EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Y EL RECTOR  M.SC. ING. MURPHY OLYMPO PAIZ RECINOS

 ANTE LA EMERGENCIA AMBIENTAL POR LA MULTIPLICACIÓN DE LOS INCENDIOS FORESTALES QUE DESTRUYEN LA FLORA, FAUNA Y ECOSISTEMAS DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:

En pleno combate a la pandemia del COVID-19 en el país, según información oficial proporcionada por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), desde el inicio de la temporada de incendios forestales en diciembre de 2019, se han reportado mil setenta y ocho incendios en la República de Guatemala a la fecha, de los cuales 745 han sido en áreas forestales y 333 en zonas no forestales. Se ha determinado que la mayoría de ellos, año tras año, son provocados para favorecer actividades relacionadas con el narcotráfico, ampliación de la frontera ganadera o siembra de monocultivos.

La región de Mesoamérica, en la cual se encuentra el territorio nacional, ocupa el segundo lugar de las regiones con mayor diversidad de especies y endemismo, alberga alrededor del 7 al 10 por ciento de las formas de vida conocidas en el planeta. Además, Guatemala forma parte de los 20 países del mundo que integran el Grupo de Países Megadiversos Afines a la Convención de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, por su riqueza ambiental y cultural.

La Universidad de San Carlos de Guatemala destina una parte de su presupuesto constitucional al estudio, resguardo y mantenimiento de áreas protegidas bajo su administración, a través del Centro de Estudios Conservacionistas (CECON), las cuales también se ven amenazadas por los incendios iniciados. Las áreas protegidas universitarias constituyen lo que se conoce como el Sistema Universitario de Áreas Protegidas (SUAP) y contienen ecosistemas de bosque nuboso, selva tropical, humedales de agua dulce y ecosistemas marino-costeros. De esta forma, la universidad contribuye a la protección de un medio ambiente sano y al equilibrio ecológico para la sociedad guatemalteca.

La Constitución Política de la República de Guatemala reconoce, en el artículo 64, de interés nacional la conservación, la protección y la mejora del patrimonio natural (un bien común de los guatemaltecos); en su artículo 97, el derecho humano a un medio ambiente sano y equilibrio ecológico;  y, en su artículo 126, declara de urgencia nacional y de interés social la reforestación del país y la conservación de los bosques. En la legislación nacional, por medio del Decreto Legislativo 4-89, Ley de Áreas Protegidas, se considera explícitamente el deterioro y las presiones a las que la diversidad biológica se ve sometida. Así mismo, recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-23/17, de fecha 15 de noviembre de 2017, estableció los estándares internacionales de protección del medio ambiente según los compromisos adquiridos por los Estados con la Convención Americana de Derechos Humanos.  

Por lo anterior, conscientes de que la emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19 ha demostrado la relación intrínseca de la naturaleza con el ser humano y su vulnerabilidad ante ella,

 SOLICITA:

1. Al Presidente Constitucional de la República, Dr. Alejandro Giammattei, continuar con los esfuerzos de combate contra la pandemia del COVID-19 y los incendios forestales, debido a que la pérdida de los bosques del país tendrá consecuencias presentes y futuras, como el aumento de temperatura, sequías, destrucción de flora y fauna y disminución de los demás beneficios de la naturaleza para la humanidad. Se recomienda incluir disposiciones específicas de protección al medio ambiente y recursos forestales dentro del Estado de Calamidad Pública, así como la movilización temporal de fuerzas de seguridad ciudadana a los límites de las reservas naturales para su protección y asignación de recursos para los bomberos forestales que combaten los incendios.

1. A las alcaldías municipales y gobernaciones departamentales, coordinar esfuerzos y facilitar medios para generar estrategias efectivas de combate y prevención comunitaria de los incendios forestales, con el propósito que se evite normalizar este desastre ecológico año tras año.

1. Al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Instituto Nacional de Bosques (INAB), Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y a la Secretaría General de Planificación (SEGEPLAN), el diseño urgente de políticas públicas multiculturales enfocadas en la conservación de los bosques, que incluyan modelos exitosos, como las concesiones forestales comunitarias, soluciones a la problemática agraria del país y concientización sobre las consecuencias del cambio climático en el mundo. La Universidad de San Carlos de Guatemala pone a disposición sus unidades académicas y de investigación para coordinar esfuerzos científicos y políticos para el combate de este flagelo y protección al medio ambiente.

1. Al Ministerio de Finanzas Públicas y dependencias del Gobierno Central, asignar un fondo de emergencia, para atender el combate y manejo de los incendios forestales con suficiente personal capacitado, insumos, combustible, vehículos, equipo y aeronaves bombero propias del Estado de Guatemala. Se debe asignar de igual manera recursos para apoyar actividades de prevención, de concienciación a la población y de capacitación a personal. Se sugiere apoyar directamente a las comunidades poseedoras de bosques comunales, administradores y co-administradores de áreas protegidas, al CONAP, INAB y municipalidades en los sitios donde los incendios afecten con mayor dureza.

1. Al Congreso de la República, Comisión de Derechos Humanos y dignatarios de la nación, la fiscalización del actuar de las entidades públicas en la protección del medio ambiente y conservación de bosques. Además, la promulgación necesaria e inmediata de legislación que proteja los derechos de la naturaleza, para que la sociedad, entidades públicas y privadas adquieran un mayor compromiso con su conservación y protección.

1. Al procurador de los Derechos Humanos, en el uso de su legitimación activa para la protección de derechos humanos de la población guatemalteca en su integralidad, accione ante los distintos órganos de justicia ordinaria y constitucional, como ya ha sucedido en otros países en casos similares para la protección de los recursos naturales. Lo anterior, con el objeto de que los órganos de justicia, a través de una sentencia estructural, establezcan estándares, mecanismos y plazos vinculantes para la protección de los derechos humanos, garantizados en la Constitución Política de la República de Guatemala y tratados internacionales de la materia, relacionados con el medio ambiente sano y conservación de bosques.

Para el combate de la pandemia, la crisis económica-social y proteger al medio ambiente, es necesario unir esfuerzos entre todos los sectores y coordinar estrategias con actores civiles, autoridades locales y de país para superar la actual coyuntura histórica y construir una Guatemala más justa, humana y con sostenibilidad ambiental.

“Id y enseñad a todos”