EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Y EL RECTOR M. SC. ING. MURPHY OLYMPO PAIZ RECINOS,

EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS (COVID-19) Y LOS ESCENARIOS ECONÓMICOS QUE SE PLANTEAN, A LA OPINIÓN PÚBLICA, MANIFIESTAN:

En el campo económico, la pandemia del coronavirus tendrá agudas repercusiones para Guatemala, entre otras causas, por la reducción de la demanda internacional y caída de los precios de sus principales productos de agroexportación y de los no tradicionales, así como por la disminución del ingreso de remesas familiares provenientes, en su mayoría, de los Estados Unidos. Se espera una reducción del comercio exterior con sus principales socios regionales, además de la caída del turismo.

La pandemia, en el contexto de la debilidad del sistema de salud pública, caracterizada, entre otros aspectos, por una red hospitalaria abandonada, corrupción (presencia de sobreprecios de medicamentos y equipo médico quirúrgico, robo hormiga y otros vicios), debe llamar a la reflexión y a tomar acciones inmediatas a efecto de ofrecer una mejor atención a la población, en el marco de la coordinación entre la política económica con una política social integral de nuevo cuño, que garantice la salud y el bienestar, como se apunta en el objetivo número tres de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de cara al año 2030.

En tal contexto nacional, la probabilidad de una expansión del contagio de COVID-19 es alta, tomando en cuenta, además, que existen factores agravantes, derivados de las vulnerabilidades poblacionales, como, por ejemplo, los altos niveles de pobreza y pobreza extrema (59.3 % y 23 %, respectivamente), la preocupante tasa de desnutrición crónica infantil (46.5 %), el bajo acceso al agua potable para mantener condiciones higiénicas y la informalidad económica (70 % de la Población Económicamente Activa (PEA) trabaja en esa condición).

Las principales medidas adoptadas por los organismos de Estado, a ser ejecutadas por el aparato de Gobierno, se pueden agrupar en los ámbitos sanitario y económico, siendo que la primera etapa busca la contención de la pandemia, mientras en el campo económico destaca la política fiscal con base en ampliaciones presupuestarias y endeudamiento, que se traducen en recursos orientados a la población más vulnerable, capital de trabajo para las empresas, e incluso una especie de seguro de cesación de empleo para las empresas formales. Destacan aquí las responsabilidades de las instituciones siguientes: Ministerio de Economía; Ministerio de Trabajo y Previsión Social; Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación; Ministerio de Desarrollo Social; el Crédito Hipotecario Nacional; otras instituciones públicas colaterales; y, por supuesto, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Los escenarios de efectos económicos de la pandemia dependen de la eficacia de la implementación de la política económica y política pública en general, en el corto y el mediano plazo. El objetivo central para diciembre de 2020 es cerrar el año con una tasa de crecimiento económico que contrarreste las predicciones nacionales e internacionales, ubicadas en rangos del -2 al -1.5 %. Ello depende especialmente de la eficacia de implementación de la política fiscal. Se busca así que el nuevo endeudamiento contratado tenga los efectos multiplicadores deseados.

La política fiscal, especialmente la tributaria, será en el mediano plazo uno de los temas cruciales por discutir, es vital la búsqueda de una coordinación monetaria-fiscal en el momento actual, para contener presiones inflacionarias y buscar principalmente la efectividad del gasto, siendo que los escenarios internacionales en general, para el 2021, son más optimistas, pasada la pandemia actual.

La puesta en práctica de un modelo de desarrollo integral y sostenible, que supere la dependencia y el rentismo de las remesas, con el objetivo de reactivar el mercado interior o doméstico, orientado a proteger de mejor forma a los trabajadores por cuenta propia a través de soluciones productivas y de protección social, así como a los sectores populares y a la clase media, buscando mecanismos de impulso a la producción nacional en todos los ámbitos y una inversión extranjera directa, vinculada con los procesos de industrialización y logística de los servicios, estando Guatemala en una posición geoestratégica de primer orden. Se propone, asimismo, tomar en consideración, para este modelo de desarrollo, todas las capacidades y potencialidades ya demostradas que tiene la sociedad guatemalteca; principalmente, los micro y pequeños emprendedores, para sortear las sucesivas crisis.

Resulta vital el fortalecimiento del desarrollo rural, así como el fomento de la agroindustria, siendo que los ministerios que forman parte de los gabinetes económico y social deben buscar la complementariedad de medidas, todas ellas orientadas al objetivo fundamental de aumentar el empleo en condiciones de trabajo decente. Para esto se deben tomar medidas de reactivación de la micro, pequeña y mediana empresa, y otros proyectos aprobados en la emergencia, con la generación de empleos directos en zonas deprimidas del país.

El tema de la política industrial, dejado de lado en la historia inmediata, debe ser retomado, en virtud de su vinculación con la ciencia y la tecnología, y en general, con la economía del conocimiento y la innovación; todo ello es fundamental en su conexión con el sector agropecuario y de servicios, fundamentado, primeramente, en los mercados internos, y a través de la competencia interna, buscar de nuevo la competitividad internacional, conforme se abra la prospectiva de acceso a mercados, seguramente, bajo nuevas pautas y modelos que serán parte de ricas discusiones prácticas y académicas, en donde la USAC estará presente.

Se trata entonces de un conjunto ordenado de políticas frente a la emergencia, y luego de reactivación, en convivencia con la búsqueda de un desarrollo sostenible, mayor transparencia y rendición de cuentas, dado los amplios recursos fiscales bajo la responsabilidad de importantes instituciones de gobierno.

Se propone una discusión amplia de un nuevo modelo de desarrollo, en donde todos los sectores de la sociedad civil tengan cabida, evitando los sesgos; principalmente, los provenientes de una variada gama de políticas de corte neoliberal que tienen gran responsabilidad en la crisis y debilidad de las instituciones estatales desde la apertura democrática a mediados de los años ochenta.