EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Y EL RECTOR MSC. ING. MURPHY OLYMPO PAIZ RECINOS ANTE LA INICIATIVA DE LEY 5691 QUE DISPONE APROBAR UNA LEY DE 100 AÑOS DE EXONERACIÓN DE IMPUESTOS A NUEVAS EMPRESAS:

CONSIDERANDO:

El régimen económico y social de la República de Guatemala se fundamenta en los principios de justicia social, según el artículo 118 de la Constitución Política de la República. Asi mismo, el citado texto constitucional en el articulo 119, literal m), establece que es una obligación del Estado de Guatemala “mantener dentro de la política económica, una relación congruente entre el gasto público y la producción nacional” y en su articulo 239 contiene los principios de legalidad, justicia y equidad tributaria, vinculantes en el actuar legislativo en lo referente al régimen fiscal del país, reafirmado por resoluciones de la Corte de Constitucionalidad en los expedientes 2336-2003, 2004-2016 y 2818-2016, entre otros.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe “Pobreza y Derechos Humanos en las Américas” en el 2017 consideró: “los bajos niveles de recaudación de impuestos tienen un impacto desproporcionado en los sectores más pobres de la población y constituyen un obstáculo para el financiamiento de políticas y programas”, impidiendo disminuir la brecha de desigualdad social y pobreza en los paises de América Latina.

El Índice de Desarrollo Humano más reciente elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo —PNUD- ubica a Guatemala como un país de desarrollo bajo en el puesto 126, de los más bajos de la región y el mundo. Se indica, como uno de los principales problemas nacionales, la desigualdad social por cuestiones étnicas, de género y territorio en prestación y el acceso a servicios básicos estatales, salud y educación en los niveles primaria, medio y superior.

La Superintendencia de Administración Tributaria —SAT- no alcanzó la meta de recaudación tributaria el año pasado por un margen de mil setecientos millones de quetzales aproximadamente, a pesar de un crecimiento macroeconómico estable del Producto Interno Bruto (PIB) en el país proyectado por el Banco de Guatemala en 3,5% con respecto del año anterior. Según propios datos de la SAT, la evasión fiscal en el pais asciende a 40 mil millones de quetzales bajo la legislación y tasas de impuestos actuales, por lo cual es urgente ampliar la base tributaria del país y combatir la defraudación tributaria.

La falta de inversión en el país se debe fundamentalmente a las condiciones bajas de competitividad, por ejemplo, mala infraestructura vial, falta de profesionales en distintas áreas de conocimiento, calidad de vida, delincuencia e inseguridad ciudadana. Por lo que, incentivos a la inversión y el gasto público deberían de enfocarse de forma prioritaria en infraestructura, educación superior pública, ciencia, tecnología, salud, seguridad civil, entre otros.

POR LO ANTERIOR MANIFIESTA:

1. Rechaza la intención de aprobar en el Congreso de la República de Guatemala medidas que resulten en privilegios fiscales como respuesta a la crisis de la pandemia del Coronavirus (COVID19) como la Iniciativa 5691 “100 años de inversión y empleo” que propone exoneración del Impuesto sobre la Renta —ISR-, Impuesto de Solidaridad —1S0-, Impuesto al Valor Agregado —IVA- y aranceles a ciertos sectores del país. El Estado de Guatemala y sus entidades centralizadas, descentralizadas y autónomas se encuentran en pleno combate a los efectos de la pandemia y necesitan una estabilidad financiera que permita cumplir con los deberes constitucionales y derechos sociales que tienen por mandato realizar hacia la población guatemalteca.

2. Recuerda que esta crisis mundial evidencia la necesidad de aumentar la inversión social en el área de la salud y educación a todo nivel para afrontar con mejores herramientas e instituciones públicas los acontecimientos que afecten a la humanidad en el futuro. Una medida para ello es ampliar la base tributaria y combatir la defraudación fiscal por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria —SAT-.
3. Reitera su propuesta de establecer un espacio técnico de trabajo que analice cualquier medida fiscal y económica para ser consensuada con los distintos sectores sociales, contar con dictámenes técnicos del Ministerio de Finanzas, Banco de Guatemala y Superintendencia de Administración Tributaria, con el acompañamiento del sector académico del país representado en la Universidad de San Carlos de Guatemala y universidades privadas del país. Esto para no comprometer el funcionamiento del Estado a futuro y potencializar la oportunidad que presenta la actual crisis para construir una Guatemala más justa en el ámbito social, económico y político.

4. Solicita al Congreso de la República de Guatemala, ajustar el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado a las prioridades y apodes constitucionales que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, para el desarrollo del país, y que encauce la labor legislativa para conocer solo aquellas iniciativas de ley y ampliaciones presupuestarias que sean en beneficio de la sociedad guatemalteca para el combate a la pandemia del coronavirus (COVID19), la prestación de servicios básicos, la reducción de la pobreza y la vigencia de los derechos humanos.

“ID Y ENSEÑAD A TODOS”