De acuerdo con la legislación aplicable, el proceso penal debería durar de 251 a 341 días. Sin embargo, durante la presentación del Segundo Informe de Hallazgos del Observatorio Judicial del Sistema de Justicia Penal en Guatemala, se explicó que, en el país, pueden llegar a durar hasta 817 días.
El estudio abarcó una muestra de 381 expedientes judiciales fenecidos en el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, referentes a los delitos establecidos en la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, la Ley contra la Corrupción y la Ley contra la Delincuencia Organizada.
El estudio analizó las temáticas de prisión preventiva, eficiencia, medios de prueba, fundamentación en las sentencias penales, reparación digna y transformadora, respuesta al fenómeno de violencia contra la mujer y a los fenómenos de la corrupción y delincuencia organizada.
La recopilación de datos y la aproximación al análisis fue efectuada por estudiantes de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Universidad Rafael Landívar, lo que constituye una característica particular de este observatorio y un mecanismo novedoso de auditoría social, desarrollada a partir de la investigación y sistematización de la actuación de los órganos jurisdiccionales.
Estos son los principales hallazgos
Entre los principales hallazgos, el estudio destaca que el 48 % de los procesos por corrupción iniciaron por delito flagrante y el 52 %, por denuncia o prevención policial. No obstante, solo en el 10 % de los expedientes judiciales analizados se registra el juzgamiento a jefes o cabecillas de las organizaciones criminales.
Se analizó un total de 13,505 delitos, en los casos sobre violencia contra la mujer, de los cuales hubo 1,740 sentencias condenatorias, el 78 % de los casos se generó a través de denuncia y el 83 % de sentencias no presentó prejuicios ni estereotipos de género.
También se analizaron los tipos de pruebas utilizadas, la duración de la prisión preventiva y los tipos de sentencias otorgadas en los procesos penales, entre otros datos de interés para la mejora de la justicia en el país.
El Observatorio de Justicia Penal tiene como objetivo generar insumos dirigidos a las autoridades administrativas y judiciales, para la mejora continua de las condiciones de gestión en la administración de justicia penal.
Desarrollo del proyecto
Esta investigación involucró a la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Organismo Judicial, la Embajada de la República Federal de Alemania, la Universidad Rafael Landívar y la Cooperación Alemana al Desarrollo GIZ Guatemala.
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