EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Y EL RECTOR, M. SC. ING. MURPHY OLYMPO PAIZ RECINOS,

ANTE LA SITUACIÓN ECONÓMICA QUE AFECTA A LA POBLACIÓN RURAL DE GUATEMALA, ESPECIALMENTE DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que es imposible lograr el desarrollo nacional sin alcanzar el desarrollo rural, como tampoco, sin el mejoramiento de la economía rural, es posible erradicar la pobreza, pobreza extrema y desnutrición crónica de la población que habita los territorios rurales, principalmente de los niños.

SEGUNDO: Que la pobreza en el área rural es prácticamente el doble de la pobreza del área urbana y el triple cuando se trata de la población rural de los pueblos maya, garífuna, xinca y mestizo.

TERCERO: Que, según el último censo, la población en el área rural representa más del 45 % del total de la población nacional, en la que hay más de 800,000 hogares campesinos, de los cuales el 61 % se dedican a la agricultura familiar.

CUARTO: Que aproximadamente del 70 al 80 % de lo que consumen los guatemaltecos proviene de la agricultura familiar de trabajadores campesinos y que, a pesar de las dificultades que ha traído la pandemia del COVID-19, esta no ha dejado de abastecer a la mayoría de los mercados del territorio nacional, desde los cantones hasta los grandes supermercados de la capital. Ello, a pesar de que debido a las medidas generadas y  las restricciones impuestas por la emergencia de la pandemia, los productores están enfrentando restricción al acceso a los mercados o plazas cantonales y dificultades de locomoción por restricciones al transporte público.

QUINTO: Que la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI) manda a las instituciones encargadas a fomentar el desarrollo de las familias del área rural para mejorar su situación económica y social.

SEXTO: Que las acciones tomadas en el contexto de la crisis originada por el COVID-19 son medidas que atacan la problemática inmediata, pero no generan dinámicas de desarrollo que vayan construyendo escenarios a futuro para que la población más golpeada por la pandemia desarrolle estrategias de sobrevivencia, resiliencia y de sostenibilidad a mediano y largo plazo.

SÉPTIMO: Que se hace necesario presentar iniciativas de ley, propuestas concretas, estrategias, políticas públicas y acciones que vayan en apoyo a la actividad de la agricultura familiar. 

Por lo anterior,  RECOMIENDA al Organismo Ejecutivo:

• Que haga operativa la “Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI)” mediante un Gabinete de Gobierno Específico, dirigido al más alto nivel, para coordinar las actividades de los ministerios de Estado, cuya actividad se refleje en el campo y en beneficio de los agricultores en estado de pobreza y pobreza extrema.
• Que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación implemente a nivel nacional el “Programa de agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía rural”, dándole énfasis a la participación de la mujer como eje del desarrollo rural. Este programa deberá enfocarse en extensión rural apoyando principalmente proyectos de mini riego en todo el país.
• Que el Instituto Nacional de Bosques desarrolle programas masivos de reforestación a nivel nacional para dar empleo a la población rural, a la vez de recuperar nuestros bosques como fuente de vida.
• Que el Estado cuente con reservas estratégicas de granos básicos para distribuir a la población más vulnerable en estos casos de crisis.
• Que se fomente e implemente el turismo rural sostenible como una estrategia sectorial para fortalecer la economía rural.

Al Organismo Legislativo:

• Que apruebe de urgencia nacional la iniciativa de ley número 4947, “Ley de Agricultura Familiar”, que está lista para ser presentada a tercer debate.
• Que continúe la discusión y avance de la iniciativa de ley 4084, “Ley de Desarrollo Rural Integral”.
• Que se promulgue una ley que apruebe el apoyo financiero y el seguro agrícola para la agricultura familiar.

                 “Id y enseñad a todos”