue construida la carretera al Atlántico, se inauguró el puerto nacional en la costa atlántica y la hidroeléctrica nacional Jurún Marinalá. En marzo de 1953, continuó edificando obras, como las carreteras de Retalhuleu-Champerico, Popoyá-Río Nahualate y, de este último, al río Nil.

Contra el anticuado sistema agrario, se propuso poner en práctica la Reforma Agraria. La misma pretendía beneficiar a la mayoría de la población y permitir que la economía avanzara, al poner a producir las tierras ociosas y modernizar el sistema agrario.

Con la Reforma Agraria, el gobierno expropiaría con indemnización a los propietarios de tierras ociosas para nacionalizarlas y darlas en usufructo o arrendamiento a los campesinos; de esta manera, podrían trabajar la tierra y superarse económicamente.

El Estado, al ser propietario de las tierras, evitaría que fueran fácilmente expropiadas por los dueños anteriores. Sin embargo, los terratenientes previeron la amenaza que ello representaba para sus intereses individualistas y manipularon a los campesinos para que exigieran la propiedad de las tierras, según explica Galich (2015, p. 368).

Los terratenientes expusieron al Gobierno que, si se les daban en propiedad las tierras a los campesinos, entonces sí accederían a cumplir la Reforma Agraria. Por consiguiente, la legislación final estableció que se les daría en propiedad a los campesinos extensiones no mayores de 25 manzanas.

Pese a las inconformidades que empezaban a suscitarse por parte de la UFCO y demás terratenientes, que se aferraban a continuar con una economía retrógrada, se obtuvieron importantes logros que pusieron de manifiesto un capitalismo incipiente.

Galich (págs. 430-431) señala que, a los dos años de la presidencia de Árbenz, empezaba a incrementarse la productividad del país y, como resultado, se estaba regenerando la economía. El autor aporta algunas cifras que son prueba de ello.

Se habían producido 100,000 quintales de algodón para satisfacer la demanda interna y de exportación. El maíz también cubría las necesidades internas y empezaban a exportarse 100,000 quintales a El Salvador y México. Se habían exportado 60,000 quintales de arroz, y también se cubría el mercado interno. La producción de trigo alcanzó los 600,000 quintales.

Con la expropiación e indemnización por las tierras ociosas, que anteriormente estaban destinadas para el descanso y recreación de los terratenientes, Galich (p. 379) explica que, hasta el 30 de abril de 1954, el 57 % de esas tierras fueron distribuidas a 78,038 campesinos.

Al referirse a la agenda de gobierno de Árbenz, comenta: “Era una inteligencia dirigida a un solo fin: la solución del problema económico del país, complejo por la tara feudal y por la presencia imperial y matriz de todos los otros, lógicamente insolubles mientras aquel no se abordara adecuadamente” (Galich, 2015, p. 294).

El gobierno de Árbenz implementó reformas que lidiaban contra el imperialismo estadounidense. Según expone Galich, sus postulados eran la “independencia económica de la nación, transformación del país en una nación capitalista y la elevación del nivel de vida del pueblo” (p. 294).

 Modernización

De acuerdo con García Ferreira, en el texto “Operaciones en contra: la CIA y el exilio de Jacobo Árbenz”, el presidente tenía una amplia preparación en historia, economía y agricultura, incluso invirtió en la traducción de la obra “Desarrollo del capitalismo en Rusia”, de Lenin (2014, págs. 37 y 38).

Cuando le preguntaban sobre su ideología política, Árbenz respondía que cualquier avance era considerado como de izquierda extrema, debido al atraso del país. En la Revista Actualidades expuso: “Para un país como Guatemala, castigado por más de una centuria de dictaduras feudales, atrasado económica, social, cultural y políticamente, se es de extrema izquierda con solo aspirar a una vida decente y democrática, con solo pensar en el Código de Trabajo y la Ley de Seguridad Social” (García, 2014, p. 48).

El avance hacia la reforma agraria para lograr el desarrollo económico del país y dejar atrás el feudalismo no era un paso exclusivo de los gobiernos comunistas, sino de cualquier sistema político.

Árbenz buscó informarse sobre distintos medios para modernizar al país, para lo cual obtuvo la política implementada por Nueva York con respecto a la adquisición de terrenos para carreteras, restricciones públicas sobre propiedades privadas para el uso de carreteras y adquisición pública de terrenos.

Resolver el problema de la tierra era impostergable para obtener un verdadero desarrollo económico. Árbenz era consciente de las consecuencias que tenía la ausencia de la reforma agraria: la productividad del país no alcanzaría su máximo potencial; la población no contaba con recursos para satisfacer sus necesidades más básicas; existía propensión al colonialismo extranjero, por carecer de industria; el país no era dueño de sus recursos ni podía decidir sobre los mismos. Todo ello representaba la imposibilidad del país de insertarse en el mercado capitalista.

Las acciones de Árbenz se centraban en el incremento de la producción agrícola y la implementación de maquinaria para ello, así como la obtención de transporte para trasladar los productos dentro y fuera del país.

Para concretar lo anterior, solicitó un estudio al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, donde se determinó que la mejora de la calidad de vida se obtendría con el incremento de la producción agrícola.

Como antecedente de la redistribución de la tierra se encontraban reformas que fueron más drásticas que la impulsada por Jacobo Árbenz Guzmán. La Ley sobre Reforma Agraria de la República de China, de 1950, no contemplaba la indemnización y penaba los crímenes cometidos por los terratenientes.

Los terratenientes no estaban conformes con la expropiación y la indemnización. De acuerdo con Galich (p. 418), el 4 de marzo de 1953, fueron expropiadas 1859 caballerías mal habidas a la Compañía Agrícola de Guatemala; se les entregaron bonos por 609,572 quetzales, pero interpusieron recursos legales para evitar la expropiación, los cuales no procedieron.

Sin embargo, los intereses económicos de la UFCO serían relevantes para impedir que el país cumpliera la reforma agraria y obtuviera los beneficios que ello conllevaría. El atraso del país era ocasionado por un sistema feudal y el acaparamiento de monopolios estadounidenses en Guatemala, aunado a los intereses de los terratenientes guatemaltecos.

 Operación PB Success

 La conspiración contra el gobierno de Árbenz provenía de distintos sectores: por un lado, los terratenientes que solicitaban apoyo a Estados Unidos, dictadores instalados en países vecinos y la UFCO.

Estados Unidos gestó una importante campaña publicitaria en contra del supuesto gobierno comunista de Jacobo Árbenz Guzmán. Como parte de ello, se encontraba la represión de medios que vulneraran los intereses de la UFCO, empresa que ordenó clausurar publicaciones del periódico Vanguardia Revolucionaria, y los diarios estadounidenses criticaban las leyes guatemaltecas aduciendo que perjudicaban sus intereses.

“Un memorando elevado al Director de Planes de la CIA y fechado en noviembre de 1951, es decir, siete meses antes del detonante de la Reforma Agraria, le ponía en conocimiento del arribo a Washington de un intermediario del presidente de la UFCO con el objetivo de hacerle saber al gobierno norteamericano que la empresa deseaba ofrecer el uso de sus instalaciones y personal para asistir a la CIA en cualquier programa ‘en el cual nosotros podamos contemplar combatir la amenaza del comunismo en Guatemala’” (García, p. 66).

El autor también expone cómo un dictador nicaragüense se plegaba a los intereses estadounidenses al sostener una visita con el mandatario Harry Truman: “Durante el curso de esa visita oficial, Somoza indicó que, si le proveyeran de armas y dinero, él mismo se encargaría de quitar a Árbenz del poder. Confiaba en el guatemalteco Castillo Armas para que le ayudara en la tarea, pues él había acudido en varias ocasiones al nicaragüense. Dijo necesitar el apoyo de El Salvador y Honduras para emprender misiones aéreas contra Guatemala. Contó con el visto bueno de Truman, quien encargó a la CIA un plan de contingencia. La agencia lo diseño, dando comienzo a la operación PB Fortune, rápidamente abortada un mes más tarde” (García, p. 66).

Posteriormente, con el gobierno estadounidense de Dwight Eisenhower, fue nombrado como secretario de Estado John Foster Dulles y quien dirigiría la CIA sería Allen Dulles.

En 1953 ellos se encargaron de crear un plan general de acción; García Ferreira cita el texto “Program for PB Success, CIA” para dar a conocer el fin del documento: “remover en forma encubierta la amenaza del presente gobierno de Guatemala, controlado por comunistas, instalar y sustentar, encubiertamente, un gobierno pro Estados Unidos” (p. 68).

El golpe de Estado de 1954 estaría antecedido por una serie de acciones planificadas por Estados Unidos. Entre estas, haría una mala propaganda del supuesto comunismo en Guatemala.

Según García Ferreira, se buscaba desacreditar al gobierno mediante presiones económicas y militares acordadas con los gobernantes de Nicaragua, Honduras y El Salvador.

Como otra etapa, el plan establecía generar antagonismo hacia Árbenz, intensificar la presión económica y militar, así como acciones diplomáticas con la Organización de Estados Americanos (OEA). De igual forma, se planificó generar actividades divisionistas dentro del gobierno y hacer campañas intensivas para infundir temor a las organizaciones populares.

“La CIA entendió que las fuerzas debían “probar su fuerza”, programándose actos específicos de violencia, anteriores al inicio de la invasión para mayo de 1954. Se preveían asesinatos, incendios y ataques personales contra gobernantes y sindicalistas tendientes a generar temor y paralizar a la población” (García, p. 69).

Para justificar la intervención de la OEA, el autor señala que se produciría una serie de provocaciones en el país e internacionalmente, que contribuirían a derrocar a Árbenz. LA CIA aconsejaba agresiones contra personas declaradas “anticomunistas” y que los autores de los hechos dejaran evidencias con las cuales pudiera deducirse que eran “comunistas” o integrantes de movimientos populares, como escribir mensajes de odio hacia el capitalismo en los lugares de los crímenes.

Según asevera García Ferreira, el candidato seleccionado para hacer realidad el plan de Estados Unidos sería Carlos Castillo Armas, quien nuevamente representaría los intereses de ese país.

Discriminación

La población indígena estaba relegada de la educación, las pocas escuelas rurales se enfocaban en impartir una educación rudimentaria sobre idioma español, trabajos industriales y agrícolas. Ubico dispuso que prestaran servicio militar obligatorio por dos años; al concluir ese período, no podían acceder a la educación superior, puesto que no contaban con una formación sólida, únicamente sabían leer y escribir.

Educación selectiva

Durante el gobierno de Ubico, al año, únicamente había cupo para 150 estudiantes en la Escuela Normal. Las mujeres solo podían obtener el título de maestras y estaban excluidas de la educación superior.

Durante el gobierno de Árbenz, en 1950, se realizó un censo para determinar la tasa de analfabetismo en el país. El resultado fue que el 72.2 % de la población era analfabeta.

Historia de tiranía

Manuel Galich en el texto “Por qué lucha Guatemala” expone que desde 1897 hasta 1954 únicamente dos gobiernos fueron electos democráticamente y solo uno de ellos logró finalizar el período presidencial (2015, p. 39).

Ideario universitario

Este documento, redactado por estudiantes universitarios, fue entregado a Ubico. El contenido del mismo se encaminaba a la obtención de la autonomía universitaria; ampliar el plan de actividades docentes y administrativas para que el ingreso a la educación superior fuera más equitativo; fundar nuevos centros universitarios y promover el libre acceso al conocimiento científico.

Lucha estudiantil

En 1943 la Asociación de Estudiantes Universitarios inició una lucha contra la dictadura de Ubico.

año 1944

La acción armada inició el 20 de octubre de 1944, tras 16 horas de combate, fue derrocado el gobierno de Federico Ponce Vaides.

Cultura y academia

El primer rector electo democráticamente fue el Dr. Carlos Martínez Durán, quien emprendió gestiones que dieron vida a una prolífica trayectoria cultural y académica. Fue creada la imprenta universitaria, el Teatro de Arte Universitario (TAU), la Revista de la Universidad, el Club Deportivo Universitario, el Departamento de Radiodifusión y el Boletín Universitario.

La Primavera Democrática esparció sus frutos en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la que los sectores populares pudieron ejercer el derecho de acceder a la educación superior.

Educación superior

Durante el gobierno de Juan José Arévalo el crecimiento de la población estudiantil fue exponencial; según establece Virgilio Álvarez (2014, p. 208), en 1938, había 611 inscritos; para 1948, la universidad contaba con 2,009 estudiantes.